La asesoría jurídica como la impartida en Chuburná fortalece a mujeres al informar derechos, prevenir violencias y facilitar el acceso a la justicia
La asesoría jurídica como la impartida en Chuburná fortalece a mujeres al informar derechos, prevenir violencias y facilitar el acceso a la justicia

PROGRESO.— En una acción orientada a fortalecer el acceso a la justicia y los derechos de las mujeres, el gobierno municipal llevó al cabo una jornada de orientación jurídica gratuita en Chuburná Puerto.

En ella vecinas de la comunidad recibieron atención en temas fundamentales como violencia de género, derechos laborales, divorcio, uniones libres, trámites legales básicos, custodia y pensión alimenticia, a través de la Mesa Legal municipal.

La Unidad Jurídica Municipal —encabezada por Jorge Castillo— coordinó la atención directa a las asistentes.

Este tipo de acciones buscan no solo resolver dudas puntuales, sino empoderar a las mujeres con información sobre sus derechos y las herramientas legales disponibles para protegerse y exigir justicia.

Aunque Yucatán es percibido como uno de los estados más seguros del país, las cifras reflejan una realidad compleja para las mujeres: según datos recientes, más de siete de cada diez mujeres de 15 años o más han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, y cerca de la mitad reportó agresiones en los últimos 12 meses, con violencia sexual, física y en el ámbito escolar y laboral como expresiones persistentes de desigualdad y vulnerabilidad.

Además, el promedio estatal indica que unas 44 mujeres lesionadas por violencia acuden cada día a atención médica, una cifra que visibiliza el alcance del problema incluso cuando muchas agresiones no se denuncian formalmente a las autoridades.

Ante este panorama, la información y orientación son herramientas esenciales para que las mujeres identifiquen cuándo están siendo vulneradas y conozcan los recursos de apoyo a su alcance.

En la misma línea, en Yucatán operan estructuras como el Centro de Justicia para las Mujeres, cuya misión es prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y garantizar acceso integral a la justicia con perspectiva de género. El centro ofrece atención gratuita y coordina acciones entre la Fiscalía, la Secretaría de Salud y otros organismos para acompañar a víctimas de violencia en sus procesos.

A nivel legislativo, propuestas como la denominada “Ley 3 de 3” han planteado criterios para impedir que agresores y personas con antecedentes de violencia familiar o laboral contra mujeres ocupen cargos públicos, aunque especialistas señalan que el reto no radica solo en la existencia de normas, sino en su aplicación efectiva.

Organizaciones civiles en Yucatán han destacado que el acceso efectivo a la justicia sigue siendo limitado para muchas mujeres, especialmente en formas más silenciadas de violencia como la vicaria o económica, donde la falta de cumplimiento de obligaciones familiares puede convertirse en otra manera de castigo hacia las madres.

En ese sentido, jornadas como la promovida por el Ayuntamiento de Progreso no solo informan sobre derechos civiles y familiares, sino que también contribuyen a que mujeres reconozcan señales de violencia, conozcan sus opciones legales y se sientan acompañadas para luchar por su autonomía y bienestar, pasos claves en la construcción de una sociedad más justa.— Hipólito Pacheco Perera

Derechos femeniles Prevención

Instituciones y leyes refuerzan prevención de violencia contra mujeres yucatecas

Estructuras

En Yucatán operan estructuras como el Centro de Justicia para las Mujeres, cuya misión es prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y garantizar acceso integral a la justicia con perspectiva de género. El centro ofrece atención gratuita y coordina acciones entre la Fiscalía, la Secretaría de Salud y otros organismos.

Ley 3 de 3

A nivel legislativo, propuestas como la denominada “Ley 3 de 3” han planteado criterios para impedir que agresores y personas con antecedentes de violencia familiar o laboral contra mujeres ocupen cargos públicos, aunque especialistas señalan que el reto no radica solo en la existencia de normas, sino en su aplicación efectiva

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