LA HAYA (EFE).— La Corte Penal Internacional (CPI) afronta una de las etapas más delicadas de su historia, después de destituir a su fiscal jefe por conducta sexual inapropiada, coincidiendo con la amenaza de Estados Unidos de “desmantelar” el tribunal y el anuncio de retirada de varios países miembros, los últimos de ellos Venezuela y Chad.
La convergencia de estos factores plantea interrogantes sobre el futuro del único tribunal permanente encargado de juzgar genocidio, crímenes de guerra, de lesa humanidad y de agresión, precisamente en un momento en que mantiene abiertas investigaciones sobre Ucrania, Palestina, Sudán o Venezuela.
La Asamblea de Estados Partes, el órgano de gobierno de la CPI, destituyó el viernes pasado al que era el fiscal jefe, Karim Khan, después de recibir acusaciones por conducta sexual inapropiada.
Para la profesora de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Ámsterdam Marieke de Hoon esa decisión era inevitable, aunque “ninguna institución sale fortalecida cuando su fiscal jefe es sospechoso de mantener una relación sexual inapropiada”, explica.
La conducta de Khan “perjudicó a la institución” y lo hacía “no apto para seguir dirigiéndola”, aunque considera que se gestionó el proceso “de forma caótica”.
El abogado estadounidense Reed Brody señala que “las dos cosas pueden ser ciertas a la vez: Estados Unidos e Israel intentan estrangular la Corte, y el fiscal tuvo un comportamiento que lo descalifica totalmente para el cargo”.
Desde que en 2024 la CPI emitiera órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes cometidos en Gaza, Washington ha intensificado su presión y ha impuesto sanciones a jueces y fiscales. El secretario de Estado, Marco Rubio, prometió trabajar para frenar a la CPI y aumentar la presión sobre países aliados para que la abandonen.
Para Brody, lo que hace el gobierno de Donald Trump “es lo mismo que está haciendo dentro de Estados Unidos: intenta socavar todas las instituciones que podrían interponerse en su camino”, afirma.
Sin embargo, ambos rechazan vincular la destitución de Khan con esa presión política: “Una cosa no quita la otra”, sostiene la experta neerlandesa.
Los 82 países que votaron a favor de la destitución no estaban cuestionando las órdenes de arresto israelíes, que “fueron autorizadas por jueces y eso debería poner fin a cualquier especulación sobre una conexión entre ambas cuestiones”, afirma.
Brody insta a los países a respaldar al futuro fiscal porque “va a necesitar una protección que los dirigentes de la Corte no han tenido hasta ahora”, y pide medidas concretas como activar el estatuto de bloqueo de la Unión Europea, financiar la defensa jurídica de los sancionados y garantizar respaldo político contra Washington.
A esto se suma un nuevo frente político: Chad inició el lunes el procedimiento para abandonar la CPI, siguiendo a Venezuela, Burkina Faso, Mali y Níger.
La retirada de Caracas es “pura paja”, dice Brody. “Lo hace porque Marco Rubio les dijo que lo hicieran, punto”; mientras que la decisión de los tres países del Sahel, gobernados por juntas militares, “era previsible”. El paso de Chad, que tomó tras una conversación con Washington, “ha sido una sorpresa”, resume el abogado.
Una de las críticas más escuchadas es que la Corte se ha centrado de forma desproporcionada en países no occidentales, pero los expertos relativizan ese argumento como desfasado, especialmente tras las órdenes de arresto israelíes.