Mirada antropológica
Rodrigo Llanes Salazar (*)
En el terrible homicidio del joven José Eduardo Ravelo Echevarría, “el Güero”, se encontraron algunos de los principales problemas en materia de derechos humanos en Yucatán: la brutal violencia policiaca y la discriminación contra la población LGBTQ+.Diario de Yucatán informó que, de acuerdo con María Ravelo, madre del joven de 23 años originario de Veracruz, a José Eduardo “primero lo violaron en la patrulla, lo golpearon, y después lo violaron en la cárcel. Él me dijo que fueron varios policías”. Estos hechos ocurrieron el pasado 21 de julio (D.deY., 6-8-21).
“Yo llegué el sábado 24 [de Veracruz] —continúa el testimonio de María Ravelo documentado por el Diario—. Lo vi y le dije que vayamos a la Fiscalía a denunciar. Después lo pasaron con el médico legista y ahí le dijeron que estaba grave, que había que llevarlo al hospital para internarlo”. Lo llevaron al hospital O’Horán, donde finalmente falleció.
Como informa Diario de Yucatán, el de José Eduardo no es un hecho aislado. Tan solo en 2020 cinco personas murieron bajo custodia policiaca. Organizaciones de derechos humanos como Equipo Indignación han denunciado desde décadas atrás la práctica de tortura por parte del Estado en Yucatán, que se erradique la impunidad y que se aplique el protocolo que investigue o descarte la tortura cuando un fallecimiento ocurre en un centro de detención.
Así, el caso de José Eduardo se suma a los de Roberth Tzab Ek, Rafael Pérez García, William Roberto Chan Cob, José Nery, Gaspar Sulub, Ronald Richmond, José Santiago Medina Naal y muchos más. Por eso Indignación ha vuelto a cuestionar a las autoridades de Mérida y de Yucatán: “¿hasta cuándo?”.
De acuerdo con la madre de José Eduardo, la policía detuvo arbitrariamente al joven por parecer “sospechoso”. Ayer, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) ofreció apoyo para que el asesinato de José Eduardo no quede impune e hizo un llamado “a las autoridades competentes para que crímenes como éste sean investigados con perspectiva antidiscriminatoria y de derechos humanos, y se brinde asistencia a las familias como víctimas del delito”.
En Estados Unidos, el brutal homicidio de George Floyd a manos de policías provocó olas de indignación globales. La población afrodescendiente en ese país ha denunciado una y otra vez que no sean considerados sospechosos. Saben que su piel negra, sus rasgos, despiertan sospechas; que deben actuar como si no fuesen criminales.
De qué era “sospechoso” José Eduardo?, ¿fue una discriminación xenofóbica, aquella que considera que la inseguridad en Yucatán es culpa de los fuereños, de quienes vienen de otros estados de la república como José Eduardo?, ¿o era discriminación contra la población LGBTQ+?
En un comunicado firmado por el Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán, Equipo Indignación, UNASSE y otras decenas de organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, publicado el pasado 7 de agosto, leemos que “José Eduardo, como lo comentaba su madre, no se identificaba como miembro de la comunidad LGBTQ+, pero que haya sido percibido como tal fue sin dudas un factor que influyó en su asesinato. Tan solo tenía cuatro meses de haber migrado a esta ciudad en búsqueda de una vida más próspera y segura que en su natal Veracruz”.
“¡Basta de LGBTfobia! —exige el comunicado—, ¡Basta de xenofobia!, ¡Basta de toda clase de discriminación! Mérida es de quien vive en ella. Todas las personas merecen trato digno y con respeto a sus derechos humanos”.
Aunque el gobernador Mauricio Vila ha lamentado los hechos y ha informado “que los policías municipales presuntos responsables de este crimen ya fueron capturados” y que se aplicará “la ley hasta las últimas consecuencias”, no podemos dejar de ver este caso como uno aislado. La tortura y la impunidad deben ser erradicadas. Y la discriminación, en todas sus expresiones, también deben ser condenadas.
No obstante, la discriminación contra la población LGBTQ+ en Yucatán sigue siendo tolerada por las instituciones y autoridades en el estado. El matrimonio igualitario y otros derechos civiles de las personas LGBTQ+ siguen sin ser reconocidos en Yucatán. Además, proliferan discursos de odio de organizaciones anti-derechos, algunas de ellas con presencia en el gobierno municipal y estatal. Estos discursos son la base que soportan las sospechas, los golpes y toda la violencia que han sufrido personas como José Eduardo.
Como denunció la escritora y periodista peruana Gabriela Wiener a propósito del asesinato del joven de 24 años Samuel Luiz el mes pasado en España, “es indispensable condenar a las voces que han promovido el odio hacia la comunidad gay desde sus cargos políticos. Sus mensajes tienen consecuencias: alientan y justifican la violencia en las calles”.
Con un tremendo dolor, María Ravelo, la madre de José Eduardo, ha exigido justicia para su hijo. El asesinato ha provocado indignación en las calles y en las redes sociales y la noticia ha sido publicada en medios nacionales y de otras partes del mundo. La agencia de noticias EFE ha escrito que el caso “se suma a otros de abuso policial en México como el de Ayotzinapa, Guerrero (septiembre de 2014), Tanhuato, Michoacán (mayo de 2015); Nochixtlán, Oaxaca (junio del 2016); y entre los más recientes la muerte de Giovanni López en Jalisco en 2020 y de Victoria Salazar, en Quintana Roo en marzo 2021”.
Me sumo a las condolencias para la familia de José Eduardo y a los llamados de justicia. Ni una víctima más de tortura, ni un acto más de discriminación.— Mérida, Yucatán
rodrigo.llanes.s@gmail.com
Investigador del Cephcis-UNAM