La Sala Colegiada Penal y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al resolver un recurso de apelación por delitos de corrupción, revocó la resolución de un juez de control y ordenó la vinculación a proceso de una exfuncionaria municipal de Río Lagartos.
La exservidora pública, valiéndose de su encargo, se apropió en su beneficio de diversas cantidades de dinero. La apelación fue interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción del Estado.
Según los listados, quedan otros casos similares en revisión, como el expediente de Cacalchén y de otros municipios, en los que también les negaron la vinculación a proceso de los denunciados y apelaron.
En la Fiscalía esperan que les den la misma resolución que en el caso de ayer de Río Lagartos.
Caso contra exfuncionaria de Río Lagartos
En el caso del puerto del oriente, por unanimidad de votos los magistrados de la Sala Colegiada Penal y Mercantil del Tribunal resolvieron la apelación interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción en contra de la resolución de primera instancia, en la que se determinó no vincular a proceso a una exservidora pública por el delito penal de peculado.
De acuerdo con los antecedentes del caso, la hoy imputada laboraba para la Tesorería del Ayuntamiento de Río Lagartos y valiéndose de su cargo se apropió en su beneficio de diversas cantidades de dinero que fueron pagadas por ciudadanos por la tramitación de licencias de uso de suelo, que fueron expedidas. La exservidora pública los canceló con objeto de quedarse con los importes pagados.
Los magistrados consideraron que los agravios expuestos por la Fiscalía Anticorrupción eran esencialmente fundados.
De acuerdo con la etapa procesal en la que se encuentra el asunto, se puede afirmar que sí existen indicios suficientes para determinar la existencia del delito de peculado imputado, así como de la probable participación de la entonces funcionaria en los hechos.
Por eso, se dejó sin efectos la determinación anterior del juez de control y se decretó el auto de vinculación a proceso en contra de la ex servidora pública por el delito de peculado, previsto por el artículo 263 fracción I, sancionado con pena privativa de la libertad y multa.
Con esas bases los magistrados ordenaron la remisión de las constancias al juez de control competente para que fije fecha y hora para la celebración de la audiencia de debate de medidas cautelares y la fijación del término de la investigación complementaria.