(Primera Columna publicada el 17 de abril de 2009)

No sorprende que Miguel Angel Jiménez Godínez mienta cuando pretende justificar con un enfoque exclusivamente comercial sus relaciones con Megamedia en Campeche como director de la Lotería. Pero sí llama la atención y enciende luces rojas que un individuo de su estatura moral haya conseguido infiltrarse en el gobierno del presidente Calderón Hinojosa.

La columna medirá hoy esa estatura con un análisis de las declaraciones que Jiménez Godínez rindió ante el Congreso de la Unión, publicadas por “Diario de Yucatán” el miércoles 15 de abril:

Uno. El señor Jiménez afirma que asistió a una reunión en las Torres de Cristal con otras cuatro personas: un subalterno suyo, su amigo Carlos Mouriño Terrazo y dos representantes de Megamedia.

FALSO: omite la reconocida presencia de una quinta persona: Jorge Lavalle Maury, coordinador de la campaña del candidato panista a la gubernatura, Mario Ávila Lizarraga.

Dos. El señor Jiménez alega que su presencia obedeció a tres motivos:

1) Asumir el riesgo de suscribir personalmente, en un año difícil, la contratación de convenios ANUALES de publicidad de la Lotería en las plazas más importantes.

FALSO: su intervención en la plaza de Campeche consistió en asumir sorpresivamente la dirección de las negociaciones para acordar la propaganda electoral de cinco candidatos panistas en los dos periódicos de Megamedia, “Diario de Yucatán” y “La i”, y ordenar que el importe de esa publicidad fuera facturado para su cobro a la Lotería Nacional.

2) Reactivar el contrato comercial con el “Diario de Yucatán”, que fue “cancelado“ en 2008.

FALSO: el contrato de la Lotería con el “Diario” nunca fue cancelado en 2008. De acuerdo con la práctica de suscribir con la Lotería contratos ANUALES, el convenio relativo a 2007, gestionado y suscrito en la ciudad de México mediante gestiones de nuestra oficina en esa capital (Asociación de Editores de los Estados), de la misma manera fue renovado por un año en 2008 y comprendió anuncios publicados de mayo a diciembre de ese año.

FALSO: los representantes de Megamedia no fueron convocados para celebrar un convenio comercial con la Lotería: Mouriño Terrazo los citó con el ÚNICO objeto de finalizar las ya comenzadas gestiones para definir en nombre de Acción Nacional la propaganda de los candidatos panistas en los periódicos de Megamedia.

3) El señor Jiménez dice: “Acudí al auxilio de un amigo, quien me facilitó una oficina”.

INCRIMINATORIO, por dos razones:

Primera: Confirma que acudió al auxilio de Mouriño Terrazo, aunque trata de nuevo, con la referencia de “amigo”, de desligar al PAN de la reunión de Campeche. Omite que su amigo es el dirigente panista facilitado para gestionar y decidir la propaganda panista.

Segunda: al decir que “se ME facilitó una oficina”, reconoce que él, director de la Lotería, tuvo a su cargo las negociaciones con Megamedia.

Tres. “Es mentira que la institución haya ofrecido un contrato de publicidad para Melate, Tris y Progol, pues son productos comerciales de Pronósticos Deportivos, empresa distinta a la Lotería Nacional”.

INCRIMINATORIO: esta diferencia, reconocida ya oportunamente por este periódico, confirma que Jiménez gestionó publicidad para la Lotería en una junta pactada exclusivamente para definir propaganda política panista.

Cuatro. El señor Jiménez se concretó a lacónica respuesta de “Es falso” cuando se le preguntó si había tratado de sobornar a los representantes de Megamedia.

FALSO: cuando los representantes de Megamedia rechazaron la propuesta de facturar la propaganda panista a la Lotería, el señor Jiménez trató de sobornarlos con un contrato de TRES AÑOS, no ANUAL, para publicidad de la Lotería en 2008, 2009 y 2010 en los periódicos de Megamedia.

La propuesta del señor Jiménez se aparta por completo de la norma que la Lotería ha observado en sus tratos con “Diario de Yucatán” y por lo menos con otros periódicos de la Asociación de Editores de los Estados: renovación anual de su publicidad en convenios suscritos con la mediación de la Asociación de Editores de los Estados.

Cinco. Soy inocente —asevera el señor Jiménez— porque, según tesis de la Suprema Corte de Justicia, nadie es culpable de un cargo sino hasta que se demuestre lo contrario.

La columna subraya la importancia de esta afirmación de Miguel Angel Jiménez. Hay cierta verdad en esta invocación del tribunal. El testimonio de Megamedia tiene un peso moral por verificable y verificada honradez informativa de su periódico “Diario de Yucatán” en sus 83 años. Un peso moral indiscutible que puede bastar para convencer a la opinión pública e influir, por citar un ejemplo, en la votación a favor o en contra de un candidato. Indiscutible sí, pero que puede ser insuficiente desde el punto de vista jurídico si el juzgador decide que la honorabilidad comprobada de un periódico no basta para condenar: es necesaria una prueba comprobable de que el acusado es responsable del delito de que se le acusa.

A juicio nuestro, sobran ya las circunstancias reveladoras de que Miguel Angel Jiménez es responsable con premeditación, alevosía y ventaja de los cargos que Megamedia le formula. Ventaja porque se defiende en un Congreso que, con alguna excepción, no lo presiona, ni lo apremia, ni cuestiona su insostenible versión de los sucesos. Los diputados del PRI permanecieron en comprensivo silencio: sin hacerle siquiera una pregunta.

A lo que la columna se dirige es a evaluar en toda su trascendencia la postura que asuman los representantes del PAN en la junta de Megamedia. Carlos Mouriño y Jorge Lavalle son los testigos que deben aportar el testimonio legal que puede ser indispensable. Dios mediante, mañana nos ocuparemos de esta responsabilidad conjunta de las directivas campechana y nacional en este escándalo que tiene como derivado secundario la tentativa de soborno, pero como delitos primordiales el intento prohibido, antidemocrático además, de destinar fondos públicos a la propaganda de un partido político y el perjurio en que Miguel Angel Jiménez incurre con sus falsos juramentos ante el Congreso de la Unión, principal representante legal del pueblo mexicano.

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