Tiempos de cambio
Hace poco señalé en este espacio que uno de los signos que distinguen a la transición política que vive el país es la existencia de grandes tensiones de distinta índole, y que una de estas confrontaciones es la que se ha generado entre el titular del Ejecutivo Federal y algunos gobernadores de los estados.
Ciertos analistas consideran que con el gobierno de AMLO comenzó una especie de recentralización de la administración pública, en razón de que el Ejecutivo Federal decidió ejercer al máximo sus atribuciones constitucionales, circunstancia que se ha reflejado claramente en una reorientación sustancial del gasto público desde el ejercicio 2019.
De esta manera, la Federación puede disponer de los suficientes recursos para atender sus programas sociales estratégicos y financiar los proyectos económicos considerados como emblemáticos en la presente administración federal.
Este reforzamiento del poder presidencial, la nueva configuración política del país y el propio estilo personal de gobernar de AMLO, han alimentado con creces las tensiones Federación-Estados, al punto tal que la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) ha sufrido una seria fragmentación con la salida de 10 ejecutivos estatales, quienes crearon la llamada “Alianza Federalista” por considerar que aquel organismo ya no funciona como mecanismo efectivo de interlocución con el gobierno federal.
Pues bien, la confrontación de dicha Alianza con el poder central aumentó de intensidad esta semana. En una suerte de acción concertada que arroja un fuerte aliento rupturista, sus integrantes prácticamente se sublevaron, amagaron al Presidente con su posible salida del Pacto Federal y demandaron una reunión con él para analizar los recortes presupuestales que, a su decir, les afectan.
Representantes
Sus más conspicuos representantes fueron particularmente belicosos. Javier Corral, de Chihuahua, expresó que ante los oídos sordos del Presidente, “estamos listos para dar la batalla política y legal, además de acudir a instancias internacionales a fin de garantizar seguridad, derechos humanos, libertades políticas y democracia en sus entidades”.
El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, refirió que el exceso de centralización es el otro virus que enfrenta el país, advirtiendo que la Federación “es confrontadora, no escucha y solamente impone”, y abundó: “El Presidente debe escucharnos y si no lo hace estará generando una confronta innecesaria, será el primer rompimiento con la Federación y estará a prueba el carácter de cada región”.
Finalmente, Enrique Alfaro, de Jalisco, señaló que “no queremos pelear, pero tampoco vamos a permitir que nos atropellen; también estamos listos para dar la batalla política jurídica si es necesario” (Milenio, 26 de octubre).
Ni tardo ni perezoso, el Presidente señaló que los 10 gobernadores estaban en su derecho de expresarse pero consideró que sus motivaciones son de orden electoral: “Estamos en temporada de elecciones y entonces se están agrupando en contra nuestra, pensado que así van a tener votos”. Señaló que no hay ninguna posibilidad de que se rompa el pacto federal, “primero porque si tienen vocación democrática tendrían que preguntarle a los ciudadanos de los estados que gobiernan…segundo, porque sería una reforma a la Constitución que tendría que aprobarse en el Congreso, con todo un proceso que llevaría a controversias que le correspondería responder al Poder Judicial”. AMLO descartó reunirse con los gobernadores rupturistas porque no hay materia y porque no permitirá “que utilicen la institución presidencial” (Infobae, 27 de octubre).
En este análisis, surgen varias interrogantes: ¿Cuál es el fondo de este complejo diferendo?, ¿Qué tan federalistas y democráticos son los gobernadores que amenazan con la ruptura del Pacto Federal?, ¿Qué es lo que reclaman exactamente, toda vez que, como señaló el Presidente, se les está entregando las participaciones conforme a la Ley de Coordinación Fiscal vigente?
Más allá de lo delicado que pueda ser para el país la situación a la que están orillando los gobernadores en rebeldía, considero que su actual confrontación con la Federación puede traer algo fecundo para la restauración de la vida pública de México: la revisión y actualización de la normatividad que regula el Pacto Federal y de las leyes que rigen la distribución del presupuesto nacional, mismas que, paradójicamente, fueron aprobadas en los tiempos del Prian.
Es deseable que los ejecutivos estatales rupturistas atemperen su belicosidad y fundamenten fehacientemente sus reclamos a la Federación. Igualmente, el Presidente debe escucharlos con atención y esgrimir sus propios argumentos en los que funda sus posturas sobre la orientación del presupuesto federal.
Estamos ciertos que con este sano ejercicio puede avanzarse en la urgente renovación del Pacto Federal, para bien de toda la República. Al tiempo.
PD1. La dos veces alcaldesa de Mérida C.P. Ana Rosa Payán Cervera me pide aclarar que ella no puede renunciar a su militancia en el MC —como lo sugerí en mi colaboración anterior— porque nunca ha sido miembro de este organismo, ya que su única militancia ha sido en el PAN. Mil disculpas, estimada exsenadora.
PD2. El abogado Jorge Alberto Angulo Bermejo, luchador social de mil batallas desde la izquierda, es el nuevo titular de la Profeco en el estado. Tengo la certeza de que los consumidores tendrán a un servidor público de su lado. Enhorabuena.— Mérida, Yucatán
canek_1999@yahoo.com.mx
Doctor en Educación. Director de la Universidad Pedagógica Nacional en Yucatán