De acuerdo con la Real Academia Española de la Lengua, ser capaz es una cualidad que implica tener talento o aptitudes para llevar al cabo alguna acción.
Como seres humanos, podemos tener o carecer de una u otra habilidad y ello tiene repercusiones en nuestro desarrollo, en los ámbitos académico, profesional y social.
No obstante, en nuestro país, pareciera que la aseveración anterior no surte efecto alguno en el servicio público. Con ello no me refiero a las limitaciones que una persona puede tener de manera congénita o como consecuencia de alguna enfermedad o accidente.
Aludo más bien a aquellos personajes que no cuentan con la experiencia profesional o la formación académica adecuada para desempeñar un cargo público.
Lo anterior se ha mantenido como una preocupación latente en la sociedad mexicana, ligada principalmente a cuestiones de nepotismo, compadrazgo y clientelismo.
Como bien se sabe (o especula), en México hay diferentes formas de acceder a la función pública; en principio, tal y como lo mandatan algunas disposiciones normativas, se priorizan las políticas que tienen por objetivo el ingreso, profesionalización y actualización de los servidores públicos, tal como lo es el servicio profesional de carrera en las dependencias o instituciones de los poderes ejecutivo y judicial.
Sin embargo, lo anterior solo representa “lo ideal”, aquello que se plasma en las normas, las cuales se ven eludidas por designaciones que parecen responder a favores o caprichos más que a la atención de necesidades administrativas y operativas en el sector público.
A efecto de ejemplificar lo anterior, cabe recordar que a inicios de año se realizaba la propuesta del gobierno mexicano para que un historiador, sin experiencia en relaciones internacionales, con múltiples denuncias por acoso sexual y sin perfil en la rama, fuera el representante de nuestro país en Panamá.
O bien, un caso más reciente, la designación como nueva titular de la Secretaría de Educación Pública a una maestra con una trayectoria que, si bien, es extensa, no ha mantenido una línea clara de desarrollo profesional, ocupando cargos de áreas de atención ciudadana y medio ambiente.
Ahora bien, por lo que respecta a los cargos de elección popular, las personas que llegan a ocupar dichos puestos deben satisfacer requisitos menores que no se relacionan con las aptitudes profesionales o académicas. Así pues, diputados, senadores, gobernadores, alcaldes y el mismo presidente se encuentran exentos de demostrar sus capacidades para desempeñar tales funciones previo a ser electos para ello.
En este sentido, es común ver como representantes populares a personalidades del mundo del deporte o la farándula, o inclusive a personas cuyo nivel de instrucción es insuficiente.
Tampoco pasan inadvertidos aquellos funcionarios que, a pesar de contar con amplia trayectoria y numerosos reconocimientos, tienen un penoso desempeño a causa de actitudes déspotas, o por su premeditado sometimiento a la orden de partidos políticos o de aquellos que les designaron.
A manera de ejemplo, el caso de la actual titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, cuyo periodo al frente de esta institución se ha visto ensombrecido por las afectaciones a la comunidad científica del país o el favoritismo hacia personas con las que mantiene un vínculo estrecho.
No cabe duda de que las tareas de un Estado para procurar el bienestar social son muchas y, además, requieren de funcionarios públicos con cierto grado de especialización que contribuya a instrumentalizar políticas y leyes, por ende, hoy en día resulta inaudito consentir la permanencia en el poder de personas sin capacidades.
La sociedad mexicana se enfrenta a grandes obstáculos que permean en la composición de los poderes públicos, el más grande de ellos, la corrupción. Este problema tan aludido por propios y extraños que hasta hoy se mantiene como el más grande mal de México y que pervierte el sistema, imposibilitando el desarrollo de nuestra sociedad.— Mérida, Yucatán.
mariomaldonadoe@gmail.com
@mariomaldonadoe
Especialista en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa