WASHINGTON.- Estados Unidos modificó las sanciones impuestas a Venezuela para permitir que el gobierno de ese país pague los honorarios de los abogados que defienden a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores en el proceso por narcotráfico que enfrentan en Nueva York.
La decisión fue adoptada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, que emitió licencias enmendadas para autorizar dichos pagos bajo condiciones específicas, según un documento judicial difundido el viernes.
Estas licencias establecen que los pagos deben realizarse con fondos disponibles para el gobierno venezolano después del 5 de marzo de 2026 y que no pueden provenir de depósitos de gobiernos extranjeros.
Anteriormente, el gobierno encabezado por Donald Trump, que previamente había bloqueado estos recursos citando motivos de seguridad nacional y política exterior.
Hasta antes de esta autorización, las restricciones impedían que la defensa legal recibiera financiamiento estatal.
Venezuela alega derecho a la defensa de Maduro
La decisión de permitir el pago a los abogados se produce tras una disputa legal impulsada por la defensa de Maduro, encabezada por el abogado Barry Pollack, quien argumentó que el bloqueo violaba la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense.
Dicha enmienda garantiza el derecho de todo acusado a contar con un abogado de su elección, por lo que la defensa solicitó incluso la desestimación del caso ante la imposibilidad de cubrir los honorarios.
Durante audiencias previas en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, el juez Alvin Hellerstein expresó dudas sobre la postura de la fiscalía, al considerar que los acusados ya no representaban una amenaza para la seguridad nacional tras su captura.
El magistrado cuestionó que las restricciones financieras pudieran interferir con el derecho a un juicio justo, lo que abrió la puerta a reconsiderar la política de sanciones en este caso.
Caso Maduro en EE.UU.: cargos, detención y proceso judicial
Nicolás Maduro, de 63 años, y Cilia Flores, de 69, fueron capturados el 3 de enero en Caracas por fuerzas especiales estadounidenses y trasladados a una prisión federal en Brooklyn.
Ambos enfrentan cargos que incluyen conspiración para narcoterrorismo e importación de cocaína, de los cuales se han declarado “no culpables”, según documentos judiciales.
El proceso se desarrolla en Nueva York y se espera que el juicio formal no comience sino hasta dentro de uno o dos años, lo que anticipa un litigio prolongado.
En meses anteriores, la negativa de la OFAC a permitir el pago de la defensa generó incertidumbre sobre la viabilidad del proceso, al punto de que los abogados advirtieron que podrían retirarse del caso.
Ahora, con la autorización para recibir fondos, se busca garantizar que el juicio avance sin cuestionamientos sobre el derecho a la defensa.