En días pasados, en el auditorio del ex-Olimpo, de manera sencilla se celebró el décimo aniversario de la instalación del Instituto de Planeación Municipal (Inplam) que, como su nombre lo indica, es el ente encargado de la planeación territorial del municipio de Mérida, o diciéndolo de otro modo, el de ordenar el desarrollo de los asentamientos humanos en el municipio.
Como es de esperarse en un evento de esta naturaleza, la narrativa de este decenio estuvo salpicada de anécdotas, de la relación e intercambio de experiencias con organismos similares nacionales e internacionales, de quienes han o siguen colaborando de manera interna, sin dejar de mencionar a las instituciones académicas, profesionales, empresariales y sociales participantes.
Sin embargo, no todo es lo que quisiéramos que fuese, y no es la primera vez que lo comento, ya que la planeación, de cualquier tipo, tiene la función de definir qué esperamos, deseamos y queremos para un futuro a corto, mediano y largo plazos, y la verdad, parece que estamos obsesionados para vivir en el caos debido a lo contradictorio de algunas normas con la realidad, a la interpretación de aquellas por quienes las aplican y, a los intereses particulares sobre el interés público.
Hechos: Las leyes de Planeación federal y estatal dan origen a los Programas, que tienen vigencia durante el período administrativo estatal y municipal, lo que quiere decir que, concluidos éstos, pierden su vigencia.
Es obvio que cambiar todo cada tres o seis años desbarata cualquier planeación a futuro, así sea sobre alimentación, educación, salud, seguridad, y claro, el desarrollo urbano. En este tema, el último programa urbano aprobado fue el de 2017, y aquí me pregunto, si las tres administraciones municipales fueron del mismo partido, y las últimas dos de ellas del mismo alcalde, ¿por qué nunca se refrendó el programa de desarrollo urbano, y se le dio validez jurídica?
En pocas palabras, el programa urbano (Pmdum) de 2017 hoy no tiene validez jurídica, así que facilita la entrada al terreno de la especulación. Otro problema que se suma al anterior, es que las normas que propone el Inplam para el ordenamiento urbano, no siempre son bien vistas por la dirección de Desarrollo Urbano Municipal (DDUM), ente a quien se le solicita y otorga las licencias de uso del suelo, de construcción, y de terminación de obra; así que, si como persona física o moral te interesa realizar una inversión construyendo y en el Pmdum en la Carta Síntesis se indica que es factible, la DDU puede sacarse de la manga cualquier observación para negar o darle larga al tema, convirtiendo algo tan sencillo en un verdadero calvario. Esto sin sumarle los otros criterios e interpretaciones de otros entes municipales, estatales o federales, que aportan más problemas que soluciones.
Todo este drama nos lleva a preguntar: entonces ¿para qué sirve el Pmdum? y, en consecuencia, ¿para qué sirve el Inplam?
En los orígenes de la planeación en Yucatán (1976) y en Mérida (1980), en la DDUM se hacía el PDU, esto es, la misma dependencia que decía cómo se planeaba el crecimiento y si se cumplía con las normas, se otorgaban las respectivas licencias; había mayor congruencia entre lo planeado y lo autorizado, aunque también hay que reconocerlo, no faltaba quien se brincara las trancas, y de acuerdo con la infracción, se llegaba a los famosos arreglos, por no decirlo de otra manera.
En este último comentario, No podemos pasar por alto a los personajes físicos o morales, porque no puedo considerarlos ciudadanos, que ven solo por sus intereses, sin importarles el efecto que provocan con sus inversiones en el medio ambiente, movilidad, dotación de servicios, equipamiento, entre otras muchos temas que son de interés general en una ciudad, y es muy obvio que nuestra ciudad es hoy un caos en materia de movilidad, es una ciudad cara por la especulación en materia de terrenos y de viviendas que afectan a las zonas habitacionales unifamiliares por esa pésima interpretación de las densidades habitacionales y los coeficientes de ocupación del suelo, llegando desaparecer los necesarios alineamientos, que en sus inicios tenían una función ambiental.
En fin, hay que replantear muchas cosas, y nunca es tarde para definir qué queremos como ciudad, como municipio y como estado. En septiembre nuevos cuadros administrativos deberán administrar el territorio, pero también los ciudadanos, principales receptores de las decisiones a tomar, tenemos que entrarle al tema y ponernos las pilas como ciudadanos, empezando a desterrar actitudes ajenas al interés público, y hacerle ver a las autoridades que ellos son los que administran, con normas claras y congruentes, lo que es del interés público.— Mérida, Yucatán.
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Arquitecto, exfuncionario federal, estatal y municipal