En verdad, lo que está en juego en Yucatán no es sólo quién debe ser elegido, Huacho o Renán, para gobernarlo; o quién debe ocupar, si Cecilia o quien resulte el candidato o candidata de la coalición encabezada por Morena, la alcaldía de Mérida; o si equis o ye, uno a uno, los demás cargos en disputa en 2024, sino el proyecto, económico, político y social que debe triunfar en el estado, como fruto de la contienda. Si el de la derecha neoliberal que quiere dejar todo al mercado o el de la izquierda humanista que considera que el estado debe ser un medio para que todos, no unos cuantos, salgan adelante.
Si fuera un asunto de simples simpatías personales estaría en peligro cualquier de dichos proyectos porque cada candidato representaría sólo el suyo y haría a un lado el del conjunto político social que lo postula.
Pero no es así. Independientemente de los matices personales que cada uno imprima a su campaña son sólo dos los proyectos fundamentales —en Yucatán y en todo el país— que estarán en juego. El de la derecha, representado por el Prian —más el casi desaparecido PRD— y el de la izquierda, representado por Morena y sus aliados.
Los yucatecos que irán a las urnas el 2 de junio del año próximo, decidirán, en este girón de tierra, si nuestro estado se incorpora plenamente al desarrollo nacional o lo sigue haciendo a medias, como hasta hoy, bajo la tutela de un panista cuyo foco de atención estará siempre en favorecer el interés de minorías.
A pesar de los reiterados eventos demagógicos escenificados durante sus periodos, ni Renán Barrera ni Mauricio Vila —uno en la ciudad, otro en el estado—, han mostrado voluntad por resolver a fondo los problemas más sentidos de sus respectivos ámbitos, por ejemplo, el de los cinturones de miseria que rodean la ciudad, en el primer caso, y el de la pobreza ancestral que anida en el estado, en el segundo, prefiriendo gastarse el dinero que manejan en diaria publicidad en lugar de invertirlo en beneficio del pueblo.
Dan apoyos, sí, pero a unos cuantos. Mejor gastan el dinero de los contribuyentes en sostener costosas campañas permanentes para preparar su siguiente incursión electoral —junto con sus bandas de presupuestívoros— que invertirlo en resolver los problemas más acuciantes de la sociedad.
Si todos los recursos que tiran en exaltar sus figuras fueran destinados a resolver algunos de los grandes problemas seculares del estado no estaríamos viendo, en Mérida, abundantes calles llenas de baches o adornadas por los chuchulucos del asfalto vencido, ni, en el estado, legiones de hombres, mujeres y niños, apropiándose de terrenos —de donde luego son echados— donde edifican precarias chozas para no tener que vivir a la intemperie.
Son gobiernos exclusivistas que se disfrazan de populares para mejor servir los intereses de quienes, con recursos financieros y de otra índole, los ayudan a encumbrarse; favores que tienen que devolver con contratos y otros privilegios, mientras a la población sólo llegan las migajas del gasto público. Sustituyeron en el poder del estado a los priistas que durante décadas cumplieron ese papel, por lo que han sido para el pueblo la misma gata sólo que revolcada.
La forma de gobernar que requiere el estado es una que elimine el gasto superfluo; que deje de estar exprimiendo el bolsillo de los ciudadanos con nuevas alcabalas y, más que nada, que los gobernantes dediquen su tiempo a trabajar y no a pasear mientras presumen como propios logros ajenos. Esto es, una forma distinta a la que caracteriza a los dos grupos de panistas que, simultáneamente, gobiernan nuestra ciudad capital y nuestro estado.
Se requiere un gobierno que no derroche el dinero de los contribuyentes en altos sueldos y otros privilegios de quienes lo forman; en el que sus miembros no vean en los presupuestos la esperada oportunidad de enriquecerse; uno que no ande buscando formas de desviar dinero público para alimentar “cochinitos” que les sirvan en las siguientes etapas de sus carreras; uno que no esté alineado con un empresario o grupo de empresarios en perjuicio de otro u otros, mediante el uso arbitrario de los órganos de justicia; que complemente la labor del gobierno federal en materia de educación y de salud y no que la obstaculice, como Vila que se ha negado a firmar el Plan Nacional de Salud que han signado ya 23 estados del país, en razón de que se terminaría para su gobierno el gran negocio de las medicinas.
Un gobierno de la 4T en nuestro estado tendría que ser un gobierno diametralmente diferente al que actualmente tenemos, porque estando al servicio de todos, antes que nada, lo tendría que estar al de los más necesitados.
Joaquín Díaz Mena ha dicho estar dispuesto a “luchar para disminuir la enorme brecha de desigualdad que aún existe en nuestro Estado” y a “que no haya diferencias en el servicio que da el gobierno a la Mérida del Norte y a la Mérida del Sur con los demás municipios”. Y ha ofrecido un gobierno con los principios de la Cuarta Transformación, algo “que tiene que ver con la honestidad, con dar resultados y con amor al pueblo; entregarse a servir, muy en especial a nuestros pueblos indígenas, a nuestros pueblos mayas y a la gente que menos tiene”, como ha expresado (D. de Yuc., 26-11-23).
Si se une a su prestigio personal el prestigio de la corriente nacional que representa, la candidatura de Huacho hace peligrar la persistencia de la larga etapa de gobiernos que, pese a los años en que tuvieron la sartén por el mango, fueron incapaces de poner al estado en un peldaño superior al en que hoy está. Los logros de la 4T a lo largo y ancho del país sumados a la candidatura de alguien que ha mostrado durante lustros vocación de servicio y cercanía con la gente, sobre todo, los más necesitados, constituyen un persuasivo descomunal. ¿Podrá la derecha neutralizarlo? Lo ponemos en tela de juicio.— Mérida, Yucatán.
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Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa