Nos comentan que…
Morena no termina de concretar acuerdos internos en Yucatán y ya se ve en medio de una nueva fractura. Resulta que a una parte de los militantes no les cae en gracia que de la oficina de la senadora Verónica Camino Farjat se promueva la versión de que ella será candidata a la alcaldía de Mérida por una alianza de Morena y el Partido Verde, sobre todo después de la votación de ayer en el Senado, en la cual la exdiputada del PRI votó a favor de la desaparición de los fideicomisos. Incluso, consideran que esto se vería como un pago de favores con el que no están de acuerdo. Independientemente del curso que tenga esa versión, quien se está promoviendo también como aspirante a la alcaldía meridana por Morena es otro exdiputado priista, Ismael Peraza Valdez, quien fue parte del equipo de operación política del PAN en el pasado y abandonó este partido en el proceso electoral de 2018 con el grupo de Joaquín Díaz Mena. En pocas palabras, quienes desean abanderar las causas de Morena son tránsfugas de otros partidos.
Habitantes de los tres barrios de Campeche que serán perjudicados por la construcción del Tren Maya enviaron una carta de reproche al presidente Andrés Manuel López Obrador, con copia al responsable de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, creador de este proyecto de transporte turístico y de carga. Dicen del titular de Fonatur que no conoce los barrios tradicionales que pretende destruir con el Tren Maya y cada vez que habla de este tema causa molestia entre los vecinos campechanos que van a vivir en riesgo permanente por la alta velocidad del ferrocarril, el ruido y la división que ocasionará en parte del centro de la ciudad de las murallas. Le reprochan al Presidente y a Jiménez Pons que prefieran arriesgar la vida de los campechanos a invertir en una reubicación de la línea férrea que garantice la circulación del tren en forma segura. También piden estudios serios sobre el uso de la ruta obsoleta que atraviesa Campeche para el Tren Maya sin poner en riesgo a los habitantes que deberán cruzar a la fuerza las vías para ir al hogar, al trabajo, a la escuela o para cualquier actividad. Y preguntan: ¿Por qué hacerle creer al presidente de México y a la ciudadanía que todo está bien en una ruta de 122 años y que ahora dividirá la ciudad capital de Campeche?
El abogado Lincoln Palma Rodríguez está alcanzando fama con los sonados juicios que gana en los tribunales estatales y federales, con los que mete en problemas a las autoridades municipales porque los fallos que logra en sus litigios representan mucho dinero para los ayuntamientos. Casos conocidos son el proceso que le ganó al Ayuntamiento de Mérida, que tuvo que pagar más de medio millón de pesos a una empleada que despidió la administración priista, y ahora el de Progreso, que tendrá que inscribir al Isstey a cientos de trabajadores lo que, según sus propios cálculos, costaría unos $100 millones.
El domingo pasado, la coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano, diputada Silvia López Escoffié, dirigió su mensaje a los integrantes de 40 comités municipales como si fuera una velada despedida, porque varias veces dijo que en algún momento sería relevada del cargo y quien la sustituya seguro realizará un trabajo que continúe el crecimiento del partido en el Estado. Su insistencia en que en algún momento dejaría el cargo tenía sentido porque seguramente ya sabía de la incorporación de Ivonne Ortega al llamado movimiento naranja, como ocurrió ayer, pero no lo quiso aceptar de inmediato. En cuanto a la permanencia o no de la diputada en ese partido, la moneda sigue en el aire.