Mafia inmobiliaria

Tráfico de tierras en Yucatán: seis años de impunidad a la apropiación de predios costeros

miércoles, 8 de junio de 2022 · 05:15

Los integrantes de la llamada “mafia inmobiliaria de la costa” actuaron con impunidad y, al parecer, protegidos por otras autoridades.

Varias muestras de eso las publicamos ayer, pero hay muchas más.

Por ejemplo, según un análisis de los predios que terminaron en su poder, el 22 de abril de 2016, en escritura pública otorgada por el notario Orlando Paredes Lara, el entonces alcalde de Celestún, Leonel Rosado Mena, adjudicó a una supuesta empresa identificada como Comercializadora del Sureste Bull, S.A. de C.V., y a su apoderada Lina Asunción Castillo Chan el tablaje catastral 3867, con 157 metros lineales de playa y 24,686 metros cuadrados de superficie total.

El terreno se localiza en la carretera Celestún-Sisal, una zona privilegiada por su arena blanca y aguas cristalinas.

La justificación de Rosado Mena para otorgar la adjudicación gratuita de este predio, propiedad del municipio, se hizo a fin de que los dueños de la compañía beneficiada ¡“construyan su casa”!, en flagrante violación a la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

Ésta establece que el municipio puede adjudicar a título gratuito un terreno de su propiedad para la construcción de vivienda, pero su superficie no debe exceder los 600 metros cuadrados.

Más socios de la mafia inmobiliaria de la costa

Otro caso escandaloso de apropiación impune de bienes públicos es el descubierto en torno al lote catastral 4223, de Dzilam Bravo, con 481 metros de playa, en la carretera Dzilam-Santa Clara. Aquí la fecha de adjudicación del terreno es de abril de 2015, pero la inscripción se hizo en el Registro Público en el período del alcalde Julio Abraham Villanueva Rivero, el 9 de marzo de 2016.

El Ayuntamiento de Dzilam Bravo adjudicó gratis este predio a la empresa Uredi, S.A. de C.V., con el compromiso de ésta de impulsar allí obras de desarrollo económico con generación de empleos.

El 8 de junio de 2017, empero, hipotecó el terreno el apoderado de esa compañía, Julio Presuel Moreno, estrechamente vinculado con el diputado federal Mario Peraza Ramírez, otro integrante de la “mafia”.

No obstante estas y otras evidencias, los presuntos responsables de esta gran operación de despojo —por lo menos 10,594 metros lineales de playa en Dzilam Bravo y Celestún— permanecen impunes, a casi seis años de los hechos.

Aunque la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) abrió tres carpetas de investigación en este gobierno y ordenó el cierre de registro de al menos 27 lotes catastrales, de un total de 74 identificados en esa operación, más de un año después canceló la mayoría de esos cierres, al parecer por la prescripción del delito.

Solo en tres de esos cierres, en Celestún, la Fiscalía impidió la venta ilegal de los predios, propiedad del Ayuntamiento.

Falta de atención en otros casos

La Fiscalía no intervino en decenas de otros predios involucrados en la operación, aunque recibió denuncias de varias personas afectadas por este despojo y en algunos casos llegaron ante un juez, sin mayores consecuencias.

Ante la presunción de la comisión de posibles hechos de corrupción, la FECC abrió la carpeta de investigación número C1/10/2019 por la adjudicación a título gratuito de 23 lotes catastrales, supuestamente del fundo legal del municipio de Dzilam Bravo, otorgadas presuntamente por el alcalde de esa población en el período 2013-2015, Pedro Jesús Castillo Reyes.

Rechazan versión

Como detallaremos en siguientes entregas, este exfuncionario niega rotundamente ser responsable de esas adjudicaciones y señala que son falsas las actas de cabildo en las que aparecen sus autorizaciones, expedidas entre diciembre de 2013 y diciembre de 2015.

De acuerdo con los datos recabados por Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, todos esos predios se inscribieron en el Registro Público de la Propiedad durante la gestión del sucesor de Pedro Castillo, Villanueva Rivero, apodado “Triki”.

En esa carpeta de investigación se incluyó también un lote catastral con 102 metros lineales de playa, adjudicado gratuitamente por Villanueva Rivero a una empresa privada el 30 de mayo de 2016.

Derivado de esa carpeta de investigación, el fiscal coordinador de la mesa II de la FECC, ordenó el cierre de los folios electrónicos de esos 24 predios, a la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Insejupy.

La razón: “por la probable comisión de un hecho de los que señala la ley como delitos por hechos de corrupción, con objeto de no causar afectaciones y que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran”.

Sin embargo, 16 meses después, el 16 y 18 de junio de 2021, el mismo fiscal investigador ordenó la cancelación del cierre de registro de esos predios, de modo que las empresas y personas beneficiadas con las adjudicaciones, presuntamente ilegales, siguieron en posesión de esos terrenos.

La principal causa de la cancelación habría sido la supuesta prescripción de los delitos perseguidos, cometidos entre 2013 y 2016, como ya se dijo.

Operación Dzilam Bravo y Celestún

En el caso de Celestún, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción abrió dos carpetas de investigación: la C1/08/2020 y la C1/45/2021 que, en efecto, impidieron la transferencia ilegal de tres grandes propiedades a integrantes de esa “mafia”.

En siguientes entregas abundaremos sobre el tema y daremos también detalles sobre las dos grandes vertientes de este fraude inmobiliario, el mayor conocido hasta ahora en Yucatán: la Operación Dzilam Bravo y la Operación Celestún.

Galería de fotos

Más de