WASHINGTON.- El presidente Donald Trump, que en días pasados advirtió sobre la implementación de medidas más drásticas contra la inmigración –incluso las vías legales-, autorizó la entrada en vigor de estos cambios.
La administración del republicano atribuyó el endurecimiento del acceso a vías legales de migración a Estados Unidos al tiroteo en Washington el pasado 26 de noviembre.
Gobierno de Trump suspende las solicitudes de asilo de 19 países
En las últimas horas, medios como DW reportaron que la administración de Trump suspendió provisionalmente los procedimientos de asilo, una vía legal de inmigración.
Esto, “hasta que podamos garantizar que todos los extranjeros sean investigados y controlados de la forma más exhaustiva posible”, informó el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).
Se impusieron nuevas restricciones a ciudadanos de 19 países, que incluyen las prohibiciones de entrada y la suspensión de todas las solicitudes de inmigración o naturalización.
Otras medidas recién aplicadas contra residentes de estos casi 20 países son la suspensión de permisos de residencia y trabajo, permanentes y las “Green Cards” (tarjetas verdes).
Además, se realizará “una revisión exhaustiva y estricta de todas las tarjetas verdes de los extranjeros de los países afectados”, dijo Joseph Edlow, director de USCIS.
Es decir, serán sometidos a revisiones los permisos de residencia ya concedidos.
Países afectados por nuevas restricciones migratorias de Trump
Las suspensiones migratorias aplican a países de tres continentes:
- Asia: Afganistán, Yemen, Irán, Turkmenistán, Myanmar y Laos
- África: Libia, Chad, Sudán, Eritrea, Somalia, Sierra Leona, Togo, Guinea Ecuatorial, la República del Congo y Burundi
- América Latina: Cuba, Haití y Venezuela
Desde junio pasado, el gobierno de Estados Unidos aplicó prohibiciones de entrada a los ciudadanos de dichos países, las cuales endurecieron este mes tras el tiroteo cerca de la Casa Blanca.
El gobierno de Trump calificó a dichas naciones como “países de alto riesgo”, cuyos ciudadanos no dan información “suficiente fiable” para llevar a cabo controles de seguridad y sus gobiernos no “cooperan” lo suficiente para la repatriación de los deportados.