TIZIMÍN.— La administración que encabeza Adrián Quiroz Osorio enfrenta un proceso de seguimiento ante la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (Asey) debido a tres requerimientos detectados en la gestión del ejercicio fiscal 2023.
Estas anomalías, correspondientes al segundo año de gobierno del exalcalde Pedro Couoh Suaste, deben ser respondidas en un plazo de 30 días hábiles. Hasta ayer ya habían transcurrido tres.
Según informaron las autoridades municipales, la notificación llegó el pasado 27 de febrero y ahora se procederá a informar al exedil para que explique por escrito las irregularidades señaladas durante la auditoría.
Si las explicaciones no son satisfactorias para la Asey, las observaciones podrían derivar en un pliego de responsabilidades, lo que implicaría posibles sanciones o consecuencias legales para los involucrados en la pasada administración.
Además, aún se esperan los resultados de la auditoría del ejercicio fiscal 2024.
Días después de concluir su mandato, el exedil dijo en sus redes sociales que el plazo para ser notificado por la Comuna sobre el proceso de entrega-recepción había expirado lo que, según él, implicaba que estaba libre de irregularidades.
Sin embargo, en este caso, la notificación se refiere a las cuentas del ejercicio fiscal 2023.
Plazo vencido
Casi un mes después de finalizar su gobierno, Couoh Suaste publicó en su cuenta de Facebook que, de acuerdo con el artículo 29-Z-25 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, el plazo para que el actual Ayuntamiento solicitara información complementaria o aclaraciones ya había vencido.
Incluso precisó que, al no haber recibido ninguna solicitud o notificación, daba por descontado que la administración en funciones no tenía observaciones ni dudas sobre la entrega-recepción.
El exalcalde de Tizimín dejó obras sin terminar.
Lo que no entienden, es que no entienden. Como sucede con el sistema judicial, en la cuenta pública el problema es de interpretación y de ajustarse a un formato, sin importar si se cumple con la impartición de justicia o se sientan las bases para evitar la corrupción en la administración gubernamental. De cualquier modo, la constante es que los gobernantes se enriquecen en la función pública, con el agravante actual del “chapulineo”, que les permite manipular la voluntad popular, mediante acuerdos entre pares al interior de los partidos políticos.
Vale como ejemplo de la complicada instrumentación de la revisión de la cuenta pública, la necesidad de presentar documentación debidamente acreditada en el ejercicio del gasto público, lo que permite que, con la exhibición de facturas, se cumplan los procedimientos contables establecidos, con lo que se beneficia a quienes disponen de empresas sólidas que impone mayores costos en bienes y servicios, que los que trabajan al margen de la formalidad fiscal. De allá la aparición de las empresas de portafolios, cuya única inversión es la negociación con los que manejan el dinero público.
Para muestra un botón. Para cumplir con la tradición de la ceremonia del “Grito de Independencia”, los ayuntamientos de modestos municipios requieren del servicio de la pirotecnia que se acostumbra para el final del evento. En las cabeceras municipales en ocasiones se cuenta con comercios improvisados que cuentan con los elementos para ofertar a las autoridades municipales, pero no están debidamente registradas, por lo que los alcaldes deben contratar a negociaciones a distancia, pagar en ocasiones diez veces más para disponer del servicio o bien hacer “maromas”, para procurar comprobantes de otra manera, pese a la buena disposición de presentar cuentas claras de su gestión.
Debido a esa práctica, para los gobernantes el mejor aliado no es el que ofrece producto o un servicio de buena calidad, sino el que puede tramitar los comprobantes y validar los requerimientos para la presentación de la cuenta pública, que por lo general se llevan la parte del león del presupuesto, aunque en los hechos el dinero le rinda menos en la administración pública y un buen porcentaje de los recursos se convierta en riqueza personal para funcionarios públicos, con la presunción de una buena rendición de cuentas.
Desde la etapa del inicio de la llamada “Guerra de Castas”, la imposición dela primicia, la alcabala y el diezmo, generó malestar y una franca confrontación de la gente afectada por los privilegios de grupos de poder y de promoción espiritual. Los “moches” son hoy una institución que permite cumplir con la presentación y validación de la cuenta pública, en función de la asociación de los empresarios y los gobernantes, para disponer de la documentación a modo, para sortear la revisión y los formatos que mandatan instancias como la Auditoria Superior del Estado de Yucatán y las mentadas “recomendaciones”.
Hoy en México se organiza un proceso electoral para cambiar a los integrantes del Poder Judicial, bajo el fundamento de que el sistema de impartición de justicia está viciado. Existe otra versión que acusa a las instancias a cargo de procurar justicia, como las que no cuentan con las competencias o las tergiversan, para concretar los procesos de averiguación que permitan llevar a sentencia a los delincuentes. Tanto en el compromiso con la legalidad, como en el uso del dinero público, la única verdad es que impera la confusión y es en favor de quienes ostentan el poder de gobernar. En el generoso negocio de la función pública, no están todos los que son, ni son todos los que están.