WASHINGTON, 24 de mayo de 2025 (EFE).— Un juez federal ordenó al gobierno de Donald Trump que facilite el retorno de un guatemalteco al que recientemente expulsó a México a pesar de que una Corte en febrero le otorgó protección humanitaria, al considerar que su vida corría peligro fuera de Estados Unidos.
El guatemalteco, por ahora identificado en la causa penal por sus iniciales O.C.G., es uno de cuatro litigantes en una demanda colectiva que cuestiona su expulsión de EE.UU. sin permitirles impugnarla sobre la base de que podrían sufrir persecución y tortura o morir si regresaban a su país de origen o si los expulsaban a otra nación.
Juez ordena a Trump retornar a guatemalteco deportado
El magistrado Brian Murphy, del Distrito de Massachusetts, emitió esta orden a última hora de ayer viernes, tras considerar que el gobierno de Trump cometió un error al expulsar a O.C.G. pese a que el hombre aseguró que, por su identidad homosexual, su vida corre peligro en Guatemala o en México, donde —dice— lo violaron.
En su veredicto, el juez insta al gobierno de Trump a “tomar todas las medidas de manera inmediata, incluida la coordinación con los abogados de los demandantes, para facilitar el regreso de O.C.G. a Estados Unidos”.
En febrero de 2025, una corte de inmigración concedió a O.C.G. el llamado bloqueo de expulsión al dar por probado que su deportación a Guatemala lo pondría en peligro, según se afirma en la querella.
El juez Murphy es el mismo que en abril pasado emitió una orden para bloquear la expulsión de ocho migrantes, incluyendo dos cubanos y un mexicano, a Sudán del Sur, edicto que supuestamente violó el gobierno Trump, que permitió el despegue de un avión con estas ocho personas.
El gobierno de Trump asegura que las ocho personas siguen bajo custodia federal en Yibuti, país del este africano aledaño al Mar Rojo.
Órdenes de retornar a deportados
No es la primera vez que un juez federal ordena a la administración de Trump traer de vuelta a un migrante deportado, ya que una corte conminó recientemente facilitar el retorno del salvadoreño Kilmar Ábrego García, deportado en marzo a su país pese a que también tenía una orden que bloqueaba su expulsión al considerar que su vida corre peligro si es retornado.
El gobierno de Trump admitió que la expulsión de Ábrego García fue un “error administrativo”, pero alegó que no puede ayudar en su retorno porque está bajo custodia de otro gobierno.
Otro tribunal dictaminó también que la expulsión, también a El Salvador, del venezolano Daniel Lozano Camargo vulneró otra decisión judicial para proteger a determinados migrantes que llegaron a EE.UU. cuando eran menores de edad.
Para expulsar a Ábrego y al venezolano, el gobierno de Trump usó la Ley de Enemigos Extranjeros, no utilizada desde la Segunda Guerra Mundial.
La administración Trump quiere emplear esa ley para realizar deportaciones sumarias con el alegato de que bandas de crimen trasnacional como el Tren de Aragua, de la que dicen que Lozano Camargo es parte, invaden EE.UU.