(Primera Columna publicada el 15 de octubre de 2005)
“Que caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos” -Los dirigentes judíos a Poncio Pilato en el juicio a Jesucristo.
Aquí en Mérida, durante una entrevista, la locutora de TV Azteca pregunta al redactor del Diario de Yucatán: “¿De verdad está usted convencido de que Flora Ileana Abraham se suicidó?”.
“Señorita, eso sólo lo saben Dios y Armando Medina Millet. De lo que sí estoy convencido es de que todas las pruebas presentadas para demostrar y denunciar un homicidio son falsas”.
Nuestro representante le explica que su certidumbre, basado en nueve años de lectura y estudio de documentos publicados, tiene el aval no sólo de la ley y la ciencia: también el apoyo de la lógica y el sentido común.
“Pero no se guía de nuestra opinión, compruébelo usted misma”, sugiere el periodista, mientras entrega a su interlocutora una muestra de informaciones del Diario nunca contestadas o dementidas. ¿Las habrá leídas? Tal vez. Si las leyó, ¿las habrá tomado en cuenta? Nos parece que no.
Preguntas semejantes cabe hacer a dos de los tres ministros de la Suprema Corte que confirmaron el veredicto de homicidio y la sentencia condenatoria. ¿Leyeron los argumentos aportados por la defensa para probar la inocencia del acusado? ¿Los tomaron en cuenta? Nos tememos que las respuestas bien pueden ser las mismas.
Nos consta que el tercer ministro confirmante, señor Cossío, sí las leyó, sí las tomó en cuenta, porque en la primera de sus dos resoluciones, en un análisis de los alegatos, opinó por escrito que se debía reponer el procedimiento porque se dejó al acusado en la indefensión. En su segundo fallo condenó al indefenso. Nos proponemos regresar a esta incongruencia en la próxima ocasión.
El indefenso salió ayer de la cárcel. Ha recuperado su libertad después de 3.432 días de reclusión en el penal. Pertenecen ya al pasado, para siempre, esos 3,432 días de contacto directo con la pobreza moral que conduce al delito. Un pasado que podemos llamar experiencia. Y privilegio también, en un contexto cristiano. Experiencia y privilegio que Armando Medina Millet, a sus 46 años de edad, con anchos horizontes a la vista, puede poner al servicio de las causas nobles para restaurar y fortalecer los valores de la sociedad, tantas veces culpable de la penuria espiritual que puebla las celdas.
3,432 días que no han concluido para los responsables de la sentencia que condenó al señor Medina. Un pasado que para ellos está vivo. Un pasado que se proyecta hacia el futuro pegado como una sombra que crecerá cada día en un conteo incesante: 3,433, 3434, 3435… Un pasado pesado. Sin finiquito.
Aquellos tres ministros de la Corte habrán atenuado por un tiempo sus escrúpulos, o inquietudes -si los tuvieron-, con la certeza de que su resolución poco daño físico haría ya al sentenciado, porque de todas maneras saldría pronto en libertad. Su misión principal, sin embargo, era el cuidado de la salud jurídica de la nación, postrada en gravedad por el proceso judicial impugnado. Una misión desatendida.
Por empedernidas que estén sus conciencias, los jueces involucrados en la condena algún día, de alguna manera, pagarán las facturas pendientes, los saldos insolutos de la bancarrota que han propiciado. Los cargos no remiten.
Termina un juicio, sí, pero continúa otro: el juicio social a todos aquellos que antes que comenzaran los 3,432 días se confabularon a hurtadillas para urdir una investigación judicial adulterada que exigía, para tener éxito, un requisito indispensable: corromper a las autoridades encargadas de la defensa de la sociedad. Esta es la verdadera desamparada por los tribunales, no Medina Millet, que sale libre mientras ella queda presa de un sistema judicial desquiciado por sus apetitos, desviado por sus compromisos y crecido por la impunidad.
Por eso tarde o temprano han de comparar también en este juicio quienes pudieron prestar el auxilio que un ciudadano pidió para salir de la indefensión, nada más, pero se taparon de oídos, o cerraron de ojos, y no le extendieron la mano. Mientras más alta sea su posición, más influyente su autoridad, mayor es su responsabilidad.
El epílogo nacional del caso Medina Abraham consolida su importancia como radiografía que exponen hasta el hueso los machos que debilitan y descomponen el tejido social, agudizados por la indiferencia, la apatía o el enfoque convenenciero con que vemos tantas veces los atentados al bien común.
En el fondo, el problema, que no es sólo de Yucatán sino de México entero, como lo demuestra la Suprema Corte, es que pretender expulsar a Dios y sacar al Evangelio de la vida pública y confinarlos a la vida privada. No es un diagnóstico del periodista: es una advertencia dicha y repetida por Benedicto XVI en sus cuatro mensajes a los obispos mexicanos que acaban de hacer su visita quinquenal a la Santa Sede.
Dentro del cauce de este sentido cristiano que debemos devolver a nuestros asuntos no nos toca dictar veredictos en los juicios inevitables que siguen a los 3,432 días. Sigamos mejor el ejemplo de la Iglesia Católica, que en aras de la conciliación ha suprimido de su liturgia ciertas recordaciones del proceso a Jesucristo que les duelen a los judíos. Dejemos que en el señor de su compasión y misericordia, su justicia y sabiduría, el Juez de todos los jueces pronuncie las sentencias. A nosotros que nos bendiga con la voluntad que nos ha faltado y las guías que no hemos tenido a la hora de hacer las cosas como recomienda el Papa.
En cuanto al Diario, los 3,432 días no han sido principio ni final: son una continuación de una lucha anterior y posterior al caso Medina Abraham. La lucha sin tregua por los derechos del hombre -se llame como se llame-, por la verdad y por la justicia. La lucha de siempre