MADRID (EFE).— La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el “preocupante y franco retroceso” de la libertad de prensa en el continente, una realidad evidenciada por el aumento de los asesinatos de periodistas y la “intensificación de prácticas de persecución y criminalización judicial”.
Al concluir su 78 Asamblea en Madrid, el organismo centró una de sus resoluciones en la impunidad de estos crímenes y emplazó a los gobiernos de México, Haití, Colombia, Ecuador, Honduras, Brasil, Chile, Estados Unidos y Paraguay, a identificar y sancionar a todos los responsables.
También instó a garantizar la protección y fortalecer la seguridad de los medios en condiciones de riesgo, como los que asumen Ecuador y Paraguay, a los que se sumarán los de Brasil, Colombia, Honduras y México.
Junto a los asesinatos, “la persecución mediante intimidaciones y la criminalización judicial” llevó al exilio a 29 periodistas y a prisión, muchos en condiciones infrahumanas, a otros 15.
El caso de Nicaragua “sigue siendo el más alarmante”, con seis periodistas en prisión, dos trabajadores del diario La Prensa detenidos y 15 exiliados, con lo que ya son 150 en cuatro años.
Cuba es otro “protagonista crítico de exilios y detenciones”; la isla mantiene encarcelados a un periodista y dos influencers, cuatro ciudadanos están detenidos por criticar al gobierno en redes, tres comunicadores independientes se exiliaron y a otros 20 “se les ofertó salir con la amenaza de no regresar”.
La SIP dedicó a Cuba otra de sus resoluciones —además de a Nicaragua, Haití, Perú, Colombia, Brasil, Uruguay y Venezuela—, en la que condena “la represión sistemática a la prensa independiente” y el hostigamiento que “ahogan a diario la libertad de expresión”, exigiendo a sus mandatarios “respeto a la prensa”.
En El Salvador hay dos periodistas presos y 10 más se han ido; el estado de excepción decretado para combatir a las pandillas ha generado “autocensura de las fuentes informativas”.
A los editores les preocupa el “serio deterioro” de la seguridad de los informadores como consecuencia del avance del narcotráfico, especialmente en México, Colombia, Ecuador, Argentina y Paraguay, así como las campañas de desprestigio de los gobiernos. Se destacó el caso de las críticas sistemáticas del presidente Andrés Manuel López Obrador.