(Primera Columna publicada el 2 de junio de 2001)

En el siglo de imposición que conclusiones en el año 2000 no fueron dos, fueron tres las gubernaturas arrebatadas, robadas al pueblo de Yucatán.

Ya hemos visto, en la Columna del jueves 31 de mayo, que don Delio Moreno Cantón fue dos veces la víctima del fraude electoral: la última de la dictadura de Porfirio Díaz, en las elecciones de 1909, y la primera de la Revolución, en 1911.

Distinguido hijo de Tekax, el doctor Miguel Alonso Romero, único yucateco que ha sido alcalde de la ciudad de México, presentó batalla en 1921, en las filas de la oposición, como candidato del Partido Liberal, pero sucumbió ante la aplanadora del Partido Socialista del Sureste, manejada por Felipe Carrillo Puerto, y la dieta de ayuno y abstinencia continuada en el Palacio de Gobierno hasta este año de 2001, sobre los escombros de la gran explosión de 1969.

La estafa que despojó de la gubernatura a Víctor Manuel Correa Rachó en noviembre de 1969 tiene una magnitud gigantesca que no es posible aquilatar y medir con cierta aproximación -tal vez nunca con exactitud- si no partimos del triunfo colosal que lo llevó a la alcaldía de Mérida en 1967 y la fundación en Yucatán, en 1940, de su partido político, Acción Nacional.

El 14 de marzo de 1940, el doctor Benito Ruz Quijano, ex alcalde de la ciudad, cirujano eminente, demócrata a carta cabal, presidió en Mérida el nacimiento del PAN. Desde la desaparición del Centro Electoral Independiente, a la muerte de Moreno Cantón en 1916, Yucatán no había tenido, con la paréntesis breve del Partido Liberal, un instituto político que se hizo cargo de la democracia en Yucatán. No es éste el momento de referirnos a la tenacidad, al heroísmo, visibles en muy conocidas hazañas, pero anónimos en más ocasiones todavía, que galardonan las seis décadas del PAN yucateco, pero debemos dejar constancia, antes de seguir adelante, de que en la lucha por nuestra libertad política la relación entre el pueblo y el PAN es de alma y cuerpo.

También hay que dar fe de que el espíritu democrático de los meridanos, violado a principios de siglo, seguía con vida: encadenado, pero sano, en busca de una ventana para asomarse y decir: ¡Aquí estoy! La oportunidad se presentó en las elecciones federales del 6 de julio de 1958: el carcelero, o sea el PRI, postuló como candidato a diputado, por el distrito capitalino, al profesor Antonio Bustillos Carrillo, que no era bien visto por el gobernador Agustín Franco Aguilar. La orden de arriba fue terminante: se respeta el voto. La voluntad de los meridanos fue acatada, por primera vez en el siglo, y el candidato del PAN, don Eduardo José Molina Castillo, se impuso en las urnas 26,192 votos contra 19,741. Tuvo el 57 por ciento de los sufragios. Una ventaja de 14 puntos sobre su adversario.

La victoria de Molina Castillo, ojo de agua en un desierto, fue, sin embargo, un aviso: Yucatán era un volcán en busca de un cráter. En 1969 ocurrió la primera erupción.

Estamos ya en el lugar de decir que los triunfos de Víctor Correa en 1967 y Patricio Patrón en 2001 tienen un antecedente inmediato que los hermana: un escándalo formidable: el fraude del agua potable entonces, el desacato a la Federación hoy. Dos escándalos que tienen los mismos protagonistas: el Gobierno del Estado, el Congreso y el PRI. Dos escándalos que tienen un mismo epílogo: el repudio del pueblo.

En julio de 1969, el presidente Gustavo Díaz Ordaz ofendió a Yucatán ante la nación. En medio del debate público sobre el monto de las tarifas del agua, don Gustavo, de buenas a primeras, hizo lo que nunca, que se sepa, se había hecho en México y jamás se ha vuelto a hacer: parar, detener todas las obras del Gobierno Federal en un Estado. Las suspendió para cumplir los compromisos que -dijo- los yucatecos se negaban a respetar deshonrando a México: el pago, por medio de las tarifas, de los intereses y el capital del crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo para dotar de agua potable a Mérida.

Nos quedamos con la boca abierta. ¿De qué rayos habla el Presidente? Con un editorial de primera plana, “Por el honor de Yucatán”, el Diario de Yucatán salió en defensa del Estado e inició una investigación.

Al cabo de una campaña periodística encabezada por ocho editoriales de primera plana y una sección “El Pueblo y el Agua”, que publicaba en la página dos las opiniones de los lectores, quedó en claro, ante la indignación general, que el Gobierno y el Congreso del Estado, con el apoyo de su partido, el PRI, se habían confabulado para cubrir un fraude con el dinero del BID y pagarlo con el dinero de los yucatecos por medio de altas, onerosas tarifas. El Presidente se negó a ver las pruebas de la estafa aportadas por el periódico. Se negó también a oír las protestas de los meridanos. Las autoridades yucatecas, en el colmo del servilismo, felicitaron públicamente a Díaz Ordaz por los agravios que nos infería.

El pueblo no tardó en responder. El PAN enarboló en octubre la bandera del agua potable, la izó como divisa de su campaña por la alcaldía de Mérida y el 26 de noviembre de 1967 su candidato, Correa Rachó, administró al PRI una paliza electoral como nunca se había visto en Yucatán y jamás se ha vuelto a ver: ganó 44,354 votos contra 15,446.

Un margen aplastante de 4 a 1.

Se contaron los resultados de 141 de las 150 casillas. Las actas de nueve desaparecieron. Hay base aritmética para afirmar que la votación, en verdad, fue de 48.000 a 16.000. El resultado oficial es una mentira. El gobierno, que, ciego y sordo, no vio venir al pueblo, ni lo oyó, no tuvo más remedio que aceptar el ultimátum de las urnas, porque no estaba preparado para el fraude, pero a punta de arbitrariedades le robó millas de votos a los meridanos. El robo no fue suficiente para ocultar la magnitud final del desastre del PRI: 38,074 contra 13,220.

La excelente actuación de Víctor Correa, su personalidad de líder, probada y comprobada, y la agresión constante a que fue sometida su Ayuntamiento fortalecieron el apoyo al PAN y enardecieron la furia de los yucatecos contra el gobierno y su partido. El correísmo vino a ocupar, 55 años después, el campo cívico que el morenismo dejó vacío en 1916. El alcalde Correa Rachó se hizo candidato a la gubernatura y el pueblo fue a buscarlo en las elecciones del 23 de noviembre de 1969, pero el PRI había aprendido la lección de 1967, expulsó de las casillas a los representantes del PAN, se quedó solo a la hora de contar las boletas, se despachó con la cuchara grande -la única cuchara- y arrebató a los yucatecos su tercera gubernatura con un fraude electoral que arrasó los votos de la oposición como el huracán “Gilberto” arrasaría dos décadas después el litoral del Estado. Dos monstruos. El Ejército, defensor de la democracia en 1967, cómplice de la imposición en 1969, tuvo que salir a la calle y tomar la ciudad para reprimir la protesta airada.

La iniciación de 1969 dejó carbones encendidos que los excesos de dos interinatos se encargaron de enrojecer. El candado al espíritu cívico fue perdiendo sus siete llaves oxidadas. Las generaciones de los 90, que hoy leen esta columna, han visto a Mérida, de cerca o de lejos, recuperar, retener su Ayuntamiento y encabezar de nuevo la marcha hacia el Palacio de Gobierno. Al entrar la faena de un siglo en el último tercio, el viejo toro de la farsa, el lomo clavado de banderillas meridanas, hundida en el morro la estocada suicida del desacato, no resistió la puntilla popular del 27 de mayo. El triunfo contante y sonante de Patricio Patrón Laviada es el veredicto inapelable sobre un estilo de gobernar que hace 100 años nos queremos quitar de encima. Rebasada con creces su fecha de caducidad, el sistema desbancado nos ponía en peligro de regresar al pretérito feroz. Que se queda atrás con él, definitivamente, las trompadas, los gritos y el desgaste de una centuria de lucha por la democracia, para que podamos juntos trabajar un tiempo completo en la reconstrucción de Yucatán. Que la paz sea al fin con nosotros.

Amén.

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