CIUDAD DE MÉXICO.— México enfrenta el riesgo de perder el grado de inversión hacia mediados de 2028, situación que encarecería los créditos para empresas y familias, además de dificultar el acceso a vivienda y educación, advirtió ayer viernes Mariana Campos, directora general de México Evalúa.

Durante el Encuentro Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la economista identificó esta posibilidad como el principal riesgo macroeconómico del país durante los próximos dos años.

Campos señaló que las presiones fiscales y la situación financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex) representan factores que podrían afectar la evaluación crediticia de México.

Presiones en finanzas de México

Actualmente, México conserva el grado de inversión con las ocho agencias que califican su deuda soberana, aunque algunas evaluaciones muestran márgenes reducidos.

Las agencias calificadoras Moody’s y Fitch mantienen índices de Baa3 y BBB−, respectivamente, ambas con perspectiva estable y ubicadas en el último escalón del grado de inversión.

Por su parte, S&P Global asigna al país una calificación BBB, dos niveles por encima del límite de esa categoría, pero con perspectiva negativa.

Campos explicó que una eventual pérdida de esta condición elevaría los costos del financiamiento gubernamental, con efectos sobre empresas y ciudadanos.

“El capital para tu empresa va a ser más caro. Pedir un préstamo para escalar tu negocio va a ser más caro”, afirmó.

También advirtió que financiar estudios o adquirir vivienda resultaría más costoso, mientras las empresas grandes y los sectores de mayores ingresos contarían con alternativas para enfrentar esos efectos.

Ideas para fortalecer

La especialista cuestionó la dependencia de Pemex respecto de las transferencias gubernamentales y alertó sobre una caída superior al 5% en la recaudación del impuesto sobre la renta.

Asimismo, señaló el estancamiento de los ingresos tributarios hasta agosto y pidió revisar una política fiscal centrada en la recaudación inmediata.

Propuso reducir gradualmente los impuestos sobre nómina, fortalecer el predial y aplicar gravámenes ambientales a vehículos.

Finalmente, consideró necesario aprovechar 2027 para impulsar reformas que favorezcan la inversión, la productividad y el empleo formal, junto con mayor certidumbre sobre el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.