Luego de la remoción ilegal de vegetación en terrenos federales de Sisal, comisaría de Hunucmá, una audiencia celebrada el pasado martes 14 de abril determinó la suspensión condicional del proceso penal contra tres imputados por un delito contra la biodiversidad, en la modalidad de daño a especies de flora amenazadas, mediante una solución alterna.
Esta medida obliga a los implicados —identificados como Jorge “N”, Felipe “N” y José “N”, señalados por encabezar esas acciones— a ejecutar un programa integral de reforestación y reparación del daño como alternativa para resolver los delitos ambientales cometidos en una superficie de 4.3 hectáreas.
El caso, como informamos, derivó de una denuncia presentada en febrero de 2025 por un representante de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ante la Fiscalía Federal en Yucatán.
Ello dio origen a una carpeta de investigación a cargo del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), desde la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor).
De acuerdo con la queja, se registró la tala de duna costera, matorral y mangle, incluyendo el mangle botoncillo, especie protegida por la NOM-059-Semarnat.
Como parte de las diligencias, en aquella ocasión se obtuvo una orden de inspección en el puerto de Sisal, otorgada por un juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, y ejecutada con apoyo de la Policía Federal Ministerial.
Afectaciones
La citada procuraduría indicó que estas actividades, realizadas por pobladores de Sisal, no solo afectaron el ecosistema, sino que incentivaron riesgos de especulación inmobiliaria y desarrollos irregulares en zonas ecológicamente sensibles.
En la resolución se estableció un plan de reparación que exige la siembra y el cuidado de 1,200 plantas por hectárea, sumando un total de 4,800 ejemplares distribuidos en un polígono de 40,394 metros cuadrados.
Para asegurar el éxito del proyecto, se estableció un margen adicional del 20% en las plantaciones para garantizar una tasa de supervivencia final del 90%.
Lo anterior significa que los involucrados tendrán que añadir a las 4,800 plantas consideradas otras 960 (20% extra), siendo así un total de 5,760 plantas las que tendrán que plantarse para asegurarse la supervivencia de la mayoría que se tiene prevista. Si se considera ese total entre los tres implicados, cada uno tendrá que sembrar y cuidar 1,920 plantas.
La Profepa manifestó que las especies nativas seleccionadas para esta restauración son el mangle botoncillo (“Conocarpus erectus”), la palma chit (“Thrinax radiata”), la uva de mar (“Coccoloba uvifera”), la anacahuita (“Cordia sebestena”), la riñonina (“Ipomoea pes-caprae”), la verdolaga de mar (“Sesuvium portulacastrum”) y la altanisa de mar (“Ambrosia hispida”).
Jornadas por la conciencia ambiental
Según detalló el organismo federal, cada uno de los imputados deberá cumplir con jornadas de trabajo semanales, que consisten en tres sesiones de tres horas cada una.
Además, incluyen desde la adquisición de plantas y apertura de cepas hasta el riego, mantenimiento y elaboración de informes de seguimiento supervisados por la Profepa. La suspensión del proceso tendrá una vigencia de cinco años. Durante este período los responsables deberán desempeñar un trabajo lícito, residir en el domicilio proporcionado y someterse a vigilancia mensual de la misma Profepa.
Además, están obligados a cumplir con garantías de no repetición que incluyen la creación de 12 materiales audiovisuales en un año para concienciar a la población sobre el daño ambiental y sus consecuencias jurídicas, los cuales se difundirán en plataformas digitales de los señalados o en las de sus familiares.
En caso de incumplimiento de cualquiera de estas condiciones, el proceso penal se reanudará, lo que podría derivar en sanciones conforme al artículo 418 del Código Penal Federal, que contempla penas de seis meses a nueve años de prisión, añadió el organismo.
Desde la intervención inicial de la Profepa en febrero de 2025, que resultó en la clausura de cuatro predios y la detención de la lotificación irregular en la zona afectada, se han impulsado espacios de diálogo y coordinación interinstitucional.
El 25 de septiembre de 2025 se firmó un Memorándum de Entendimiento para proteger la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), y en octubre del mismo año se realizó un taller comunitario con la Semarnat y expertos académicos para presentar propuestas de restauración.
Como parte de una estrategia de atención integral, el pasado 3 de marzo se implementó una jornada de apoyo social en Sisal que incluyó la entrega de una ambulancia, apoyos al sector pesquero, mejoras en infraestructura educativa y programas de limpieza, buscando equilibrar la protección del ecosistema con el bienestar de los habitantes de la comunidad, agregó la Profepa.