En reciente artículo recordaba que la educación siempre ha sido un ámbito de disputa político-ideológica entre las diversas clases y fuerzas que integran la sociedad, mismas que a lo largo de la historia han buscado influir en los contenidos educativos que se ofrecen a las nuevas generaciones.
Señalaba asimismo que carecen de todo sustento las ríspidas acusaciones que algunos actores o grupos han hecho, en el sentido de que los nuevos libros de texto gratuitos (LTG) están impregnados de la doctrina comunista y que atentan contra la libertad de los educandos y educandas (“¿Son comunistas los libros de texto?”; DY, 4 de agosto, Local).
La disputa histórica por la educación ha sido corroborada nada menos que por Jaime Torres Bodet, el secretario de Educación que le propuso al entonces Presidente de la República, Adolfo López Mateos, el borrador del decreto para la creación de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), el cual fue emitido el 12 de febrero 1959.
En su espléndido libro de memorias “La tierra prometida”, Torres Bodet —diplomático, funcionario público, escritor y poeta— refiere que la titánica hazaña de dotar de LTG a toda la niñez mexicana encontró pronto la oposición de los sectores conservadores de la sociedad de aquel tiempo.
Estos sectores aducían —narra Torres Bodet— que la designación del escritor Luis Martín Guzmán como presidente de la Conaliteg equivalía a “poner la Iglesia en manos de Lutero”. Y abundaba: “Este disparo al aire no era sino el anuncio de un graneado fuego de batería. Por espacio de largos meses, fuimos objeto de la hostilidad de libreros y autores profesionales de obras de texto… Fieles a preceptos no confesados (aunque emanaban, en ocasiones, de cautelosos confesionarios), las escuelas particulares declararon un clandestino boicot contra los libros de la Secretaría.”
Pasadas estas turbulencias, la ingente acción educativa del Estado mexicano surgido de la Revolución se abrió paso con vigor, refiriendo Torres Bodet que durante cinco años la Conaliteg había editado y distribuido más de 112 millones de libros de texto y cuadernos de trabajo, concluyendo que estos libros “sirven democráticamente a todos los escolares, sin discriminaciones injustas impuestas por la situación económica de sus padres… Se cumplía así el principio de la gratuidad de la educación primaria, proclamado por la Constitución.”
Estas remembranzas históricas vienen al caso ante la rijosa embestida que la reacción derechista emprendió hace unas semanas, la cual fue escalando a partir del incendiario noticiario en el que Javier Alatorre —conductor “estrella” de TV Azteca— explotó contra los LTG, aduciendo falsariamente que estaban impregnados de un virus comunista, que se buscaba adoctrinar a la niñez y que los manuales a ser usados por los maestros para la educación de los niños y niñas “están en contra de la libertad y buscan convertirlos en esclavos sumisos de una dictadura comunista”.
Esta irresponsable arremetida mediática de Alatorre contra los LTG pronto fue replicada por otros voceros de los grandes consorcios radiofónicos y televisivos. También fue infamemente secundada por el jerarca nacional del PAN, Marko Cortés, quien en un video incitó a los padres de familia a arrancar páginas de los libros y a desechar su uso.
Por si esto fuera poco, la embestida ha continuado en varios estados de la república —aunque siguen siendo una exigua minoría—, en los que sus gobernadores y gobernadoras han determinado no distribuir los LTG en tanto no se concluya con el litigio jurídico que estas entidades han interpuesto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La embestida derechista contra los LTG ha conducido a que se produzcan lamentables sucesos de barbarie, como la condenable quema de estos libros en las calles de una comunidad indígena del municipio de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas.
No obstante lo ríspido de estas expresiones contra los LTG, cabe señalar que en varios estados se ha comenzado a manifestar la postura de los docentes, investigadores y padres de familia, en el sentido de exigir a las autoridades educativas que se proceda a la entrega de los libros a las escuelas, so pena de atentar gravemente contra el derecho a la educación consagrado en el artículo Tercero de nuestra Carta Magna.
Asimismo, es de alta relevancia el pronunciamiento realizado el 4 de agosto pasado por la máxima dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, organismo que, fiel a su probada lealtad con los altos fines de la escuela pública, ha expresado de manera contundente que la “educación es un derecho humano, un bien público y una obligación indelegable del Estado”, y que defiende los LTG porque “son una herramienta fundamental de justicia social, que fortalecen la gratuidad, la equidad y la obligatoriedad educativas.”
Ante este contexto y frente al inminente inicio del ciclo escolar 2023-2024, es importante preguntarnos cuál va a ser la postura final que asumirá el gobierno de Yucatán en torno a la distribución de los LTG.
Recordemos que hace un par de semanas, la Segey anunció la creación de una comisión especial que se encargaría de analizar esta delicada problemática y resolver lo conducente.
Sin embargo, hasta este momento no se tiene información sobre los trabajos realizados por dicha comisión, razón por la cual se debe exigir al gobernador Mauricio Vila que exprese sin subterfugios cuál es su postura a este respecto.
Esperamos que el gobierno estatal no se deje chantajear ni presionar por los grupos facciosos y conservadores que tradicionalmente se han opuesto a los avances científicos, didácticos y pedagógicos en el campo de la educación pública. Veremos.— Mérida, Yucatán.
canek_1999@yahoo.com.mx
Doctor en Educación. Exdirector de la Universidad Pedagógica Nacional en Yucatán.