BOGOTÁ (AP).— Álvaro Uribe Vélez, uno de los políticos más influyentes de las últimas décadas en Colombia, fue acusado ayer formalmente de soborno a testigos y fraude procesal, lo que lo convierte en el primer expresidente en ir a juicio penal en el país.
Después de un largo proceso de investigación, en el que incluso estuvo un par de meses detenido en su residencia en 2020, Uribe Vélez deberá defenderse en juicio para demostrar la inocencia en la que ha insistido por años en un caso sobre sobornos a testigos para que cambiaran su versión o negaran supuestos vínculos con grupos paramilitares.
El exmandatario se expone a una pena de hasta 12 años de prisión.
“Nunca pedí sobornar un testigo, lo que hice fue pedir unas verificaciones de la información que me llegaba”, señaló Uribe durante la audiencia de ayer.
Efecto búmeran
El inicio del proceso tuvo lugar hace más de una década cuando Uribe, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010, denunció que el senador opositor Iván Cepeda estaba buscando a paramilitares para que declararan en su contra y lo relacionaran con la creación de un grupo paramilitar en la década de 1990 en una hacienda que perteneció a su familia.
Sin embargo, en un efecto búmeran, fue cerrada la causa contra Cepeda y Uribe terminó investigado por presuntamente presionar por medio de terceros para que algunos testigos se retractaran de sus acusaciones a cambio de supuestos beneficios.
Durante la audiencia de formalización de la acusación, la fiscalía señaló a Uribe Vélez por los presuntos delitos de soborno en la actuación penal sobre testigos y fraude procesal.
“La fiscalía estima que el imputado Álvaro Uribe Vélez, conociendo los acontecimientos trascendentes relatados acá y siendo consciente de cada uno de sus actos y consecuencias, encaminó su voluntad o querer al objetivo delictual trazado, esto es con dolo directo, en beneficio propio o de terceros”, señaló el fiscal Gilberto Iván Villareal.
Luego de que el fiscal leyera a la acusación, la juez Sandra Liliana Heredia señaló que a partir de ese momento Uribe adquiere la condición de acusado y se procede entonces a la etapa del descubrimiento probatorio.
Detenido dos meses
Cuando Uribe estuvo detenido en su residencia por dos meses, decidió renunciar a su curul y con eso el proceso pasó a manos de la fiscalía, que pidió en dos ocasiones el cierre del expediente alegando que el expresidente fue totalmente ajeno a las gestiones presuntamente ilícitas que hicieron terceros. Los jueces negaron el cierre.
Uno de los terceros que habría buscado que los testigos contra Uribe cambiaran su versión es el abogado Diego Cadena, quien afronta un proceso penal por presunta manipulación de testigos por los mismos hechos que el expresidente.
Según la fiscalía, Uribe habría dado instrucciones a Cadena para que directamente o a través de otras personas contactaran a exparamilitares a fin de que rindieran testimonio en el que “faltaran a la verdad” o callaran a cambio de dinero o promesas de beneficios.
Dichos ofrecimientos los habría hecho al ex paramilitar Carlos Enrique Vélez Ramírez para que mintiera a la Corte y desmintiera las afirmaciones que había hecho el exjefe paramilitar Pablo Hernán Sierra contra el expresidente y su hermano Santiago Uribe por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
Y que además dijera que Cepeda lo había buscado para ofrecerle prebendas.
Fiscalía Giro
La fiscalía, tras un cambio en su jefatura, decidió en abril llamar a juicio a Álvaro Uribe.
“Venganza política”
Lo anterio representó un cambio de rumbo que fue interpretado por el expresidente como una “venganza política”.
Amenazas
Durante la audiencia de ayer, Uribe advirtió que ha recibido constantes amenazas de “plataformas que la policía no ha podido identificar” y de correos electrónicos sin remitente.
Contrarreloj
El juicio contra Uribe va contrarreloj, debido a que se calcula que el proceso prescribiría en octubre de 2025, lo que no dejaría suficiente tiempo para cubrir todas las etapas judiciales y llegar a una sentencia.