En un nuevo triunfo ciudadano, el Juzgado Quinto de Distrito en Yucatán ordenó la suspensión temporal de la construcción de la granja avícola Akutzá, que la empresa Bachoco comenzó a construir en agosto de 2022 en Justicia Social, comisaría de Peto.
Se averiguó que la sentencia se dictó el miércoles 9 de noviembre de 2023 y beneficia no sólo a Justicia Social, comisaría de 249 habitantes, según el Inegi, sino también a los pueblos de Dziuché (2,909 vecinos), La Presumida (1,313 pobladores), Santa Gertrudis (940 habitantes), Kantemó (246 vecinos), Bulukax (593 habitantes) y Nuevo San Marcos (208 vecinos), entre otras localidades del municipio de José María Morelos, Quintana Roo, que se encuentran cerca de Laguna Chichankanab. En total, son 6,458 personas.
El 10 de agosto de 2022 el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, y directivos de Bachoco dieron en Justicia Social, Peto, el banderazo de la construcción de dos granjas, que se dijo tendrán inversión de 1,100 millones de pesos, generarán más de 1,800 empleos directos e indirectos, estarían listas precisamente en este noviembre de 2023 y, cuando funcionen a su máxima capacidad, producirían 2.2 millones de huevos a la semana para Yucatán, Veracruz y Puebla.
Amparo contra la construcción de granja avícola en Yucatán
Pero este noviembre, la jueza federal Grissel Rodríguez Febles concedió la suspensión provisional del acto reclamado en el juicio de amparo que promovió una mujer maya defensora ambiental, con el acompañamiento de la organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDesc), por violaciones al derecho al consentimiento libre, previo e informado de las comunidades potencialmente afectadas por el proyecto de granja avícola.
En su sitio en internet, Prodesc narra que el Juzgado Quinto de Distrito admitió la demanda de amparo y ordenó, entre otros, al Ayuntamiento de Peto y a la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) de Yucatán vigilar que no se realicen construcciones o trabajos de cualquier índole en la granja avícola, propiedad de la empresa Bachoco.
Peto tiene como alcalde a Renán Jiménez Tah, emanado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM); la SDS tiene como titular a Sayda Melina Rodríguez Gómez.
“La demanda de amparo fue promovida por la omisión de las autoridades competentes de consultar y obtener el consentimiento libre, previo e informado de la comunidad indígena maya de Peto y otras comunidades mayas y ejidos aledaños, respecto de la referida granja, violando con ello su derecho a decidir sobre su construcción y operación y a conocer los impactos ambientales de dicho proyecto”, expresó Juan Antonio López, coordinador del área de Justicia Transnacional de ProDesc.
Daño inminente e irreparable a las comunidades indígena mayas
En su sentencia de amparo provisional, la jueza de Distrito afirma que existen indicios de daño inminente e irreparable a las comunidades indígena mayas en sus derechos a la salud, a un medio ambiente sano y, en especial, a ser consultados de manera libre e informada y previa a los actos emitidos por las referidas autoridades.
La relevancia de la resolución judicial federal, destaca el asesor legal, es que “además de la protección a las comunidades indígenas, se sustenta en los mejores estándares de protección al medio ambiente, pues identifica a la naturaleza como un bien jurídico autónomo que debe ser protegido por su importancia para todo ser vivo, no solo para el ser humano”.
Además, indica, (la jueza) aplica los principios de precaución e in dubio pro natura (a favor de la naturaleza), que se traducen en que el Estado Mexicano debe adoptar todas las medidas necesarias para evitar o mitigar el riesgo al medio ambiente, incluso ante la duda de que una actividad pueda conllevarlo, y que en cualquier caso debe prevalecer siempre la interpretación que favorezca la conservación del medio ambiente.
Tanto la demandante de amparo como las comunidades mayas y ejidos que colindan con el predio donde se construye la granja avícola, tanto de Yucatán como de Quintana Roo, desconocen los impactos ambientales y a la salud por dicho proyecto, pues ninguna autoridad se acercó a proporcionarles información ni a consultarlos, subraya Prodesc, organización defensora de derechos humanos fundada en 2005.
¿Qué daños causaría la construcción de la granja avícola?
Sin embargo, temen fundadamente que la granja contamine fácilmente las tierras, el subsuelo, el agua y los mantos acuíferos que emplean para consumo humano y actividades agrícolas, al ubicarse en suelos altamente permeables a la filtración de aguas residuales, materia orgánica y desechos que tal proyecto generará, destaca.
Las corrientes superficiales de agua pluvial que recargan el acuífero Cerros y Valles, ubicado debajo del terreno del proyecto, fluyen hacia la Laguna Chichankanab (en el vecino estado de Quintana Roo), el cuerpo de agua dulce interior más grande de la Península de Yucatán.
Fue declarado Sitio Ramsar por la Unesco en 2004 y cuenta con gran diversidad de flora y fauna, incluyendo especies endémicas, indica. Una de las seis granjas que componen el proyecto se encuentra a menos de 800 metros de la corriente que conduce los escurrimientos a la Laguna Chichankanab.
El juicio de amparo sigue su curso. Probablemente, Bachoco presente un recurso para combatir la orden de suspender todos los trabajos en el tablaje Akutzá, de 299.9 hectáreas.