(Primera Columna publicada el 8 de julio de 2011)
Después de leer las denuncias copiosas y precisas publicadas por “Diario de Yucatán” en su edición de ayer sobre el escándalo del túnel de Montejo, don Vittorio Zerbbera y don César Pompeyo redactaron en la sacristía de la iglesia de San Juan Bautista el documento que se transcribe a continuación:
“Considerando que:
a) La presidenta municipal Angélica Araujo Lara está relacionada personalmente con los cabecillas de extracción prostibularia que dirigieron el ataque a los meridanos, relación demostrada con fotografías.
b) La misma Angélica Araujo ha incurrido en tentativa consciente de engaño a la opinión pública, al negar la existencia de comprobados actos de agresión, o en su defecto no sabe ni “j” de lo que sucede en la ciudad que dicen que gobierna.
c) El oficial mayor de la comuna, Gaspar Quintal Parra, está acusado de estar a cargo, con amor al detalle, de la incubación y ejecución de la embestida, con la asistencia eficaz de empleados del municipio y matasietes afiliados al PRI.
d) Altos funcionarios municipales fueron vistos como testigos impávidos de la ofensiva contra el pueblo.
e) La susodicha señora Araujo demuestra su ignorancia de la realidad o su afición a la mentira, al negar la intervención de personal de la comuna en el escándalo.
f) La fuente de la glorieta, nueva víctima, fue objeto de mantenimiento eléctrico, hidráulico y decorativo en marzo y abril de este año de 2011, en una prueba de que la comuna no tenía la más remota idea o intención de hacer el túnel o de que incluye en su programa de desarrollo urbano la destrucción inmediata de lo que construye.
g) Los comerciantes del rumbo se quejan de falta de estrategia y preparación en la fallida promesa oficial de asegurar el acceso de los clientes a sus negocios.
h) Abundante policía fue convidada de piedra al asalto, al mirarlo sin pestañear ni mover un dedo.
i) La misma policía está protegiendo con activa y profusa movilización los trabajos del túnel.
j) La comuna tendría que suspender los trabajos si no contara con la protección explícita e intimidante de la policía.
k) Que no se mueve una hoja en la comuna y la policía sin la voluntad de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco.
l) Dirigentes y otros representantes del PRI guardan elocuente silencio o de plano han tratado de impedir o estorbar la investigación o deslinde de responsabilidades.
Llegamos, en vista de los doce considerandos, a las siguientes conclusiones inevitables:
1) El ayuntamiento de Mérida, su presidenta Angélica Araujo y su plana mayor son en conjunto culpables de la planeación cuidadosa de una operación de delincuencia organizada en perjuicio de ciudadanos indefensos.
2) El mismo ayuntamiento se ha rebajado hasta la calumnia al tratar de culpar a un partido político y otros personas y entidades de los hechos delictuosos.
3) La improvisación, la prisa y la obstinación han reemplazado al estudio reflexivo y responsable en los asuntos de la construcción del túnel y sus consecuencias.
4) La gobernadora Ivonne Ortega, su partido el PRI y personal de los prostíbulos son socios en comandita, por injerencia directa o complicidad manifiesta, en la noche triste y el día nefasto en que inermes hijos e hijas de Mérida fueron vapuleados por la fuerza pública en grado de ferocidad cuando ejercían el derecho constitucional a la protesta pacífica contra actos de las autoridades.
5) Como tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, se propone una declaración conjunta que establezca y proclame la insolvencia moral de los sujetos y sujetas involucrados en los ilícitos expuestos”.
Hasta aquí el texto del documento, que lleva el título de “Acta de San Juan”. Los lectores, claro, son libres de adherirse o no a sus considerandos y conclusiones, que la columna se ha concretado a transmitir como simple proposición .— Mérida, 8 de julio de 2011.