VALLADOLID.— El jueves pasado, el exalcalde Roger Alcocer García y el extesorero Arturo Esquivel Palomo, acusados desde 2015 de desvío de recursos, consiguieron un amparo que detuvo las acciones y el fallo dictado hace unos meses por un juzgado federal, que los sentenció a tres años de cárcel y el pago de poco más de $5 millones para resarcir el daño patrimonial causado al no llevar al cabo cuatro obras en esta ciudad durante su administración.
Hace unos meses publicamos que un juez Federal sentenció al exalcalde Alcocer García y a su extesorero a tres años de cárcel, y al pago de poco más de $5 millones luego de ser encontrados culpables del delito de desvío de recursos federales por poco más de $26 millones que correspondía a la plaza de la jarana, el museo del tren, una biblioteca y la terminación de una unidad deportiva, que reportó como concluidas, pero en realidad no se hicieron.
La exalcaldesa Alpha Tavera Escalante, del partido Morena, fue quien presentó la denuncia correspondiente, que luego se le dio seguimiento en las siguientes administraciones, de modo que hasta ahora se lleva poco más de siete años ese proceso sin que se haya resuelto.
De acuerdo con datos obtenidos, los dos exfuncionarios apelaron la sentencia del juez en su momento, pero luego de una revisión del caso se ratificó la sentencia, de modo que perdieron esa diligencia, lo cual se les notificó en su momento que la sentencia de los tres años de cárcel y al pago de los poco más de $5 millones seguía vigente.
Sin efecto temporal una sentencia
Ante esa situación sus abogados promovieron un nuevo amparo que aceptaron las autoridades federales, lo cual deja sin efecto temporal las sentencias que les impusieron en el ámbito penal, de modo que hay que esperar dos meses para saber lo que pasará luego de vencido el amparo.
Por el momento la causa penal, hasta el momento la están librando temporalmente, pero no hay que perder de vista que existe una segunda sentencia administrativa que fue paralela a la primera que impuso en su momento la Auditoría Superior de la Federación, que los sentenció a la devolución de poco más de $7 millones.
La ASF le dio 15 días a los involucrados para que devuelvan el dinero, lo cual no hicieron en su momento, por lo que el caso ya fue enviado a la Secretaría d Hacienda y Crédito Público (SHyCP), para que inicie los trámites y las diligencias correspondientes para los embargos que en su caso considere.