(Artículo publicado el 19 de enero de 2010)
En su primera postura sobre la precampaña, publicada ayer lunes, “Sociedad en Movimiento” lamenta que en la propaganda electoral se ha dado preferencia hasta ahora a “la venta de imagen” en perjuicio del debate y la exposición de ideas.
Este asunto de la venta de imagen en una campaña política tiene otro cariz que no debe pasar inadvertido: una exclusividad que desemboca en una discriminación inaceptable en una democracia.
Nos referimos a la venta de imagen en la parte posterior de la carrocería de los autobuses. Venta acaparada hasta hoy por un partido político.
Ha comenzado ya esta manera de propaganda que en campañas políticas anteriores fue motivo de quejas y denuncias. Nosotros hemos visto ya, por lo menos, los rostros de dos candidatos del PRI, Angélica Araujo y un señor llamado Javier, viajando en las espaldas de los autobuses.
Quejas y denuncias han obedecido a las respuestas negativas que suelen recibir las gestiones de otros partidos por colocar las imágenes de sus candidatos en los autobuses. Hubo alguna vez ciertas excepciones, tan peleadas, tan aisladas, que son excepciones que confirman la regla.
El motivo acostumbrado para excluir de esta venta de imagen a cualquier partido que no sea el PRI es siempre el mismo: las empresas de transporte y sus vehículos son de propiedad particular y libres por lo tanto de hacer en la materia lo que les parezca o les convenga. No hay ley que afecta en algún modo su decisión.
Expondremos un criterio distinto. Es cierto que se trata de empresas particulares, pero es importante recalcar que prestan un servicio público gracias a una concesión que el gobierno les otorga.
En manos autoritarias, las concesiones oficiales suelen ser instrumentos para someter a los concesionarios a la voluntad de los gobernantes y los partidos a los que éstos pertenecen.
Del sometimiento impuesto se pasa a una identificación en la que no es necesario recordar ni mucho menos obligar: los concesionarios son servidores espontáneos e incondicionales del gobierno y su partido dondequiera que puedan puedan ser útiles, como en el acarreo de personas y, desde luego, la venta de imagen.
Una concesión otorgada por el gobierno y financiada por las tarifas que pagan los pasajeros, pasajeros que pertenecen a distintos partidos o a ninguno, se convierte así en un monopolio que favorece los intereses de una facción política. Una nada más.
Un monopolio que utiliza la fuerza del gobierno y el dinero del pueblo para dar a los candidatos de un solo partido una movilidad y una difusión por todos los rumbos y rincones de la ciudad en grado de ubicuidad, o sea en cualquier parte y al mismo tiempo. Movilidad y difusión en grado de ubicuidad inaccesibles a todos los demás partidos políticos.
La imagen se reviste así de un poder mucho mayor que las ideas y los objetivos, los programas y los debates. Un poder desmesurado, discriminatorio, que tiende a poner la administración pública en manos de los más vistos no de los más capaces.
En su primera postura sobre la precampaña, “Sociedad en movimiento” exhorta a todos los yucatecos a vigilar las actividades políticas porque, entre otras razones”, en vez de avanzar en la democracia, con la exposición de propuestas y el debate, para que los ciudadanos evalúen la capacidad o la mediocridad de los candidatos, sólo se nos vende imagen, no ideas, y eso marca un proceso de deterioro”.
A nuestro juicio, el bien común recomienda una vigilancia especial: que la venta de imagen en los autobuses esté sujeta a normas antimonopólicas, transparentes, que garanticen la equidad y el juego limpio en la competencia electoral por los puestos públicos. O todos hijos o todos entenados.
Una vigilancia en la que deben concurrir, con los ciudadanos, los grupos cívicos, las instituciones representativas de la sociedad y, sobre todo, las autoridades electorales, a fin de prevenir o corregir los excesos antidemocráticos que en ocasiones anteriores, tan numerosas cuanto conocidas, han conspirado para convertir en letra muerta las disposiciones para promover el voto razonado que lleva a los mejores al poder.
Se vería muy bien que los mismos candidatos ubicuos, beneficiados hoy por el monopolio y la discriminación, en un gesto de buena voluntad renuncien a esta exclusividad que los demerita, como garantía de que mañana, si han triunfado en los comicios, como funcionarios públicos no prohijarán ni consentirán privilegios contrarios a la justicia, la igualdad de oportunidades y la libertad de expresión.— Mérida, Yucatán, 18 de enero de 2009.