Los privilegios del viejo régimen
Filiberto Pinelo Sansores (*)
Se han formado dos bloques en el país: uno inmensamente grande, el de los que votaron por un cambio verdadero, representado por ese 53% de los electores que sufragaron en favor del virtual presidente electo López Obrador, y otro, integrado por buena parte de quienes votaron en su contra, temerosos de que realmente el electo ponga en práctica las medidas que anunció durante su campaña. Sobre todo porque se están preparando todas sus propuestas para aplicarlas desde el primer día de su mandato.
Mil y un argucias se repiten contra las disposiciones que se anuncian para disminuir los elevadísimos sueldos y canonjías que tienen los altos funcionarios federales del país, con repercusiones en los tres órganos de gobierno y en los tres poderes de la Unión. Es un clamor nacional que a lo largo de los años se ha levantado para que se termine con la insultante paradoja social de unos mandantes que tienen salarios —cuando los tienen— miserables, de escasos 88.36 pesos diarios muchos de ellos, y mandatarios —es decir, supuestos empleados suyos— que se embolsan cantidades que llegan hasta los 20 mil pesos por día, como los Ministros de la Suprema Corte, que con sus 600 mil pesos al mes llegan al tope, en el extremo.
Con distintos tonos, todos los adversarios de las medidas propuestas coinciden en sus argumentos: que se vaciará el gobierno de sus funcionarios más capaces, frente a los gravísimos problemas del país, porque ante los “bajos” sueldos se verán obligados a emigrar a la iniciativa privada donde se pagan salarios de ensueño y ocuparán entonces los cargos públicos funcionarios incapaces. Uno se pregunta, si tan capaces son los servidores públicos actuales, ¿por qué entonces están dejando al país en las deplorables condiciones en que en todos los rubros de su vida se encuentra? ¿Qué acaso es el dinero el único estímulo que el hombre y la mujer requieren para actuar con eficacia y decencia en la vida? ¿No son personas inmorales aquellas que afirman que si les reducen sus estratosféricos sueldos a una cantidad menor que la del presidente del país, de $108,000 al mes, tendrían que dedicarse a robar, mostrando un peligroso espíritu antisocial?
Algunos de los críticos llegan al extremo de decir que se “están desconociendo derechos adquiridos” de dicha burocracia de lujo y que por ello la medida “puede ser impugnable jurídicamente”, pues, afirman, se está pisoteando “la autonomía del Poder Judicial, del Legislativo Federal y de los locales, del Banco de México, de los órganos reguladores, INAI; INE; Inegi; INEE, TEPJF; Auditoría Superior, Cofece; Ifetel y de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, entre otros” y que “se trata de un atropello autoritario” (Federico Reyes Heroles, D. de Y., 26-07-18). Y uno se pregunta: ¿es que tienen algún derecho adquirido los asaltantes del presupuesto público de la nación que se adjudican estos emolumentos siendo que está vigente, desde hace mucho, un artículo de la Constitución, el 127, que establece que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la república? Quienes cobran actualmente más de lo precisado en esa norma ¿acaso no están violando flagrantemente la Carta Magna?
No puede ser un “derecho” adquirido el abuso de atribuciones, desde un cargo o conjunto de cargos públicos, para asignarse canonjías exorbitantes a costa del trabajo ajeno, algo para lo que nunca fue consultada la sociedad. Jamás se tomaron el trabajo de preguntarle al pueblo, que es supuestamente su patrón, cada vez que se aumentaban sus escandalosos sueldos, salarios y prestaciones si estaba de acuerdo con sus exagerados abusos pagados con su dinero.
Es escandaloso que uno de los más “sólidos” argumentos para defender la causa de estos enriquecidos funcionarios por la vía del presupuesto sea el de que necesitan sus insultantes, escandalosas y exageradas retribuciones para que no se vean en la necesidad de robar ni caigan en la tentación de corromperse. Como si no tuviéramos actualmente al gobierno más corrupto y ladrón de la historia, a pesar de los sueldazos, bonos, aguinaldos y otros privilegios de sus integrantes, razón por la que el pueblo decidió deshacerse de ellos.
En México tenemos miles de personas con preparación extraordinaria y dispuesta a asumir las tareas de gobierno que quedaran acéfalas cuando a quienes, por las razones que sean, no convenga seguir en algún cargo de gobierno —no obstante que se le invitara a hacerlo, en las nuevas condiciones—, a las que mueven sentimientos distintos a los numismáticos, como los del espíritu de servicio, como factor principal, por ejemplo, por lo que no se corre ningún peligro de que la función pública vaya a desfallecer.
Por fortuna, como se ha manifestado en las redes sociales, existe un gran apoyo de la sociedad para que el nuevo gobierno lleve al cabo ésta que no es sino una de las grandes tareas que se comprometió a realizar. Según el periódico “Reforma”, el apoyo de la población a AMLO es del 62%, nueve puntos porcentuales más del apoyo que recibió en las urnas (“Reforma”, 25-07-19). Y es que el pueblo no quiere más saqueos, quiere un gobierno austero, no de mentirillas sino de verdad, que haga efectiva la máxima de Vicente Riva Palacio de que “a la patria se le sirve, no se le cobra”.— Mérida, Yucatán.
fipica@prodigy.net.mx
Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa