(Primera Columna publicada el 25 de marzo de 2009)
Las instituciones del sector privado pueden jugar un papel importante en la promoción de las buenas relaciones entre las autoridades del sector público y entre éstas y la sociedad. Su intervención profesional y oportuna en los asuntos de interés colectivo puede prevenir conflictos o favorecer la rapidez y justicia de su solución, de manera que no alcancen dimensiones de una confrontación que a nadie beneficie.
Mueve a esta reflexión la auditoría que la Contaduría Mayor de Hacienda, dependencia del Congreso estatal, practica a las cuentas del Ayuntamiento de Mérida con motivo de la insolvencia en que han caído los negocios particulares de su ex secretaria de comunicación Cecilia Flores.
Una polémica que ha envuelto a la auditoría hasta convertirla en piedra de un escándalo que al parecer distrae fondos públicos de sus legítimos cauces y aparta a funcionarios públicos del cumplimiento de su deber por los siguientes motivos:
1. La Contaduría ha elevado a 25 el número de auditores que intervienen en la investigación.
2. La Contaduría exige que la Comuna le proporcione tres copias de alrededor de un millón 350 mil documentos, para un total de 5 millones de copias, y que coteje los 5 millones de copias con los originales.
3. El Ayuntamiento considera ilegal la demanda de copias apoyado en este razonamiento jurídico (Diario de Yucatán, jueves 19 de marzo):
—La ley de la Contaduría Mayor de Hacienda ordena que ésta sujete su trabajo al Código Fiscal del Estado.
—El artículo 61 del Código Fiscal faculta a los auditores de la Contaduría para sacar copias de los documentos, pero no impone esta obligación al Ayuntamiento.
—El mismo artículo 61 dispone que los auditores, no la Comuna, coteje las copias con los originales.
El departamento jurídico municipal citó a la letra el texto relativo del mencionado artículo.
4. El Ayuntamiento ha tenido que destinar más del 70 por ciento de su personal administrativo a sacar los 5 millones de copias y efectuar los 5 millones de cotejos con el millón 350 mil documentos.
A estos cuatro puntos hay que añadir otros que subrayan la trascendencia del asunto:
a) El presidente de la Contaduría Mayor de Hacienda, René Márquez Arcila, es también presidente del Colegio de Contadores Públicos de Yucatán.
b) El Congreso y la Contaduría no han refutado los argumentos jurídicos de la Comuna para calificar de ilegal la actuación de los auditores. Ni siquiera han intentado refutarlos, a pesar de que ha transcurrido una semana desde su publicación.
c) Sin embargo, sigue en vigor la demanda de que el Ayuntamiento haga los 5 millones de copias y 5 millones de cotejos.
d) A pesar de que está en tela de juicio la capacidad y rectitud de su actuación al frente de la Contaduría, así como el aprecio que tenga a su buen nombre, el señor Márquez Arcila guarda silencio: no defiende su medida calificada de ilícita.
e) Queda en incómoda situación el prestigio del Colegio de Contadores Públicos de Yucatán por dos causas:
—No se sabe que haya exigido alguna explicación al señor Márquez, por el entredicho en que coloca a la institución que representa.
—El Colegio es el especialista profesional en el conocimiento y práctica de las disposiciones legales que su presidente es acusado de violar.
Creemos que una intervención oportuna del Colegio para refutar los argumentos de la Comuna, o exigir su refutación a cargo de la Contaduría Mayor de Hacienda, o, en su caso, solicitar la suspensión de la demanda ilegal, habría impedido que el problema cobrara la escandalosa magnitud que hoy tiene.
Ante esta omisión, que aún es tiempo de subsanar, nos quedamos con la impresión de que en el seno de las instituciones privadas hay todavía un déficit importante de conciencia y valor cívicos, de voluntad de estar al servicio del bien común. Un déficit que es cómplice de los funcionarios que abusan del poder porque sus infracciones a la ley quedan impunes.
Un déficit de vigilancia y acción social, ciudadana o institucional, como se quiera llamarla, que en este caso, mientras no se demuestre lo contrario, ocasiona que los contribuyentes meridanos paguen el costo de una demanda absurda que distrae hacia fines ilícitos la atención de los funcionarios y empleados impedidos de cumplir su deber. No sale de la cartera del alcalde ni del sueldo de sus colaboradores el dinero para los 5 millones de copias y 5 millones de cotejos.
Déficit agravado por la circunstancia de que priva a los ciudadanos de la orientación indicada para un conflicto en el que la sociedad se queda al garete entre dos autoridades que se enfrentan sin que haya un árbitro que vele por el cumplimiento de las reglas del juego ni determine de parte de quién están la razón y la ley. O peor: cuando el único árbitro es una de las partes en pugna.