TULA, México, 16 de mayo de 2026 (AP).— Cuando las bombas comenzaron a caer del cielo y las balas rebotaban en sus pisos de concreto, María Anastasia Cabrera, de 74 años, y su familia huyeron hacia las montañas del centro de México, cubiertas por la noche, con nada más que la ropa que llevaban puesta.
Una semana después, María Cabrera revisaba los restos carbonizados de su vida y rescataba ollas, telas tejidas y una pequeña cruz de madera. Sabía que era la última vez que regresaría al hogar donde vivió durante 60 años.
“Oh, Dios mío, ¿por qué nos has abandonado?”, dijo, entre sollozos desgarradores, mientras deambulaba junto a las cenizas quemadas de lo que alguna vez fue su colchón en un pequeño cuarto con el techo derrumbado y un refrigerador derretido justo al cruzar la puerta.
“¿Cómo vamos a reconstruir? No tenemos dinero, no tenemos nada”, expresó.
Desplazados por la violencia en México
María Cabrera es parte de un creciente número de personas desplazadas en distintas regiones de México desgarradas por la violencia, obligadas a abandonar sus hogares.
Expertos han descrito el fenómeno como una crisis invisible con consecuencias humanitarias de largo plazo: hay pocas cifras oficiales sobre la cantidad de desplazados, quienes casi no tienen recursos cuando la violencia los obliga a irse.
“Aquí ya no podemos vivir”
María Cabrera huyó de su pequeño pueblo ayer viernes 15 de mayo de 2026, tras años de creciente violencia de los cárteles en Tula, localidad del municipio de Chilapa de Álvarez.
Este poblado, de unos 200 indígenas náhuatl, es uno de los muchos en el central estado de Guerrero que fueron devastados por décadas de fragmentación de grupos criminales rivales que se pelean el control territorial.
Desde el 6 de mayo, el grupo delictivo Los Ardillos atacó su pueblo y otros más con explosivos lanzados desde drones, abrió fuego contra las fuerzas de la Policía Comunitaria local, mató ganado y quemó viviendas, como la de María Cabrera, hasta dejarlas reducidas a cenizas irreconocibles.
Ellos son los líderes de "Los Ardillos" que controla regiones de #Guerrero y lleva 6 días atacando a pobladores de Tula, Xicotlán, Ahuehuetlán, y Alcozacan donde ni fuerzas federales entran.
— Doris Gomora (@DorisGomora) May 12, 2026
Celso y Jorge Iván Ortega Jiménez tienen órdenes de aprehensión desde 2008#Narco pic.twitter.com/ypGe6zpLgM
María Cabrera entregó con cuidado varias bolsas con pertenencias a los soldados que escoltaban a un pequeño grupo de familias que regresaba a casa para recolectar sus cosas.
Ella rezaba mientras varios hombres armados y con ropa de camuflaje cargaban sus posesiones en la parte posterior de un camión.
Mientras ella recorría su jardín por última vez, pidió perdón a los perros y las gallinas que se vio obligada a dejar atrás.
“No queremos abandonarles”, dijo. “Pero hemos aguantado tanto. Aquí ya no podemos vivir”.
Dispersos por todo México
El Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), grupo local de derechos humanos, calcula que al menos 800 personas, incluidos niños y adultos mayores, fueron desplazadas por la fuerza junto con María Cabrera.
Además, el CIPOG-EZ informa que asesinaron a tres agentes de la Policía Comunitaria —grupos que a menudo se forman para autoprotegerse ante la ausencia del Estado— que combatían a la mafia.
Las cifras oficiales son mucho más bajas: el gobierno de México informó el martes 12 de mayo que solo 120 personas se vieron obligadas a huir y no confirmó ninguna muerte.
Un líder comunitario que dormía en la cancha de baloncesto ayer viernes 15 le dijo a un funcionario del gobierno local que, solo en su pueblo, calculaban que unas 280 personas fueron forzadas a marcharse.
Algunas familias escaparon hacia las montañas sin mirar atrás.
Cientos más buscaron refugio en una cancha de basquetbol local, con la esperanza de que, más tarde, fuera seguro regresar a casa.
Otros —algunos de ellos, heridos por disparos— abordaron autos, autobuses y camiones, dispersándose hacia distintas regiones de México.
Desplazados en México suplican por ayuda
En videos publicados esta semana en redes sociales aparecen grupos de mujeres y niños llorando y suplicando ayuda.
Las imágenes llevaron al gobierno a desplegar 1,200 militares y policías en la región.
Funcionarios aseguran que dieron ayuda a los desplazados, que en gran medida contuvieron la violencia, que establecieron un “corredor seguro” para que ingrese ayuda humanitaria y que allanaron el camino para desactivar el complejo conflicto de la región.
“Lo que no queremos es que haya un enfrentamiento que vaya a afectar a la población civil. Primero que nada, hay que preservar la vida de las personas”, afirmó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en una conferencia de prensa la semana pasada.
Una crisis invisible de desplazados
Pero varios críticos sostienen que ese fue el ejemplo más reciente de inacción gubernamental y de esfuerzos por minimizar la profundidad de la crisis de desplazamiento en México.
A diferencia de Colombia, México no cuenta con un registro integral de personas desplazadas.
Con frecuencia, organismos como la agencia de la ONU para los refugiados, grupos de derechos humanos e investigadores que documentan la crisis señalan que las cifras del gobierno mexicano son menores que las reales.
En una Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), realizada por el gobierno en 2025, se calculó que casi 250,000 familias se vieron obligadas a huir de sus casas solo en 2024 para protegerse del crimen.
Entre 2024 y 2025, la Universidad Iberoamericana documentó al menos 44,695 personas abandonaron sus hogares hacia otras partes de México. Muchas más migran a Estados Unidos.
En un informe presentado en mayo, la universidad indicó que los desplazamientos forzados van en aumento en México, en un momento en el que el gobierno de Claudia Sheinbaum busca destacar avances en seguridad, como fuertes caídas en los índices de homicidios, en un intento por contrarrestar las amenazas del gobierno de Donald Trump de emprender acciones militares contra los cárteles mexicanos.
Comunidades sin habitantes
“Ya no hay vida en las comunidades”, afirmó Prisco Rodríguez, representante local de CIPOG-EZ.
“No hay nadie, pero según el gobierno pues ya los había regresado a sus casas. Y por el miedo no nos dicen: ‘Yo me voy a ir a tal lugar o yo me voy a ir acá’… La gran mayoría no aparecen”, indicó.
María Cabrera y su esposo, Alejandro Venancio Bruno, de 75 años, se afanaban por decidir adónde irían.
Ella contó que sus hijos le suplican que vayan a vivir con ellos a Ciudad de México, a unos 350 kilómetros (220 millas) de su hogar, o al estado de Querétaro, y que reconstruyan su vida en otro lugar.
Pero Venancio dice que pasó su vida trabajando su tierra y que, sin dinero, sin casa ni sus pertenencias más valiosas —sus cabras—, cualquier otra vida fuera de Tula le parece inconcebible.
“Es como empezar de cero”, expresó.