Con un mismo vídeo, el difundido al mediodía del sábado 22 de enero de 2022 para explicar su cateterismo del viernes anterior, el presidente Andrés Manuel López Obrador calmó las aguas políticas que habían comenzado a agitarse con su hospitalización… y también levantó nuevas oleadas al anunciar que tiene ya un testamento político para el caso de que fallezca antes de concluir su sexenio.
Y, claro, al conjuro de la palabra presidencial, la oposición partidaria y la no partidaria se lanzaron con sus denuestos habituales —tan habituales que han disminuido su fuerza— contra el mandatario y su testamento. No faltaron, desde luego, los cultivadores del discurso de odio.
El centro de las querellas sabatinas y dominicales contra AMLO fue su presunta intención de nombrar al eventual presidente sustituto y de continuar gobernando después de su muerte. Fue obvio recordar aquella declaración de Hugo Chávez en 2012, pidiendo que, “si algo ocurriera”, eligieran a Nicolás Maduro como su sucesor en Venezuela. Suponer algo así en el testamento político de AMLO sería subestimar su inteligencia, si bien existen muchas opiniones en ese sentido.
Se ha argumentado la inutilidad del testamento de cara al artículo 84 constitucional, pero el documento de AMLO y la Constitución no tienen por qué reñir. Esta dispone que, ante la “falta absoluta” del Presidente, asumirá provisionalmente el cargo, por no más de 60 días, el secretario de Gobernación. En la coyuntura actual, y como han transcurrido más de dos años del sexenio, el Congreso nombraría al presidente sustituto para concluir el período del mandatario original. (Si la falta absoluta ocurriera en los dos primeros años del sexenio, el Congreso no nombraría a un presidente sustituto, sino a uno interino y convocaría a elecciones extraordinarias, a realizarse en no más de nueve meses).
En consecuencia, conforme a la Constitución, al único que puede nombrar el Presidente es a su sucesor provisional, es decir al Secretario de Gobernación, pero a nadie más. El nombramiento del presidente interino o del presidente sustituto se ubica en una etapa de relativa incertidumbre porque depende del Congreso, si bien una civilizada regla no escrita dice, en el caso de los estados, que quien ocupe el cargo de gobernador por la falta absoluta del elegido en las urnas debe ser propuesto por el partido del mandatario original. Claro, si la sustitución definitiva debiera determinrse en las urnas, la decisión sería del electorado.
Sugerencias
Entonces, un testamento político como el anunciado por López Obrador probablemente sea una serie de sugerencias o recomendaciones para que, si se produjera su “falta absoluta”, el sucesor priorizará los proyectos insignia de la 4T y los principios esenciales del hoy Presidente: favorecer en todo momento y circunstancia a los pobres y combatir con denuedo la corrupción.
Contrariamente a quienes lo subestiman, el documento sí puede ser importante para las masas lopezobradoristas, aunque quizá no para las élites políticas y económicas, a menos que estuvieran conscientes de una probable afectación para ellos, si una coyuntura como esa se saliera de madre, a causa de las infaltables sospechas conspirativas. También es cierto que ese legado podría contribuir a la gobernabilidad y a evitar tensiones, escisiones y choques dentro de Morena y la 4T o entre estas y otros partidos, en particular con motivo de la designación del presidente sustituto. En ese proceso de transición, encuentro dos supuestos que deberían ser revisados por los legisladores.
a) ¿Qué pasa si el presidente y el secretario de Gobernación fallecen simultáneamente? Puede suponerse que debería entrar en escena el Poder Legislativo, pero sería bueno que tal caso estuviera previsto. Y lo mismo cabría decir sobre otro supuesto:
b) ¿Qué pasa si, tras la “falta absoluta” del Presidente, el secretario de Gobernación dimite y no asume automáticamente el Poder Ejecutivo? Esta posibilidad no parece improbable si se tiene en cuenta que el titular de Gobernación que asumiera la Presidencia por dos meses, automáticamente quedaría imposibilitado de por vida para volver a asumir el Ejecutivo, lo cual equivaldría a truncar una carrera política. Convendría, en consecuencia, una reforma al 83 constitucional, que prescribe esa imposibilidad difícilmente conciliable con los derechos políticos de la persona.- Ciudad de México
*) Periodista