Los recursos legales que pueblos originarios han obtenido contra el Tren Maya, la obra prioritaria del gobierno mexicano para el sureste del país, causan incertidumbre para las empresas constructoras, indicó ayer EFE.
Las dudas han arreciado tras confirmarse esta semana la suspensión provisional de nuevas obras del Tren Maya en Yucatán por un juicio de amparo que promueven pueblos originarios de los municipios de Chocholá, Mérida e Izamal.
El freno temporal afecta al tramo 3, cuya licitación ganó el 15 de mayo pasado un consorcio integrado por la española AZVI y las mexicanas Construcciones Urales y Gami Ingeniería e Instalaciones por 10,192 millones de pesos (cerca de 509.6 millones de dólares).
Además, la consultora española de ingeniería UG21 anunció el 23 de julio que ganó un contrato para la supervisión técnica y verificación de calidad de la construcción de la plataforma y vía del Tren Maya desde Calkiní, Campeche, a Izamal, lo que también corresponde al tramo 3.
En el contrato de 223 millones de pesos (11.15 millones de dólares) también participan las firmas Consultoría Integral en Ingeniería (Coniisa) e (Ingeniería de Proyectos e Infraestructuras Mexicanas (Ipimsa), filial de Prointec (Grupo Indra).
El tramo 4, de Izamal a Cancún, incluye dos estaciones en Yucatán, las de Chichén Itzá y Valladolid, así que el freno también podría afectar las obras nuevas del Grupo ICA, que obtuvo por adjudicación directa el contrato por $27,000 millones (1,350 millones de dólares).
El Tren Maya, una de las obras prioritarias del presidente Andrés Manuel López Obrador, con una inversión de 6,294 millones de dólares, recorrerá cerca de 1,554 kilómetros en los cincos estados del Sureste: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Pero desde antes del arranque de las obras, en junio pasado, organizaciones civiles han presentado recursos legales contra su construcción, como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Kanan Derechos Humanos y Múuch’ Xíinbal, responsables del juicio de amparo en Yucatán.
Por ahora, solo afecta a obras nuevas de Yucatán, aunque en diciembre comunidades originarias también obtuvieron un recurso legal para frenar construcciones del segundo tramo, que va de Escárcega a Calkiní, en Campeche.
El tramo 2 se adjudicó el pasado 30 de abril al consorcio liderado por la mexicana CICSA y la española FCC, ambas controladas por el magnate Carlos Slim, por una oferta económica de $18,554 millones (unos 927.7 millones de dólares).
Anteayer se dio a conocer que el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en Mérida, declaró “infundado” el recurso de queja que presentó el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), encargado del proyecto Tren Maya, contra el freno de las obras que las asociaciones ganaron el 20 de enero.
La respuesta
Anteayer mismo, en un comunicado, Fonatur replicó que “en un juicio de amparo esta suspensión es una fase procesal normal” y “no se confirmó definitivamente ninguna suspensión al Tren Maya en Yucatán”.
“Estamos tranquilos porque Fonatur siempre ha actuado de acuerdo con la Constitución y a las normas vigentes”, indicó, antes de asegurar que “los esfuerzos legales para detener el Tren Maya responden a intereses individuales y no a la voluntad de las comunidades.
“Tenemos el respaldo de la gente en Yucatán como lo demuestra la reciente encuesta de la firma Buendía&Laredo donde el 80% de la población está a favor del paso del tren por Mérida”, alegó el Fonatur.
Un día antes, el domingo, el director general de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, manifestó que el Tren Maya acabará el año con 30% de avance “a como dé lugar” y descartó que los amparos afecten en otros tramos.