La cuesta de enero
FREDDY ESPADAS SOSA (*)
El aumento en los precios de los bienes y servicios fundamentales es un fenómeno que está azotando duramente la economía familiar desde el año pasado. Este incremento se ha intensificado al inicio de este 2018, conformando lo que elegantemente solemos llamar “la cuesta de enero”.
De acuerdo con información oficial del Inegi, la inflación alcanzó su mayor nivel en 17 años, al llegar casi al 7 por ciento acumulado al cierre de 2017 (Diario de Yucatán, 10 de enero, Nacional, p. 5).
Cabe enfatizar que los gasolinazos aprobados por el gobierno y sus aliados del PRIAN —de los que tramposa e inútilmente se pretenden deslindar los precandidatos presidenciales José Antonio Meade, del PRI, y Ricardo Anaya, del PAN, PRD y MC— han sido uno de los factores detonantes de la aguda carestía en curso, destacándose el disparo brutal de un insumo indispensable para las familias, el gas butano, cuyo precio pasó de 13.40 pesos el kilogramo en diciembre de 2016 a 20.00 pesos el kilo en este mes de enero, lo que representa un aumento desmesurado del ¡49.25 por ciento!
Y aunque resulte una verdad de Perogrullo, debe recordarse que no existe nada más angustiante para un jefe de familia que experimentar en carne propia cómo su salario no alcanza para satisfacer las necesidades más apremiantes de sus dependientes económicos.
En efecto, la mayoría de las familias de las clases populares viven al límite de la sobrevivencia, agobiadas por cubrir los gastos de la alimentación y los servicios básicos como electricidad, agua potable y embotellada, gas, a los cuales hay que añadir otras erogaciones como cuotas y útiles escolares, impuestos prediales, consultas médicas particulares, compra de medicamentos por desabasto en las instituciones públicas, y un largo etcétera.
En este tesitura, cabe preguntar: ¿a quién rayos le importa el bienestar, la salud y la tranquilidad de las familias de los millones y millones de trabajadores que generan día tras día la riqueza social, y de la cual se apropian unos cuantos?
¿Qué han hecho y qué hacen la enriquecida clase gobernante y los políticos en general para garantizar que el salario les alcance a las familias para llevar una vida sin estar sufriendo el verdadero calvario que implica su lucha cotidiana por la sobrevivencia?
Desde luego, es cierto que vivimos en un sistema capitalista cuya naturaleza intrínseca hace que la inmensa mayoría de las personas en edad laboral tengan que vender su fuerza de trabajo en los sectores público, privado y social, a fin de agenciarse los bienes y servicios indispensables para el desarrollo de sus familias.
Es cierto también que las leyes que rigen al capitalismo conducen a una enorme concentración de la riqueza y el ingreso en manos de las clases económicamente dominantes y de sus sirvientes en el poder político, como lo evidencian los datos del Inegi: para 2014, el 30 por ciento de los hogares con mayores ingresos (correspondientes a los deciles VIII, IX, X) concentraron el 62.5 por ciento de los ingresos corrientes totales, mientras que el restante 70 por ciento de los hogares (deciles del I al VII) obtuvieron sólo el 37.5 por ciento del ingreso.
Pero a pesar de lo anterior, no se necesita tener mucha inteligencia ni tanto sentido común para entender que si se aspira a un desarrollo socioeconómico más equilibrado y se desea prevenir estallidos sociales de imprevisibles consecuencias, resulta necesario que los ingresos que perciban los sectores mayoritarios sean de la cuantía adecuada para llevar una vida digna.
Así se estipula en la fracción VI del artículo 123 constitucional, que a la letra dice: “Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”.
Huelga decir que este precepto es letra muerta en la realidad, pues los 88.36 pesos del salario mínimo autorizado para este 2018 se encuentra por debajo de la línea de bienestar señalado por el Coneval.
Por todo lo anterior, es muy probable que ante la intensificación actual de la carestía, los temas de la economía y de las condiciones de vida de la población —hoy por hoy afectadas duramente por la fallida política económica neoliberal— se posicionen firmemente en la agenda pública y en el discurso político que se está produciendo en la campaña presidencial. Veremos.— Mérida, Yucatán.
canek_1999@yahoo.com.mx
Profesor-investigador titular “C” de T.C. Universidad Pedagógica Nacional