CIUDAD DE MÉXICO (AP).— El Senado aprobó anteanoche, de manera expedita una reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum que modifica aspectos de la reforma judicial de 2024 promovida por Andrés Manuel López Obrador.
La iniciativa fue avalada por Morena y sus aliados pocas horas después de que la Cámara de Diputados hiciera lo propio, consolidando así nuevos ajustes al proceso de elección popular de jueces, magistrados y ministros.
Uno de los cambios centrales consiste en aplazar de 2027 a 2028 la segunda fase de las elecciones judiciales. Esta decisión surge tras las dificultades observadas en los comicios de 2025, cuando por primera vez se eligieron a unos 2,600 integrantes del Poder Judicial.
La jornada estuvo marcada por una baja participación ciudadana, de apenas 13%, así como por el desconocimiento generalizado de los candidatos.
Ese proceso también generó cuestionamientos debido a que numerosos jueces, magistrados y ministros electos fueron identificados como cercanos a Morena, lo que alimentó preocupaciones sobre la independencia del Poder Judicial.
Para especialistas y opositores, la nueva reforma busca corregir algunas de las deficiencias evidenciadas durante la implementación inicial del modelo.
Entre las modificaciones aprobadas destaca la creación de una comisión coordinadora integrada por representantes de los tres poderes, encargada de verificar que los aspirantes cumplan con los requisitos legales.
Otro punto polémico fue la incorporación de una propuesta que permitirá a magistrados del Tribunal Electoral competir como candidatos en el proceso de 2028.
La medida recibió críticas de legisladores oficialistas y de la oposición, quienes advirtieron que podría extender la permanencia de algunos juzgadores en sus cargos hasta por 17 años.
Paralelamente, el Senado aprobó una reforma que faculta al Tribunal Electoral para anular elecciones cuando existan indicios de injerencia extranjera destinada a influir en los resultados o preferencias electorales.
Aunque el oficialismo argumenta que la medida busca proteger la soberanía electoral, críticos consideran que el concepto es ambiguo y susceptible de interpretaciones subjetivas.
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