NUEVA YORK.— Durante la Semana del Clima 2025, el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza entregó de manera oficial la sentencia sobre el caso del proyecto Tren Maya al Gobierno de México, informó la organización en un comunicado.
La entrega fue encabezada por Natalia Greene, secretaria del Tribunal, y Mia Macdonald, directora ejecutiva de Brighter Green, quienes presentaron el documento dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, a través de la Misión Permanente de México ante la ONU.
La sentencia original, emitida en Valladolid, Yucatán, en marzo de 2023, determinó que el proyecto incurre en violaciones a los Derechos de la Naturaleza y a los derechos bioculturales de los pueblos mayas peninsulares, responsabilizando al Estado mexicano por crímenes de ecocidio y etnocidio.
Medidas dictadas por el Tribunal contra el Tren Maya
Entre las principales resoluciones se encuentran:
- Suspensión inmediata del Tren Maya y desmilitarización de los territorios indígenas.
- Cese del despojo de tierras ejidales y protección a defensores ambientales.
- Declaración de los cenotes como sujetos de derechos.
- Reparación integral de ecosistemas afectados mediante auditorías independientes e interculturales.
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Agravamiento de impactos ambientales y sociales
El Tribunal señaló que, desde 2023, la situación en los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya se ha deteriorado. Las observaciones más recientes confirman la fragmentación del territorio, la deforestación de más de 11 mil hectáreas y daños irreversibles a sistemas de cuevas y manglares.
Asimismo, se destacó la presencia militar en zonas indígenas, que incrementa la vulnerabilidad de las comunidades y obstaculiza el acceso a la justicia. También se documentaron violaciones a derechos culturales y de consulta previa de los pueblos mayas.
Actualización de la resolución y mega-granjas porcinas
Durante una misión de observación realizada del 7 al 11 de abril de 2025, en la que participó el juez Francesco Martone, el Tribunal actualizó su resolución y amplió su pronunciamiento al caso de las mega-granjas porcinas en Yucatán.
El organismo recibió evidencias de impactos ambientales y sociales, entre ellos:
- Contaminación del agua y suelo en el Anillo de Cenotes, la principal reserva de agua dulce de la Península.
- Deforestación y pérdida de biodiversidad, incluyendo especies en peligro como el jaguar y el mono araña.
- Afectaciones a la salud de comunidades humanas y no humanas.
- Explotación y manipulación genética de animales no humanos.
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Nuevas resoluciones del Tribunal
Con base en los hallazgos, el Tribunal resolvió:
- Confirmar la sentencia de Valladolid ante la continuidad de las violaciones ambientales.
- Solicitar una moratoria a nuevas mega-granjas porcinas y el desmantelamiento de las existentes en el Anillo de Cenotes.
- Proteger el Anillo de Cenotes y promover su reconocimiento como Patrimonio Mundial de la Humanidad.
- Restaurar suelos contaminados y detener la eutrofización del agua.
- Garantizar el derecho a la consulta previa y proteger los derechos de los pueblos mayas.
- Cesar persecuciones judiciales contra defensores ambientales.
- Impulsar una enmienda constitucional en Yucatán que reconozca los Derechos de la Naturaleza.
La resolución fue adoptada el 23 de septiembre de 2025.