Investigación a paso de tortuga
Marcelo Pérez Rodríguez (*)
Si la corrupción y la impunidad han sido lastres que han dañado la economía, la política de servicio y la confianza de la sociedad, es necesario entonces que se agilicen las investigaciones, se lleguen al fondo de las denuncias y se castiguen con severidad a los culpables de desvíos, malos manejos, abusos, omisiones, derroches, triangulaciones y por la contratación de empresas fantasmas.
Es lamentable que ante las denuncias por actos de corrupción contra la administración anterior que encabezaba Rolando Zapata Bello y, sobre todo, por la creación de la red de empresas fantasmas, en donde muchos funcionarios y compañías fantasmagóricas se beneficiaron por los contratos millonarios que facturaban, las investigaciones vayan a paso de tortuga y los avances sean pocos.
Además, hay un silencio entre las autoridades de la administración actual, del mismo gobernador Mauricio Vila y legisladores del Congreso. Nadie quiere hablar sobre este tema, ni dar información de lo que se hace y los avances de las investigaciones.
La desconfianza de los ciudadanos se da porque muchas investigaciones sobre corrupción y sus protagonistas se ocultan, se congelan. Por lo general se busca proteger a los involucrados con dobleces a la ley y con la búsqueda de reparar los daños con facturas o devolver parte de lo sustraído.
Sin embargo, la presión de la sociedad civil ha obligado a las autoridades a actuar sin miramientos y a crear organismos anticorrupción. Se ha avanzado poco y comienzan a ser castigados algunos gobernadores y funcionarios del gobierno peñista, quienes sin tentarse el corazón arrasaron con el dinero de las arcas públicas.
En el gobierno de Andrés López Obrador las investigaciones sobre el caso de corrupción en Pemex, Altos Hornos de México y el caso Odebrecht avanzaron, a tal grado que cuentas bancarias del presidente de Ahmsa, Alonso Ancira, y del exdirector de Pemex Emilio Lozoya están congeladas porque ellos son señalados por presuntos delitos de corrupción. Y la justicia ya está sobre ellos.
Desde el gobierno de Peña Nieto se señaló a Emilio Lozoya como personaje que había recibido millonarias cantidades como director de Pemex por parte de la empresa Odebrecht, así como otros actos ilícitos cometidos, como la venta de una planta de fertilizantes y el uso de fondos para beneficio propio. Hay orden de aprehensión para ambos; sin embargo, hay un amparo a favor de Lozoya para impedir que, por ahora, sea detenido.
Creo que los funcionarios y políticos corruptos no deben gozar de amparo alguno y ser detenidos antes de que escapen. Algunos gobernadores huyeron porque no hay detenciones rápidas por parte de las autoridades. Se les concede tiempo para huir y buscar fugarse a otros países.
Ahora bien, es necesario que a nivel local las denuncias de corrupción en contra de la administración anterior sean investigadas y castigar a los involucrados. No es posible que con tortuguismo y silencio las autoridades evadan las denuncias y busquen que el hermetismo oficial saque el escudo de impunidad.
Estamos los yucatecos cansados del saqueo impune a las arcas estatales. En el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco los abusos, derroches, nepotismo y enriquecimientos estuvieron a la orden del día. Hubo denuncias y algunos funcionarios fueron acusados de corrupción y enriquecimiento. El silencio cómplice fue la mejor respuesta.
Al llegar Rolando Zapata a la gubernatura cubrió con el manto de impunidad a la comadre y amiga. Las investigaciones se encarpetaron y su lucha feroz contra la corrupción fue pura demagogia. No hubo nada, pero en vez de hacer todo lo contrario ante el saqueo inmisericorde de la exgobernadora, Zapata Bello la imitó y quizá la superó.
Las empresas fantasmas fueron creadas para engarzar los eslabones oficiales con los amigos para facturar millonarias cantidades en Salud y otras dependencias. No hubo ferocidad ni en contra de la administración anterior ni durante su propio sexenio. Nuevamente las arcas públicas fueron saqueadas para perjuicio de los yucatecos.
Y la corrupción y la impunidad de 11 años no pueden ser olvidadas. Hay que exigir que las autoridades anticorrupción, el gobierno estatal y los legisladores se apresuren con las investigaciones y den resultados de sus pesquisas.
Asimismo, los ciudadanos y organismos civiles deben seguir insistiendo para que los creadores de la red de esas empresas fantasmas sean castigados. No solamente bloquearlas o congelarlas al descubrir su fantasmagórico proceder, sino deben haber castigo por las acciones ilícitas. También los funcionarios y el gobernante deben ser llamados a declarar y ser sancionados si hay culpa alguna. No se puede seguir solapando estos actos de corrupción.
Las investigaciones deben bajarse del carapacho tortuguil y agilizarse. El silencio de los fantasmas no beneficia al gobierno actual, ni alimenta la confianza de los ciudadanos, sino todo lo contrario. Los yucatecos queremos resultados y castigo a esos depredadores del erario. Ya no más impunidad.— Mérida, Yucatán
marpero53@yahoo.com.mx
Profesor