CIUDAD DE MÉXICO.— A través de un comunicado, el día de ayer, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) dio a conocer un mensaje sobre la consulta pública de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias.

La CEM dirigió su mensaje “al Pueblo de Dios que peregrina en México, a las audiencias y a los comunicadores, a nuestros hermanos y hermanas de las diversas confesiones religiosas de nuestra patria, y a todas las personas de buena voluntad:”

Por qué hablamos

  1. Hermanas y hermanos: cuando el Señor dijo que la verdad nos haría libres, no estaba
    prometiendo una verdad impuesta. Su modo de proceder fue siempre el mismo: propuso, preguntó, narró parábolas, dejó marcharse al que no quiso seguirlo. Nunca obligó a nadie a creer, porque una verdad forzada deja de ser liberadora en el momento mismo en que se fuerza. De esa convicción, que es del Evangelio antes que del derecho, nace todo lo que decimos a continuación.
  2. La Iglesia no es ajena al mundo de la comunicación. Vive de comunicar. La misión
    de la Iglesia     consiste en gran medida en transmitir una Palabra recibida, y por eso ha
    aprendido, a lo largo de los siglos y también a costa de sus propios errores, que el anuncio sólo es fecundo cuando respeta la libertad de quien escucha. El papa León XIV lo expresó ante los comunicadores del mundo al señalar que el desafío es promover una comunicación capaz de sacarnos de la «torre de Babel» de los lenguajes sin amor, con frecuencia ideológicos y facciosos, porque comunicar «no es sólo transmisión de informaciones, sino creación de una cultura, de ambientes humanos y digitales que sean espacios de diálogo y de contraste». Tal modelo de comunicación no se impone por la fuerza ni por el miedo, sino que nace de la libertad y de la conciencia de quien comunica.
  3. Por ello, la Iglesia valora y promueve una comunicación veraz, responsable y al servicio de la dignidad de la persona humana. Desde luego, lo que pedimos para la palabra de los demás nos obliga primero a nosotros. Con esa conciencia, hablamos porque somos parte de este pueblo, como pastores de una comunidad que tiene derecho a que se le diga la verdad.

El asunto que nos ocupa

  1. En este orden, hacemos mención a la consulta pública abierta por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, del 27 de julio al 21 de agosto de 2026, sobre el proyecto de “Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias”. Se trata de una regulación que tocará la vida cotidiana de millones de mexicanos: lo que escuchamos en la radio, lo que vemos en la televisión y los espacios donde la información, la cultura, la fe, la opinión y la crítica constructiva encuentran voz. Reconocemos con sinceridad el propósito que la inspira y valoramos elementos concretos del proyecto: la prohibición expresa de la censura previa, la no discriminación por motivos religiosos, el derecho de las audiencias a contenidos que reflejen el pluralismo de la Nación y la protección especial a los grupos vulnerables frente a la manipulación, la publicidad engañosa y los contenidos que degradan la dignidad de la persona. Que estos derechos cuenten con mecanismos claros para hacerse valer es un bien para todos.
  2. Precisamente porque el bien buscado es real, importa cómo se alcanza. En este sentido, hay un principio que, a nuestro juicio, debe salvaguardarse con especial énfasis: la libertad de expresión es pilar fundamental del orden democrático. Ninguna autoridad administrativa puede erigirse en calificadora de la verdad, particularmente tratándose de ideas, opiniones, convicciones, creencias, sean o no religiosas. La veracidad que legítimamente se exige a la información periodística es un deber de diligencia: contrastar, verificar, distinguir el hecho de la opinión, rectificar el error. Es cosa distinta de la verdad de las convicciones, que no admite verificación administrativa ni sanción, y cuya calificación por el Estado sería, en sí misma, incompatible con la libertad de conciencia y la libertad de expresión. La verdad no se decreta, sino que se busca y se reconoce en el debate libre y plural.
  3. Asimismo, la calificación administrativa por parte de una autoridad –aparejado de
    eventuales sanciones– respecto de la difusión de información que se considere como “falsa” o “descontextualizada” (sin tipificar los límites de dichos conceptos), particularmente en el ejercicio periodístico de los medios de comunicación social, tiene como riesgo condicionar la libertad de expresión a criterios oficiales de veracidad, lo cual es incompatible con el sistema democrático tutelado por nuestra Constitución, por los tratados internacionales suscritos por México, así como por diversos precedentes judiciales nacionales y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
  4. En otro orden, la libertad religiosa que incluye la libertad de profesar y divulgar la
    religión     o las creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, debe garantizarse como riqueza de pluralismo en la comunicación social. En el contexto de la legislación mexicana –en el que las asociaciones religiosas no pueden poseer ni administrar concesiones de radio y televisión– es necesario que el pluralismo que los Lineamientos invocan, incluya también el pluralismo de las convicciones y creencias religiosas y que la salvaguarda se enuncie como principio general, en beneficio de todas las confesiones y de quienes no profesan ninguna, de tal suerte que no queden sujetos a juicios administrativos de veracidad ni a etiquetas obligatorias.
  5. Otro componente que merece atención especial es la protección de la independencia
    editorial    . El proyecto faculta a la autoridad para revisar y validar los Códigos de Ética de los medios –que expresan su identidad, misión y valores– y para revisar en última instancia las decisiones de los defensores de audiencia, pudiendo ordenar rectificar o modificar contenidos. La autorregulación ética es un bien que florece en libertad; sujeta de modo permanente a la validación oficial, deja de ser autorregulación.

A lo que los exhortamos

  1. Habida cuenta de las implicaciones antes enunciadas, es esencial que los fieles laicos, los comunicadores católicos, las universidades e instituciones educativas los colegios de profesionistas, las organizaciones de la sociedad civil y toda la ciudadanía participe en la consulta antes del 21 de agosto de 2026, en https://portal.crt.gob.mx/consultapublica La participación ciudadana no es un trámite del proceso regulatorio, sino un ejercicio de corresponsabilidad con el bien común; una
    democracia se fortalece cuando los ciudadanos participan, no cuando callan. Confiamos, a su vez, en que las autoridades integrarán con transparencia las aportaciones recibidas.
  2. A los comunicadores de México, queremos decirles que su oficio es más que un
    trabajo. Quien informa con honradez sostiene la vida común de un país; quien lo hace con miedo, o al servicio de intereses ajenos a la verdad, la debilita. El papa León XIV expresó la solidaridad de la Iglesia con los periodistas encarcelados por haber intentado contar la verdad y pidió que custodiemos «el bien precioso de la libertad de expresión y de prensa», porque sólo los pueblos informados pueden decidir en libertad. Sabemos lo que cuesta en México ejercer ese oficio y no lo olvidamos: pedimos por ustedes y agradecemos su servicio.
  3. A la autoridad y los concesionarios, la Conferencia del Episcopado Mexicano expresa
    su disposición al diálogo franco y constructivo, y pone a disposición su red educativa y
    pastoral para colaborar en programas de educación y alfabetización mediática, en la
    formación de audiencias críticas y en la difusión de los mecanismos de defensa de sus derechos. El derecho a la información veraz se garantiza tanto regulando la oferta como formando el discernimiento de quien la recibe.
  4. Y a ustedes, hermanas y hermanos que escuchan y que ven, les recordamos que el
    derecho a una información veraz trae consigo una responsabilidad. Ninguna norma nos librará del deber de discernir lo que recibimos, de verificar antes de compartirlo y de no propagar aquello que hiere la fama del prójimo o siembra confusión. La calumnia difundida por una red social hace tanto daño como la difundida en el aire. La primera defensa de la verdad no es un reglamento, es una conciencia formada.

La verdad nos hará libres

  1. La verdad no se impone: se busca, se propone y se reconoce libremente. Cuando
    el Estado renuncia a decidir qué es verdadero y se limita a garantizar las condiciones para que todos puedan buscarla y decirla, protege a la vez la libertad de expresión, la libertad religiosa y el derecho de las audiencias. A eso invitamos, y a eso nos comprometemos también nosotros.
    En el acontecimiento guadalupano la Palabra se hizo entendible. Santa María de Guadalupe habló a Juan Diego en su propia lengua, con sus imágenes y su música, y no lo corrigió, sino que lo escuchó y lo envió a hablar ante quien tenía autoridad. Ahí está el modelo de toda comunicación verdadera: la que respeta al destinatario hasta el punto de hablarle en su lengua y la que confía en él hasta el punto de encomendarle un mensaje. A ella, Madre de la Esperanza y Estrella de la Evangelización, encomendamos este proceso de consulta y a quienes en él participen, para que en México la palabra —humana y divina— pueda siempre pronunciarse y escucharse en libertad.
    Con nuestro afecto y nuestra bendición.

El documento fue expedido en la Ciudad de México, el jueves 13 de agosto de 2026, y firmado por Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca y Presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano; y por Héctor M. Pérez Villarreal, obispo auxiliar de México y Secretario General de la CEM.

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