(Primera Columna publicada el 9 de diciembre de 2010)
La columna considera que no están bien fundadas las opiniones que externan los diputados del PRI y sus simpatizadores en la polémica sobre el alza de impuestos y derechos enviada al Congreso por la gobernadora del estado.
El coordinador de la bancada oficial, Mauricio Sahuí Rivero, descalifica la oposición de trece agrupaciones civiles acusándolas de ser simuladoras encubiertas de un partido: alega que “no son genuinamente organizaciones civiles, más bien son vinculadas al PAN”.
Mauricio Sahuí invita a los diputados que no están de acuerdo con los aumentos en los gravámenes a una reflexión seria y a presentar propuestas sobre “qué ponerle y qué quitarle al presupuesto para cumplir con el desarrollo del estado.
Edilberto Rodríguez, diputado por el PRD, sigue la orientación de Sahuí al decir que las trece asociaciones se conducen con una clara tendencia o afinidad política y partidista que les resta credibilidad.
A su vez, el coordinador del Partido Verde en la Cámara, David Ramírez Sánchez, manifiesta que se debe dar al gobierno la oportunidad de ejercer el presupuesto con los incrementos fiscales y someter luego a vigilancia su buena aplicación.
No es nuestra intención discutir sobre la filiación política de las trece organizaciones, aunque creemos que la pertenencia a un partido político o la simpatía por él son factores que se deben tomar en cuenta en los debates sobre tópicos de la cosa pública.
Pero, para nosotros, esa filiación política juega un papel secundario y tiene una importancia que reside no en el enfoque partidista como motivo de descalificación, sino en la ideología política, económica y social que representa como auxilio a la calificación.
La credibilidad de un partido u otra entidad no reside entonces en que se oponga o apoye una iniciativa gubernamemtal sino en la fidelidad a sus principios y su trayectoria veraz o mentirosa.
En el caso que nos ocupa, como en cualquier otro proyecto legislativo, el criterio prioritario es establecer si está en consonancia con las normas del buen gobierno y si favorece los intereses del pueblo: no de donde procede.
En este análisis, la posición que asume Sahuí Rivero es negativa, además de contradictoria. Pide una reflexión seria, pero el PRI se resiste a reflexionar al negarse a recibir en el Congreso a los representantes de agrupaciones que han solicitado que se les explique cómo será analizada en la Cámara la solicitud alcista de Ivonne Ortega.
Actitud negativa también porque el señor Sahuí incurre en el mismo pecado que atribuye a las trece organizaciones: denostar, que significa desacreditar y ofender gravemente y de palabra. En vez de invitarlas a una reunión cameral en que expongan su punto de vista, las ofende con ligereza al llamarlas simuladoras y decirles que no persiguen el bien común sino los fines de un partido político. Simulación es un vocablo fuerte: es la presentación de algo imaginado o inexistente como si fuera cierto o real.
Afirmar que la administración pública es un lastre retardatario en materia de rendición de cuentas, transparencia, despilfarro y falta de inversión productiva es referirse a una verdad incontrovertible, basada en documentos públicos: no es invento de trece agrupaciones sino reclamación generalizada de los contribuyentes. Es una queja a la cual Ivonne Ortega, Mauricio Sahuí y su partido han tenido sobradas oportunidades de responder pero no han querido o podido hacerlo a carta cabal.
La vigilancia del ejercicio del presupuesto, que propone el diputado verde a cambio de aprobar el alza de impuestos, ha existido desde hace tiempo y perfeccionado conforme avanza el quinquenio de Ivonne Ortega. Poco se ha conseguido, aparte de silencios y denostaciones. Ahora se presenta al Congreso nueva ocasión de portarse con lógica ciudadana: que analice con la Coparmex la propuesta contraria a los aumentos que esa institución civil le ha ofrecido.
Un gobierno que triplica en tres años el gasto corriente en el seno del desaseo y la irresponsabilidad recalcitrantes no merece una oportunidad de manejar más dinero: merece, además de una vigilancia puntillosa, una reducción que corrija la tendencia actual al derroche en lo superfluo.
Al colgar una etiqueta partidista a la sana preocupación de yucatecos bien intencionados, en declaraciones en que denosta y simula, el coordinador del PRI incurre en una práctica viciada que es común en su instituto político: escupir hacia el cielo.— Mérida, Yucatán, 8 de octubre de 2010.