Lo lamentable en la lucha contra la corrupción es que, a pesar de los discursos y promesas, las leyes y la justicia se manejan a conveniencia y por favoritismos. Y la impunidad llega para cubrir con su halo protector a los depredadores del erario.
Cuando surgen las denuncias por desvíos de dinero, complicidad con empresas fantasmas y enriquecimiento ilícito contra algún funcionario de alto nivel, sea un Secretario de Estado, un gobernador, alcalde o legislador, enseguida estos malos funcionarios claman su inocencia y manejan sus influencias para evitar denuncias penales y ser aprehendidos.
Por su parte, las autoridades competentes buscan evitar investigaciones profundas, alteran expedientes, ocultan información, desvían la atención del caso y apuestan al olvido. Sin embargo, en diversas ocasiones es tan grande el desvío del funcionario o gobernante que es imposible ocultar, más si hay la presión de los ciudadanos y organizaciones civiles.
Hay varios gobernadores, funcionarios y Secretarios de Estado de sexenios anteriores que gritaron su inocencia cuando fueron denunciados y ahora están detrás de las rejas, unos; otros fueron aprehendidos y son juzgados y otros más son prófugos de la justicia.
Si todos esos personajes denunciados y acusados por desvíos de dinero, malversación de fondos y abusos en el ejercicio público se declaran inocentes, entonces no existiría la corrupción y el dinero no faltaría en las arcas públicas.
¿Cuántos gobernadores, alcaldes, fiscales y funcionarios de administraciones pasadas recientes y del actual gobierno estatal son acusados de irregularidades en las cuentas públicas, de desvíos millonarios de programas sociales, de pagos millonarios a “empresas fantasmas”, de conflicto de intereses, de nepotismo, de obras inconclusas con precios millonarios y demás actos de abusos de poder, sin que las autoridades actúen con prontitud y apliquen con rigor las leyes y la justicia?
Los favoritismos encubren las anomalías y oscurecen las investigaciones; al final los malos funcionarios se unen como eslabones en una cadena de impunidad.
La exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco fue denunciada por diversos actos de corrupción y saqueos a dependencias públicas, principalmente al Isstey. Si se hubiera investigado y actuado en su momento, ella estuviera en otro lado y no buscando posiciones en otro partido político.
Al llegar Rolando Zapata a la gubernatura, prefirió pagar unas cuentas y arrastrar otras y proteger a la amiga, comadre y correligionaria, a pesar de reconocer el saqueo bárbaro de la administración anterior. Cubrió las anomalías anteriores cerrando algunos agujeros de abusos y saqueos, pero abrió boquetes similares.
Ahora, el actual gobierno ha guardado silencio sobre estos casos de corrupción, de las empresas fantasmas, del saqueo al Isstey y otras irregularidades. También guarda silencio sobre las irregularidades del fiscal Wilberth Cetina, en el escándalo de 2020.
¿Qué se ha hecho por el tráfico de influencias, complicidades con casos ilegales y abusos de poder del ahora exfiscal?
Ahí están las denuncias desde 2013 por los abusos de la exalcaldesa de Tekax Carmen Navarrete Navarro, conocida como la “Ivonne del Sur”. ¿Qué hicieron las autoridades en su momento? Es más, aprovechó coyunturas políticas, dejó el PRI y se fue a una coalición de partidos para buscar una diputación.
Ahora la Auditoría Superior de la Federación la denuncia por malversación de fondos, facturas a empresas fantasmas y demás añejas irregularidades. Sin embargo, la exalcaldesa de Tekax, en su primera comparecencia ante las autoridades expresó que “son puros inventos” las acusaciones en su contra.
Nuevamente la Auditoría Superior del Estado informa que de las 98 cuentas públicas de 2020, casi a todos, en su mayoría ayuntamientos, se les encontró presuntas irregularidades. Esto no es nuevo, cada determinado tiempo surgen malos manejos de los alcaldes.
¿Por qué no hay sanciones ante estas irregularidades? ¿Acaso la corrupción de funcionarios, gobernantes y alcaldes no debe ser castigada? Esta benevolencia de las autoridades encargadas de sancionar a los malos servidores públicos y el manejo preferente de las leyes son un estímulo para que la corrupción se mantenga y la impunidad siga presente.
¿Qué caso tiene saber que hay alcaldes con malos manejos en las cuentas, desvíos de dinero y enriquecimiento utilizando el presupuesto de programas federales, si no hay un seguimiento, investigación a fondo, menos castigos ejemplares?
Es lamentable que esos malos alcaldes, funcionarios, legisladores y gobernadores que abusaron y se enriquecieron del puesto no reciban castigo alguno, se les dé oportunidad de devolver el dinero, como los acuerdos que busca hacer la exalcaldesa de Tekax, y, además, al terminar su gestión, se les otorgue otros puestos para continuar despilfarrando el presupuesto público.
Tenemos leyes benévolas para los malos servidores públicos y una justicia manipulada y con favoritismos para esos depredadores del dinero público. Dos pesas y dos medidas. Una ley para los políticos y otra para los ciudadanos.
Y, el colmo, cuando son denunciados claman su inocencia a los cuatro vientos. Ante esto, la corrupción y la impunidad siguen haciendo de las suyas.— Mérida, Yucatán.
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Profesor