KINCHIL.- El arresto de dos mujeres alcoholizadas el domingo pasado dejó en evidencia la violencia, fuerza desmedida y hasta vejaciones por parte de los elementos de la policía; luego de que trascendiera que un adulto mayor fue golpeado por los agentes, presuntamente solo por preguntar el motivo por el que su hija había sido detenida.
Datos recabados en el lugar el día del hecho, señalan que -según la versión de la policía- se debió custodiar los accesos al cuartel en colaboración de la Policía Coordinada de Tetiz y Samahil, luego de que presuntamente un grupo pretendió liberar a una señora arrestada cuando disponían a ingresar a otra joven en la cárcel local.
Más tarde, familiares de la detenida relataron que sufrieron insultos y hasta golpes, como dejó constancia un malherido Bartolomé Pool Poot, padre una de las detenidas. Por el hecho ya presentaron una demanda contra los servidores públicos en la Fiscalía de Mérida y la CODHEY con número de folio G8-69302022.
Asimismo José Luis Tzuc Canté, padre de Magaly T. P., indicó que ésta pasó 32 horas en la prisión, solo por cuestionar en las oficinas municipales el por qué su tía Hermelinda P. B. fue detenida.
Fue justo cuando su nieta era trasladada a la misma celda que Hermelinda, que don Bartolomé se enfrentó con los oficiales, quienes habrían respondido con golpes que le causaron la ruptura del tabique nasal y herida en la cabeza al caer noqueado.
Alegan malos tratos, incluso del edil
Los quejosos, además, pretendieron dialogar con el edil reelecto Valentín Pech Dzib, pero éste se negó a liberación de las mujeres, lo mismo que el director de policía.
Posteriormente al ser interpuestas la demanda G8-69302022, las autoridades locales, al parecer retiraron los cargos contra Magaly, que pasó 32 horas detenida junto a su tía, según acusa, incomunicadas y en condiciones insalubres e inhumanas, pues no se les permitió usar el baño y tampoco les proporcionaron cobijas para cubrirse de las bajas temperaturas.
Pidieron que la CODHEY expida la recomendación correspondiente para advertir sobre el marco de atribuciones policiales, y la responsabilidad de la primera autoridad respecto al trato de género y grupos vulnerables.