(Primera Columna publicada el 17 de enero de 2008)
Respecto a los delitos que retienen la atención estatal, porque atentan contra la seguridad pública, el “Diario” inserta en la página 13 de su sección Local de ayer, miércoles 16, un “Mensaje del Ejecutivo del Estado a los habitantes de Yucatán” que incluye los conceptos que citamos y comentamos a continuación:.
1. “Se invita a los medios de comunicación a no difundir datos incorrectos que pudieran confundir y atemorizar a la población”.
Este periódico tiene por comprobable norma editorial publicar las precisiones o aclaraciones que rectifiquen la publicación de datos que se puedan apartar de la verdad. Lo hacemos cuando nos lo solicitan o, aunque no se nos pida, cuando nosotros advertimos la incorrección.
En el cumplimiento de esta norma nos hemos encontrado con que una de las fuentes principales de datos incorrectos son las autoridades y su frecuente renuencia a corregirlos aunque se les demuestre un error o falsedad que pueda inducir a confusión o temor.
También es frecuente en nuestro medio que las autoridades, sin una explicación razonable, den la callada por respuesta cuando, incluso antes de difundirlas, se le solicita una declaración acerca de las versiones que circulan sobre sucesos de interés público en los que esas mismas autoridades han intervenido o deben intervenir.
2. “Las corporaciones policíacas y las instancias encargadas de la comunicación social estarán atentas para proporcionar oportunamente los datos confirmados que garanticen una información confiable para la sociedad”.
Es experiencia nuestra que en las corporaciones policíacas y las instancias de comunicación social hay una tendencia a negarle al periodista los datos para dar respuesta oportuna y suficiente a las preguntas que la sociedad se formula sobre un acontecimiento que la afecta. Esta falta de atención entorpece el cumplimiento de una responsabilidad común: la de garantizar que son honorables y eficientes la intención y la actuación de las autoridades y los medios de comunicación. Esta ausencia de garantías puede menoscabar el prestigio de ambos y obligar a la prensa a defender su buen nombre.
La mencionada tendencia está visible en la negativa del procurador a responder a las preguntas que le fueron planteadas ayer por un reportero nuestro sobre los hechos de sangre en una residencia del fraccionamiento meridano de Montebello. Negativa que el funcionario basó en una exigencia infundada de respeto a las investigaciones del ministerio público.
3. “El Ejecutivo del Estado respeta la crítica como elemento esencial de la libertad de expresión, pero hay que considerar en el ejercicio de esta libertad la gran responsabilidad que sobre los medios de comunicación recae al momento de informar a la sociedad”.
Para el ejercicio pleno y constructivo de la crítica es esencial también el respeto de los gobernantes al derecho a la información, que es insustituible materia prima de la libertad de expresión.
4. “Se hace un reconocimiento a los elementos de las corporaciones de seguridad pública del Estado, de los municipios y la Federación, por su destacada labor ante los últimos sucesos. Su esfuerzo es agradecido por el gobierno y la ciudadanía”.
Consideramos que la labor de las corporaciones de seguridad pública del Estado se ha destacado, sí, pero demasiadas veces por sus omisiones y deficiencias. No merecen el agradecimiento sino la extrañeza o la censura del ciudadano.
En Primera columna y otros espacios hemos publicado las pruebas que avalan nuestra opinión. Pruebas como la empecinada ausencia de materia legal y sentido común que abunda en las acusaciones que han recluido en prisión a un alto funcionario del gobierno que precedió al actual. Como las contradicciones e irresponsabilidades en conflictos con la federación. Como la decisión, tan demorada como insólita, que se ha tomado sobre los disturbios de Sotuta: someter a juicio a los acusadores, no a los acusados, en una muestra de parcialidad política. Etcétera. Etcétera nutrida por la renuencia injustificada a reconocer una equivocación. Renuencia que es una falta de respeto a la crítica.
La administración de Ivonne Ortega Pacheco se mece aún en la cuna. Creemos que está a tiempo de reconstruir la perdida congruencia entre la palabra y el hecho, en una restauración indispensable para que merezca la confianza y credibilidad que está buscando por extraviados caminos que no conducen a la seguridad pública. En esta tarea de rectificación debe colaborar la sociedad acompañando a las autoridades y advirtiéndolas de sus errores. Es un compromiso común que sólo se puede cumplir cuando el pueblo cuenta con la información veraz, oportuna y suficiente que le permite seguir y juzgar los actos del gobierno y salvarlo de la soledad. Una soledad en la que se gobierna para favorecer los apetitos individuales o de secta en vez de los intereses del bien común.