REDACCIÓN AMÉRICA (EFE).— El ataque que Estados Unidos llevó al cabo hace un mes contra Venezuela y terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, constituyó “un uso ilegal de la fuerza”, advirtió ayer Amnistía Internacional (AI), al tiempo que señaló que aun en medio de este escenario la “maquinaria de represión no se detuvo”.
La secretaria general de la organización, Agnès Callamard, aseguró que la intervención estadounidense constituyó “una clara violación de la Carta de las Naciones Unidas”, así como “un acto de agresión” que puso “en peligro a la población civil” y “destruye las salvaguardias del derecho internacional”.
“El uso de la fuerza por parte del gobierno de Trump no solo fue ilegal, sino que podría alentar acciones ilícitas por parte de otros Estados y anunciar acciones similares por parte de Estados Unidos en el futuro”, dijo Callamard, citada en un comunicado de prensa.
Según Amnistía, en medio de la incertidumbre generada por “la volátil situación interna y la persistencia del aparato represivo del Estado, la población venezolana se enfrenta a la creciente interferencia de Estados Unidos, la falta de soluciones integrales y duraderas en materia de derechos humanos y amenazas de un daño adicional a sus derechos y su seguridad”.
“La impunidad por los crímenes de lesa humanidad cometidos por las autoridades venezolanas bajo el mandato de Maduro durante más de un decenio continúa, hasta ahora, con el gobierno encargado de Delcy Rodríguez. Aunque algunas personas detenidas están siendo liberadas, no se han tomado medidas significativas para hacer justicia ni se han dado garantías de no repetición”, señaló Callamard.
Al mismo tiempo, prosiguió, las amenazas al espacio de la sociedad civil “persisten, y las personas defensoras de derechos humanos y sus organizaciones siguen enfrentando el riesgo de persecución y criminalización”.
Señaló que, durante los primeros días del gobierno encargado, las fuerzas de seguridad, las agencias de inteligencia y los grupos armados progubernamentales “han seguido deteniendo personas, vigilando comunidades e intimidando a los sospechosos de apoyar el ataque del 3 de enero”.
“Seamos claros: Amnistía Internacional condena inequívocamente tanto el uso ilícito de la fuerza por parte de Estados Unidos como los múltiples crímenes cometidos por las autoridades venezolanas”, expresó Callamard.
Explicó que la denuncia de la intervención “no debe eclipsar en modo alguno la urgente necesidad de rendición de cuentas y reparación por las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno venezolano”.
“Un error no se corrige con otro. Debe haber una rendición de cuentas y una reparación completas por el ataque ilegal del gobierno de Trump contra Venezuela y por los crímenes” de las autoridades venezolanas, declaró la secretaria.
Ley de amnistía
Amnistía Internacional llamó a que la ley no favorezca la impunidad de las autoridades
”Mecanismo de impunidad”
La organización instó a que la ley de amnistía propuesta por el gobierno de Delcy Rodríguez para los presos políticos detenidos desde 1999 no se convierta en un “mecanismo de impunidad”.
Falta de certeza
Advirtió que no debería permitirse que la ley aplique a agentes del Estado, y que es insuficiente si no existen garantías de no repetición.