MÉRIDA.– La Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso de Felipe “N” por un delito contra la biodiversidad. Se le acusa de dañar una especie de flora terrestre considerada amenazada.
El caso se originó a partir de una denuncia presentada por un representante de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa). Con base en esta querella, el agente del Ministerio Público de la Federación inició una carpeta de investigación y solicitó una orden de inspección en Sisal, municipio de Hunucmá.
Durante la revisión, los agentes detectaron la tumba y desmonte de aproximadamente 12 mil metros cuadrados de vegetación de duna costera. Esta acción se efectuó sin contar con las autorizaciones ambientales correspondientes, lo que generó afectaciones a la flora y fauna silvestre del área.
Desmontan dunas en Sisal, Yucatán
Según un boletín de la FGR, “las dunas costeras constituyen un ecosistema frágil que protege el litoral y sirve de hábitat a diversas especies. La remoción de su vegetación se considera un daño grave a la biodiversidad y está sancionada en la legislación ambiental federal”.
Ante los elementos de prueba presentados, el juez especializado determinó vincular a proceso a Felipe “N”, imponiéndole una medida cautelar y autorizando un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
Otros detenidos por desmonte en Sisal
En junio pasado, la Profepa informó que dos hombres fueron procesados por el presunto daño a manglares de Sisal para la lotificación y venta de terrenos ganados al mar.
En un comunicado, la dependencia informó que un juez vinculó a proceso y ratificó la prisión preventiva para Jorge Arturo, “el Mulato”, y José Alfredo “N”.
Esos hechos se dieron en respuesta a la denuncia interpuesta por la Profepa ante la Fiscalía General de la República. Se acusa el desmonte ilegal de vegetación y por la violación de sellos de clausura en los terrenos costeros del Puerto de Sisal.
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“Lo que hemos visto en Sisal a lo largo de varios meses ha sido una reiterada violación de la normatividad ambiental y de las clausuras impuestas por Profepa ante la remoción ilegal de vegetación. Esta conducta es inaceptable, especialmente porque estamos hablando de uno de los ecosistemas más frágiles, fundamentales y escasos del planeta”, afirmó la procuradora Mariana Boy Tamborrell.