WASHINGTON.- Pese al rechazo de residentes, empresarios y ambientalistas, el gobierno de Donald Trump defendió los planes para construir un muro fronterizo y otras barreras en Texas.
Recientemente el proyecto sufrió un revés por una orden judicial que suspendió temporalmente las obras.
Al respecto, Rodney Scott, comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), afirmó que “fortificar” la frontera es un objetivo “no negociable” de la administración de Trump.
Gobierno de Trump defiende planes de muro fronterizo con México
En una entrevista exclusiva con The Associated Press (AP), Scott justificó el proyecto del muro, cuyo costo asciende a 46 mil millones de dólares, y advirtió sobre los riesgos que, a su juicio, implicaría dejar zonas sin fortificaciones.
Recordamos que el proyecto implica reforzar aproximadamente 3 mil 200 kilómetros de frontera con México mediante vallas de acero de nueve metros de altura, barreras vehiculares, carreteras y tecnología de vigilancia.
El programa es ejecutado por la CBP con financiamiento aprobado por los republicanos del Congreso. Scott, exagente de la Patrulla Fronteriza, fue designado por Trump para completar la iniciativa.
De acuerdo con el comisionado, el gobierno construye alrededor de 19 kilómetros de infraestructura fronteriza por semana. El plan contempla que algunas zonas cuenten con una segunda barrera para fortalecer la vigilancia y dificultar los cruces irregulares.
Scott aseguró que los trabajos avanzan incluso por delante del calendario previsto. Según sus estimaciones, el muro principal estará terminado a finales de diciembre de 2027, antes de que concluya el segundo mandato presidencial de Trump.
El funcionario sostuvo que las autoridades necesitan identificar quién y qué ingresa a Estados Unidos.
También advirtió que, si la región de Big Bend queda sin barreras mientras otras áreas fronterizas son reforzadas, podría verse “completamente desbordada y destruida”.
Big Bend: suspensión judicial y oposición al muro fronterizo
La región de Big Bend se convirtió en uno de los principales focos de resistencia al proyecto debido a sus características naturales y a los posibles efectos de las obras en el entorno.
A principios de octubre, un juez ordenó detener temporalmente los trabajos al considerar que existía una alta probabilidad de que los demandantes sufrieran daños graves e irreparables si no se concedía la medida judicial.
La orden abarca trabajos en el Parque Nacional Big Bend, donde la presencia de maquinaria pesada y la remoción de terreno llevaron a protestas ciudadanas.
Pero, las críticas no proceden únicamente de residentes, empresarios y organizaciones ambientalistas. También se han manifestado algunos legisladores republicanos, partido de Trump, preocupados por las intervenciones en el parque.
El gobierno estadounidense solicitó a la Corte Suprema que levante la suspensión y permita continuar con las obras, sin resultados hasta el momento.
Riesgos ambientales: administración MAGA afirma buscar alternativas
Scott afirmó que, después de observar maquinaria en el área protegida durante agosto, ordenó suspender las actividades relacionadas con la construcción en esa zona mientras su equipo dialogaba con los residentes.
El comisionado señaló que la agencia busca alternativas para desarrollar infraestructura sin dañar el entorno natural.
Aunque evitó detallar los planes específicos debido a los litigios en curso, sostuvo que el proyecto no contempla instalar muros altos de acero dentro del parque.
Sin embargo, insistió en que las barreras naturales de Big Bend no impedirían que las personas ingresaran ilegalmente por otros puntos. También expresó su preocupación por la posibilidad de que los cárteles mexicanos aprovecharan las zonas sin fortificaciones.
Hillary Pierce, directora de comunicaciones de la coalición No Big Bend Wall, cuestionó esa postura y afirmó que las propias cifras del gobierno muestran que no existe una emergencia fronteriza en la región.
CBP enfrenta críticas por operativos migratorios en Estados Unidos
Durante la segunda administración de Trump como Presidente de Estados Unidos, la CBP ha sido blanco de críticas por la participación de sus agentes en operativos migratorios en ciudades no fronterizas.
Lo anterior como parte de la intensa ofensiva impulsada por Trump junto con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en contra de la migración, y que ha llevado a la detención de decenas de migrantes indocumentados.
En Minneapolis, las protestas contra estas operaciones se intensificaron después de un enfrentamiento en el que un agente de la Patrulla Fronteriza y otro de la CBP dispararon, con saldo de un ciudadano estadounidense muerto, identificado como Alex Pretti.
El caso contribuyó a que el gobierno redujera algunas operaciones migratorias en ciudades del país. Scott evitó comentar sobre la investigación, que permanece a cargo del FBI.
Al respecto, el comisionado indicó que la participación de la CBP en operativos migratorios lejos de la frontera ha disminuido conforme el ICE incorpora más agentes.
La CBP, encabezada por Scott, cuenta con aproximadamente 67 mil empleados. Entre sus responsabilidades están supervisar los cruces fronterizos oficiales y combatir la migración irregular y el contrabando.
Drones y contrabando: las amenazas en la frontera con México
Durante la entrevista con AP, realizada cerca de la frontera con Canadá, Scott también reiteró las presuntas amenazas relacionadas con el contrabando marítimo y el uso de drones por parte de organizaciones criminales mexicanas.
Aseguró que los cárteles emplean estos dispositivos para trasladar mercancías ilícitas y vigilar los movimientos de los agentes estadounidenses, por lo que es una de las principales preocupaciones del gobierno en materia de seguridad fronteriza.
En ese contexto, el Departamento de Seguridad Nacional anunció recientemente restricciones temporales de vuelo para combatir la actividad no autorizada de drones en una franja de aproximadamente 1.6 kilómetros al norte de la frontera con México.
“Queremos asegurarnos de que esa amenaza no entre en Estados Unidos”.