Los ataques al Presidente y la libertad de expresión
Los adversarios de AMLO no quieren que hable, quieren que permanezca mudo ante los ataques que le lanzan y así puedan surtir efectos sus distorsiones, verdades a medias y francas mentiras contra él, se debilite, quede inmovilizado y su ambicioso proyecto, de hacer de México un país mejor, quede congelado.
Afirman que pierde mucho tiempo en sus conferencias matutinas, donde trata los asuntos del país e informa lo que hace su gobierno en su atención. Pretenden ignorar que una de las acciones básicas de la función de gobernar es comunicar: mostrar al pueblo el trabajo que se hace y por qué; desmentir infundios, aceptar fallas —para enmendarlas—, escuchar denuncias de injusticias —para corregirlas—, de corrupción —para investigarlas y, en su caso, sancionarlas—.
Si no hiciera este ejercicio, el alud de lodo ya lo hubiera sepultado. Por el contrario, se mantiene fuerte. ¿Por qué? Por su incansable trabajo —siete días de la semana, 16 o más horas cada día—, en favor de los intereses de la sociedad, y por la gran comunicación directa que con ésta mantiene.
Los gobiernos neoliberales, en el pasado, hicieron lo contrario: cero información, cero posibilidad de que el presidente en turno, se enfrentara, como éste, todas las mañanas —de lunes a viernes— a los representantes de la prensa escrita, digital o de televisión, nacional y extranjera, sin discriminación alguna, y respondiera a sus preguntas de manera exhaustiva y sin ocultar nada.
Una de las característica de los gobiernos neoliberales fue el ocultamiento de la verdad. Sus presidentes daban 2 o 3 conferencias de prensa al año a lo sumo, con preguntadores seleccionados; en comparación, el actual lleva 436 en lo que va de su periodo, en las que participan periodistas de todos los medios, que preguntan libremente o lo cuestionan duramente, sin ningún problema. En el pasado cuando un presidente era criticado o exhibido la represión, en distintos grados, era la respuesta.
Es deporte socorrido, hoy, denostar al presidente usando las críticas más acerbas que pueda haber, atribuyéndole conductas personales deshonestas; responsabilidades por los efectos perniciosos en el presente de políticas aplicadas en el pasado; haciendo grotescas ridiculizaciones de su figura o sus actos; dirigiéndole injurias, como la recientemente lanzada por un presentador que se viste de payaso, que lo llamó “pinche presidente”.
Pese a eso, ningún periódico o periodista han sufrido persecución o castigo.
Hoy, como nunca, en México existe una más que evidente libertad de pensamiento y de prensa, auspiciada por este gobierno.
Dichas conferencias no son sólo informativas, sirven también para enmendar entuertos. Gracias a ellas se corrigen errores que el propio gobierno comete o se reparan injusticias que ocurren en las partes más oscuras del sistema de justicia mexicano.
Millones de mexicanos se enteran por ellas, de primera mano, sobre lo que realmente está pasando en el país, qué hace o hará el gobierno para reparar una injusticia o resolver algún problema que se plantea. Las dos últimas de la semana anterior lo ejemplifican.
En la primera, el jueves 10, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, rindió un informe sobre el caso planteado, anteriormente, por una periodista, madre de un joven encarcelado, acusado de tener en su poder armas de uso exclusivo del ejército.
La periodista pidió la palabra para insistir en que su hijo fue condenado injustamente a 10 años de cárcel en 2008 después de ser torturado. “Cuatro veces, dijo, le fue aplicado el Protocolo de Estambul y en las cuatro el resultado fue positivo”.
El hecho es que cumplidos los 10 años de la sentencia, la jueza le negó la libertad con el peregrino argumento de que como su demanda por tortura había tenido éxito y se había anulado la sentencia que lo mantuvo preso y había que reponer el juicio, tendría que seguir en prisión en tanto se dictara nueva sentencia. Algo inaudito. Tres años hacía que había purgado su pena y seguía aún en la cárcel.
En su informe, la secretaria de Gobernación corroboró la injusticia pero expresó su opinión de que como estaban hechas las leyes mexicanas, era imposible que el Ejecutivo liberara al reo mediante una amnistía. No obstante, AMLO se comprometió a gestionar ante el Poder Judicial su libertad.
En esa misma, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, informó sobre otro caso de falta de justicia: el de Ernestina Ascencio, mujer indígena náhuatl de 73 años, que vivía en condiciones de marginación y de pobreza, que, en 2007 fue violada tumultuariamente por elementos del Ejército, mientras pastoreaba a sus ovejas en la Sierra de Zongolica en el estado de Veracruz. Cuando su hija la encontró, grave, pero lúcida: declaró: “se me echaron encima los soldados”.
En ese tiempo, el manto de la impunidad cubrió a los autores. Ni la burla perdonaron: el presidente Felipe Calderón declaró: “la señora Ernestina murió de gastritis crónica”. Y se cerró el caso.
La CNDH de ese tiempo —cuando era florero del gobierno en turno— avaló esta monstruosa injusticia. Años estuvieron luchando familiares y defensores de derechos humanos, inútilmente, porque se hiciera justicia. Incluso intervino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sin resultados. Encinas anunció, sin embargo, que se abrirá el caso hasta alcanzar justicia.
Asimismo, en la “mañanera” del día siguiente, se informó del resultado de la gestión del presidente a través de una carta que envió al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación —que en la misma conferencia se dio a conocer— exponiéndole el caso del joven que permanecía injustamente encarcelado, para que, en virtud de que se estaban violando derechos humanos, se le liberara. La respuesta fue rápida: La jueza que se negaba a hacerlo, al fin lo hizo.
Tanto uno como el otro caso permanecieron años sin que fueran enmendados los agravios. Y fue gracias al replanteamiento que de ambos se hicieron —en este foro de todas las mañanas, en que participan periodistas que los plantean— y a la política presidencial de atender los problemas que en ellos se presentan y resolverlos —si está en manos del Ejecutivo hacerlo— o canalizarlos —si están en otras manos—, informando siempre de los resultados, que el del joven, ya fue resuelto y el de Ernestina está en vías que se haga justicia.
Este es uno de los valores que tienen estas conferencias, que por eso mismo son un instrumento importante de gobierno que no puede desaparecer.— Mérida, Yucatán.
fipica@prodigy.net.mx
Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa