Por Rodrigo Llanes Salazar (*)
El matrimonio igualitario es el tema que más ha llamado la atención en lo que a los derechos de la población LGBTIQA+ en Yucatán se refiere.
Por lo menos desde 2009, ha sido la principal bandera de lucha —pero como veremos en seguida, no la única— de las organizaciones y activistas LGBTIQA+. También ha sido una de las mayores preocupaciones de las organizaciones conservadoras, las cuales en 2009 presentaron una iniciativa popular al Congreso del Estado para restringir el matrimonio como una unión entre un hombre y una mujer.
En julio de ese año, el legislativo yucateco aprobó dicha iniciativa, legalizando también la discriminación hacia las parejas del mismo sexo que deseaban contraer matrimonio.
El matrimonio igualitario también estuvo en los reflectores locales y nacionales cuando, en 2016, el entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto, presentó un conjunto de iniciativas para reconocer dicho derecho. Entonces, se conformó el Frente Nacional por la Familia, con intensas movilizaciones para impedir el reconocimiento legal del matrimonio igualitario. En el ámbito local, Diario de Yucatán organizó un debate sobre este controvertido tema.
Las votaciones secretas en el Congreso de Yucatán
Probablemente todavía estén frescas en la memoria las dos ocasiones en las que, en 2019, el Congreso local votó de manera secreta en contra de reconocer el matrimonio igualitario en la entidad. Ante los amparos que presentaron las organizaciones de derechos humanos Indignación, Unasse, el Colectivo para la protección de todas las familias de Yucatán, Artículo 19, así como diversas personas integrantes de la comunidad LGBTIQA+, el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual dictó una sentencia favorable a dichas organizaciones.
Gracias a la movilización política y legal de las organizaciones y personas LGBTIQA+, el 25 de agosto de 2021 el Congreso de Yucatán finalmente aprobó la reforma a la constitución local para permitir el matrimonio igualitario. Pasó más de medio año para que las reformas al Código de Familia y a la Ley del Registro Civil fueran publicadas en el Diario Oficial del Estado mediante el Decreto 475 del 3 de marzo de 2022. Ahora sí, las parejas del mismo sexo pueden contraer matrimonio ante el Registro Civil sin necesidad de iniciar un juicio de amparo.
Aunque el matrimonio igualitario es el derecho de la población LGBTIQA+ que más atención política y mediática ha captado en Yucatán, no es el único que ha sido motivo de lucha judicial. El pasado 11 de octubre, fecha en la que se conmemora el día para salir del clóset, las organizaciones Indignación, Colectivo para la protección de todas las familias de Yucatán y Unasse, presentaron en el comedor cultural Amaro el documento “El arcoiris también brilla en Yucatán. Informe histórico de los avances y retrocesos en los derechos de la población LGBTIQA+ yucateca”, en el que se dan a conocer la lucha por diversos derechos de este sector de la población.
Informe “El arcoiris también brilla en Yucatán”
Algo que queda claro de la lectura del informe “El arcoíris también brilla en Yucatán” es que, a pesar del vínculo entre el gobierno y los sectores conservadores de la entidad, Yucatán ha sido un estado de vanguardia en la lucha por el reconocimiento de los derechos de la población LGBTIQA+, sobre todo por la vía judicial.
En términos de la sociología de la movilización y contramovilización política y legal, esto se puede explicar de la siguiente forma.
En Yucatán existen pocas oportunidades “políticas” para el reconocimiento de los derechos de la población LGBTIQA+, pues, como hemos señalado, el Estado (poder ejecutivo, legislativo y judicial) ha estado alineado con la posición conservadora que se niega a reconocer derechos iguales a la población LGBTIQA+. No obstante, existen oportunidades “legales” que pueden ser utilizadas por organizaciones y activistas, principalmente, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el derecho internacional de los derechos humanos que, a diferencia de nuestras autoridades locales, sí reconocen los derechos de igualdad y no discriminación.
Lo anterior no quiere decir que la lucha judicial sea fácil, todo lo contrario: se tiene que hacer frente a grandes obstáculos políticos. Acaso han sido estas dificultades las que han llevado a las organizaciones y personas defensoras de la población LGBTIQA+ a innovar en la lucha.
Así, en 2008, estas organizaciones decidieron presentar la primera iniciativa ciudadana en Yucatán, en este caso para reconocer el matrimonio igualitario. No obstante, como reconoce Jorge Fernández Mendiburu, abogado de Indignación, al inicio del informe: “quienes impulsaron esa iniciativa obviaron un elemento fundamental: la fuerza política y organizativa de asociaciones conservadoras, que promovieron el discurso de ‘defensa de la familia tradicional’”.
Efectivamente, la Red Pro Yucatán se apropió de la idea de presentar una iniciativa popular, pero con el fin contrario: excluir a las parejas del mismo sexo de contraer matrimonio. Tras el “candado” que se estableció en la constitución local, en la Ley del Registro Civil y el entonces recientemente creado Código de Familia, las parejas del mismo sexo de Yucatán que querían contraer matrimonio tenían dos opciones: casarse en algún estado que reconociera este tipo de uniones, o ampararse ante la ley. En cualquier caso, se encontraban en una condición de desigualdad ante las parejas heterosexuales.
El primer matrimonio igualitario en Yucatán
De este modo, el primer matrimonio igualitario de Yucatán tuvo lugar el 1 de julio de 2013 gracias a una sentencia del Juzgado Tercero de Distrito, la cual ordenó al Registro Civil casar a una pareja de dos hombres a las que antes le había negado dicho derecho. Desde entonces, decenas de parejas del mismo sexo han conseguido contraer matrimonio vía juicio de amparo.
El informe “El arcoíris también brilla en Yucatán” está conformado por textos escritos por el presbítero católico Raúl Lugo Rodríguez y las abogadas y abogados Fernández Mendiburu, Orvelín Montiel, Lourdes Medina, Amelia Ojeda, Cindy Santos y Miguel Anguas.
Con conocimiento de primera mano de los litigios, exponen brevemente algunos de los casos emblemáticos de la lucha por los derechos LGBTIQA+ en Yucatán: el de Carlos y José, la primera pareja homosexual unida bajo la figura de concubinato en la entidad. Asimismo, como explica Montiel, la pareja también logró que un Juzgado ordenara al Instituto Mexicano del Servicio Social que afiliara a José, concubino de Carlos, como derechohabiente de dicho instituto.
Del mismo modo, el informe expone el caso de Karla y Lorena, la primera pareja que logró el reconocimiento de doble maternidad en 2015. Su hijo, que en el informe aparece con el pseudónimo de José, fue inscrito en el Registro Civil de Yucatán el 26 de junio de 2015, “siendo el primer niño a nivel nacional que, por mandato judicial, fue reconocido legalmente como hijo de una pareja lesbomaternal”.
A partir de este caso también se modificaron las actas de nacimiento del Registro Civil local: las expresiones “nombre del padre” y “nombre de la madre” fueron sustituidas por la de “datos de filiación de la persona registrada”.
Deuda histórica
En su contribución, Amelia Ojeda y Cindy Santos enfatizan la gran deuda histórica que tiene Yucatán con la población trans y no binaria. Citan datos recientes de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género de 2021. Según esta fuente, en México “19% de las personas que se identifican como parte de la comunidad LGBTIQA+ también se identifican como personas con una identidad de género que no corresponde con la asignada en el momento de su nacimiento o registro.
De ellas, el 35.5% se identifican como personas transgénero o transexuales, mientras que el 64.5% lo hace con otras identidades como no binarias, género fluido, queer, entre otras”.
Yucatán aún no reconoce el derecho a la identidad de género, pero en abril de 2019 fue concedido un amparo a una persona trans para que el Registro Civil de Yucatán pudiera realizar la rectificación de su acta de nacimiento. De acuerdo con Ojeda y Santos, hasta mayo de este año, 35 personas trans habían conseguido, mediante amparos, la adecuación de su acta de nacimiento.
El derecho a la identidad de género, particularmente a rectificar el acta de nacimiento para que coincida con la identidad actual de la persona, es uno de los pendientes de la lucha por los derechos de la población LGBTIQA+, pero no es el único.
Como recuerda el epílogo del informe, en 2018 diversas organizaciones presentaron la “Agenda estatal política de la Coalición Mexicana LGBTTTI+ (Yucatán)”, en la que se incluyen derechos al desarrollo social, la educación, la cultura, la seguridad, el acceso a la justicia y la salud, entre otros. Como afirma el informe, la lucha judicial no es suficiente para hacer efectivos estos derechos. Esto solo será posible mediante la “acción organizada” y un “discurso político sólido e independiente”.
Posdata: la semana pasada se dio a conocer que documentos filtrados revelan que la Secretaría de la Defensa Nacional habría estado dando seguimiento ilegal a Indignación y otras organizaciones por su cuestionamiento al Tren Maya.
Me sumo a los llamados al cese del seguimiento ilegal a Indignación y otras organizaciones de derechos humanos y a que el Estado mexicano garantice la integridad de las y los miembros de dichas organizaciones.— Mérida, Yucatán.
Correo: rodrigo.llanes.s@gmail.com
*) Investigador del Cephcis-UNAM