La Arquidiócesis de Tuxtla denunció una presunta irrupción violenta de elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial en la Casa del Migrante “Jesús Esperanza en el Camino”, ocurrida la noche del jueves 6 de agosto pasado.
De acuerdo con el pronunciamiento de la Iglesia, los agentes habrían ingresado al inmueble sin mostrar una orden de cateo y derribaron la puerta, pese a que el encargado del albergue habría intentado atenderlos y permitirles el acceso.
La Arquidiócesis afirmó que durante el operativo fue detenido y retirado del lugar un ciudadano guatemalteco, quien, según testimonios de personas presentes, habría recibido malos tratos. También señaló que la intervención puso en riesgo a las personas migrantes alojadas en el sitio, entre ellas una menor de edad, así como a voluntarios del albergue.
“La actuación arbitraria de este grupo policial no solo vulneró un espacio físico de la Iglesia, sino que puso en riesgo la integridad física y emocional de las personas migrantes albergadas, incluso una menor de edad, y del equipo de personas voluntarias”, se lee en un comunicado.
Ante la gravedad de estas acciones, “que constituye una flagrante y grave violación a los derechos humanos por parte de fuerzas ministeriales”, la Arquidiócesis señala directamente la responsabilidad de:
- Los elementos operativos de la Policía ministerial: Por hacer uso desmedido de la fuerza, ingresar sin presentar una orden judicial al encargado de este espacio de asistencia humanitaria y violentar los protocolos internacionales de protección a migrantes y albergues religiosos.
- La Agencia de investigación e inteligencia ministerial, por permitir, autorizar u omitir el control de mandos sobre operativos de su cuerpo táctico, incurriendo en abusos de autoridad e intimidación a la labor social, civil y humanitaria que realiza la Iglesia.
- El Gobierno del Estado de Chiapas: Por ser la autoridad jerárquica superior de este cuerpo de investigación estatal, corresponsable de garantizar que las fuerzas de seguridad pública no actúen al margen de la ley ni criminalicen la asistencia social y la defensa de los derechos humanos.
Exigencias plegadas a la Justicia
En el escrito también se hace un firme llamado a las autoridades competentes a:
- 1. Investigación penal e interna inmediata: A la Fiscalía General del Estado (FGE) la apertura inmediata de una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades penales y administrativas contra los elementos operativos y de mando, involucrados y quienes dieron la orden de irrumpir en el albergue de la manera en que se hizo.
- 2. Medidas cautelares de protección: A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), emitir de manera urgente medidas cautelares para salvaguardar la vida, integridad y libertad de los migrantes albergados, así como del personal de la Casa del Migrante “Jesús Esperanza en el camino”.
- 3. A la Comisión Estatal de Derechos Humanos: Hacer una pública una condena puntual de los hechos que violentaron la integridad de un espacio de salvaguarda de los derechos humanos de las personas migrantes, y de los defensores de derechos humanos de la Arquidiócesis de Tuxtla; además de la conducente documentación del caso.
- 4. A la Fiscalía del estado: Exigimos la reparación inmediata y total de los daños causados al inmueble de la Casa del Migrante “Jesús esperanza en el camino”; y la atención psico-emocional a los voluntarios y migrantes que fueron objeto de intimidación y malos tratos por parte de los agentes.
- 5. Cese al hostigamiento a la labor humanitaria: Al Ejecutivo Estatal, ordenar la neutralidad de los espacios de fe y asistencia social, garantizando públicamente, por el medio que sea necesario, la no repetición de actos de amedrentamiento contra las instituciones de ayuda humanitaria y de la Iglesia.
- 6. Cumplimiento de los Tratados Internacionales: Recordar al Estado Mexicano que el trabajo humanitario en favor de las personas migrantes está protegido por el marco legal nacional e internacional, y no debe ser objeto de persecución o revisión arbitraria. La caridad, la fe y la defensa de la dignidad humana no son un delito.
“Exigimos justicia, respeto y garantías plenas para continuar con nuestra labor de refugio y el respeto irrestricto a los derechos fundamentales de las personas migrantes”.
Ante estos hechos, las organizaciones religiosas exigieron una investigación para determinar responsabilidades, medidas de protección para las personas afectadas y garantías para que no se repitan actos de hostigamiento contra espacios dedicados a la atención humanitaria.