MÉRIDA.— Las operaciones de la mafia agraria en Yucatán fueron dadas a conocer por Latinus en una reciente investigación. Tal como ha documentado Diario de Yucatán, al menos durante dos administraciones estatales operó un esquema para convertir terrenos propiedad de la Nación en predios privados mediante falsificación de documentos, alteración de registros oficiales y uso indebido de títulos agrarios.
Funcionarios estatales habrían facilitado este mecanismo que, según los documentos revisados por el medio, permitió el despojo de por lo menos 11 mil hectáreas.
La investigación indica que la maniobra inició en los últimos meses de la administración de Ivonne Ortega Pacheco (2007-2012) y continuó durante todo el sexenio de Rolando Zapata Bello (2012-2018). En varios casos, los predios terminaron en manos de familiares de altos funcionarios estatales. Estos posteriormente los vendieron aprovechando el auge inmobiliario que vive la entidad.
Predios nacionales convertidos en privados en Yucatán
Una revisión del Registro Público de la Propiedad de Yucatán, el Registro Agrario Nacional (RAN) y títulos de posesión detectó 24 predios que dejaron de pertenecer a la Nación mediante procedimientos irregulares.
Estos terrenos se ubicaban en distintos puntos del estado: Mérida, Celestún, Yaxcabá, Dzilam de Bravo, Ucú, Hunucmá, Kinchil, Río Lagartos, Tetiz, Yaxkukul, Temozón, Tekax, Kanasín y Chicxulub Pueblo.
Los documentos señalan que la operación incluyó el uso de títulos de terrenos nacionales que no correspondían a Yucatán, sino a estados como Baja California, Hidalgo, Veracruz y Puebla. Con estos números se inscribieron superficies completas en el Registro Público, lo que abrió la puerta a su venta.
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En Celestún, por ejemplo, se utilizó un número de título asignado originalmente a un predio de Ensenada, Baja California. Otro caso es el de 3,500 hectáreas en Hunucmá, registradas con el número de un título correspondiente a un terreno ubicado en Sochiatipan, Puebla.
El caso de Sisal, parte de la mafia agraria
En Hunucmá, donde se ubica Sisal, 600 hectáreas nacionales fueron registradas como privadas en octubre de 2012. Meses después se vendieron en 9 millones de pesos. Más tarde, la misma superficie alcanzó los 45 millones y hoy su valor catastral supera los 160 millones de pesos, lo que representa una ganancia cercana al 2,000%.
Los registros revisados muestran que durante 2014 adquirieron varios predios la madre y la hermana de Roberto Rodríguez Asaf, entonces secretario de Finanzas de Yucatán y posteriormente secretario de Gobierno en la administración de Rolando Zapata. Esto, según archivos del Diario, fue denunciado en junio de 2018 por la Central Independiente de Obreros, Agrícolas y Campesinos (Cioac).
Para formalizar la conversión de tierras nacionales en privadas, funcionarios del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy) habrían autorizado inscripciones con documentación apócrifa, asignado coordenadas irregulares y validado escrituras que no correspondían a los predios. Entre los directores del organismo durante ese periodo figuran Luis Esquivel, Rubén Segura Pérez y Pablo Castro, este último actualmente subsecretario en el gobierno de Joaquín Díaz Mena.
Mafia inmobiliaria en Yucatán
El esquema también habría sido aplicado para intentar apropiarse de tierras privadas. El empresario Gerardo Millet y el abogado Carlos Trujillo defienden desde hace ocho años varias hectáreas en Chicxulub Pueblo, al norte de Mérida. Millet asegura que en 2017 fue notificado por funcionarios estatales de que un tercero buscaba reclamar sus predios con un título falso.
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El documento contenía números de títulos correspondientes a predios de Othón P. Blanco (Quintana Roo) y Tecate (Baja California). Al revisar la información, tanto la Sedatu como el RAN confirmaron que estos títulos no eran válidos. Uno de ellos incluso llevaba la firma del entonces secretario de la Reforma Agraria, Rafael Rodríguez Barrera, fechada en agosto de 1985. El funcionario asumió el cargo hasta febrero de 1986.
Millet interpuso una denuncia formal en 2022 y presentó documentación a altos funcionarios de Sedatu. Afirma que, pese a la sorpresa que generó su caso, no obtuvo respuesta definitiva y que la estructura que permitió estos despojos continúa operando.
Respuesta de exgobernadores por la mafia inmobiliaria en Yucatán
Consultado sobre el tema, el exgobernador Rolando Zapata Bello negó la existencia de irregularidades durante su administración. Descartó que funcionarios cercanos, como Roberto Rodríguez Asaf, hayan participado en una red de despojo.
“Durante todo el tiempo que estuvimos en el gobierno, el Insejupy se condujo con apego a la ley. Errores humanos cualquiera pudiera cometer, pero no tenemos algún elemento que nos indicara eso”, declaró.
Por su parte, la exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco declinó hacer comentarios.
Mafia agraria en la costa de Yucatán
En junio de 2022, Central 9, la unidad de investigación periodística de Grupo Megamedia, documentó que un diputado federal por la coalición PVEM-Morena-PT y dos exalcaldes priistas se apoderaron ilegalmente de por lo menos 10,594 metros lineales de playa en Dzilam Bravo y Celestún, en 2016, con un valor mínimo de 2,118 millones de pesos.
El despojo se hizo por medio de una operación ilegal ejecutada por el entonces diputado Mario Xavier Peraza Ramírez y los expresidentes municipales de Dzilam, Julio Abraham Villanueva Rivero, y de Celestún, Santiago Leonel Rosado Mena, así como otros funcionarios ligados al gobierno de Rolando Zapata Bello.
La operación consistió en la creación artificial de lotes catastrales sobre terrenos nacionales, para convertirlos, fuera de la norma, en predios del fundo legal de esos dos municipios, aprovechando el nombramiento de Peraza Ramírez como director del Catastro estatal entre octubre de 2015 y junio de 2016.
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