LIMA (EFE).— El gobierno de Perú declaró ayer lunes oficialmente el estado de emergencia en Lima y la vecina provincia de Callao, una conurbación en la que vive un tercio de los peruanos, así como el despliegue de las Fuerzas Armadas para combatir la ola de crimen que vive la capital.
El decreto supremo, publicado en una edición extraordinaria de la gaceta oficial El Peruano y firmado por la presidenta Dina Boluarte, especifica que la Policía Nacional mantiene el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas, “para lo cual la institución policiaca determina las zonas donde se requiera dicho apoyo”.
El estado de emergencia estará vigente por 30 días y fue declarado tras la indignación ocasionada por la muerte del cantante Paul Flores, vocalista de la popular orquesta de cumbia Armonía 10, cuyo autobús fue tiroteado en la madrugada del domingo.
Durante este periodo queda restringido el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.
El decreto también recoge que el Ministerio del Interior será el responsable de articular y gestionar, a favor de la Policía Nacional, las medidas que sean requeridas por el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia Nacional de Migraciones, así como de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).
También del Gobierno Regional del Callao y la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Adrianzén también indicó ayer domingo que se ha acordado convocar para este martes a una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), que reúne a las principales autoridades de los poderes del Estado, y decretar una reforma del sistema penitenciario del país.
En respuesta al crimen del cantante Paul Flores, distintos grupos parlamentarios, que abarcan todo el arco parlamentario, se han mostrado dispuestos a apoyar una moción de censura contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez.
Al respecto, el gobierno ha mostrado una posición de defensa del actual titular de Interior.