En la presidencia de Carlos Salinas de Gortari se logró inscribir a nuestro país en un grupo de élite, algo así como un club de países ricos, por ocupar una posición que fluctúa alrededor del número 13 en el ranking económico mundial. Se llegó así a la OCDE.
Entre las obligaciones que se adquirieron está permitir la aplicación de pruebas estandarizadas para dar seguimiento al funcionamiento del sistema educativo. Vigilar su desarrollo y crear una cultura auténtica de la evaluación, su prioridad. Sin ésta ningún proceso es completo porque es necesaria la información para saber si se avanza, si se cumplen los proyectos y cómo en la política educativa del país, a partir de los datos que arroje, se permita tomar las decisiones adecuadas en tiempo y forma, para mejorar y no perjudicar a toda una generación o a varias.
Sin las respectivas evaluaciones todo plan y su proceso resultarán incompletos; sin una cultura de la evaluación se seguirá viviendo en los supuestos que nos llevan a las improvisaciones que tanto mal han hecho. Dejar de evaluar equivale a caminar con los ojos vendados.
La OCDE en su rama educativa nos ha permitido enterarnos de un rezago muy importante en nuestro sistema educativo y su funcionamiento, con una visión más amplia y mejor estructurada. Una de sus herramientas es la tan temida prueba PISA, que no es un examen tradicional de preguntas y respuestas, porque indaga procesos más profundos de la metacognición, la interpretación y la aplicación, aunque, desde luego, no es una panacea, pero sí nos lleva a un acercamiento más puntual de la realidad, antes más susceptible a la demagogia.
En el informe de 2023 se encontró que, de 37 países evaluados, el nuestro ocupó el lugar 35, con el puntaje de 407, menor que la media entre los participantes, que fue de 478. La puntuación obtenida por la educación mexicana refleja una constante con muy ligeras variantes desde que se participa. No es para fatalismos, pero tampoco nada halagüeño, porque demuestran que poco o casi nada se hizo para abatirlos. Se deja correr el mal. Las dos últimas titulares de Educación Pública pasaron de noche por esa trascendental dependencia.
Esos datos deben servir para el diseño de las acciones para derribar el problema que ya lleva años y que ningún gobierno atendió con la seriedad puntual para sacar de ese marasmo a generaciones de mexicanos en formación que requieren de una educación de verdadera calidad.
Lo único que se hace desde el oficialismo es satanizar a la institución aplicante por ser un instrumento del tan selectivo odio al neoliberalismo en este sexenio. Es selectivo porque en el caso de los pagos con UMAs a los jubilados del gobierno federal no importa el origen de la doctrina económica que los sustenta. Desde el gobierno de Peña Nieto se deshicieron del referente de los salarios mínimos, que eran más redituables para quienes concluyeron su ciclo laboral, y lo que se deja de pagar es una plusvalía para el gobierno actual y lo utiliza para financiar sus suntuosas obras insignias o para ese barril sin fondo llamado Pemex.
Para AMLO todos los parámetros de la prueba PISA se crearon durante el apogeo de la era neoliberal en nuestro país y, por tanto, debe dejar de aplicarse, aun cuando los últimos resultados indican que nuestros estudiantes de primarias y secundarias obtuvieron solo el 34% en matemáticas y el 54% en lecturas de comprensión. Hay deficiencias graves en esos elementos fundamentales para una vida con desarrollo humano sustentable y nos dicen que nuestro sistema educativo no está participando en forma eficiente para abatirlo.
Ante tal situación se opta por una medida irresponsable: No aportar la cuota mexicana para su aplicación de la prueba. No se evaluaría a la educación mexicana por organismos ajenos al gobierno, algo así como la procrastinación que se critica a los estudiantes que dejan pasar lo importante para realizar solo lo que les gusta o el Síndrome del Avestruz, al ignorar las tareas y problemas que requieren inmediata atención con acciones pertinentes pero no saben qué paso por su incapacidad o por el simple hecho pueril de no querer hacerlo.
Cholyn Garza en un artículo publicado en el Diario el domingo 21 de julio, “Buena Noticia en Educación”, dice que el Poder Judicial de la Federación ordenó a la SEP realizar todos los trámites y gestiones para garantizar la aplicación de la prueba PISA en 2025. Fue gracias a un organismo de la sociedad civil que solicitó y obtuvo el amparo, su nombre: Educación con Rumbo.
Otra muestra de la importancia de la autonomía del Poder Judicial, tan amenazado por el gobierno de un solo hombre, un dictador en ciernes al que el tiempo y los organismos ciudadanos, junto con los poderes libres e independientes del Estado han impedido ejecutar su obcecada visión contra las instituciones que no sirven a sus empeños.
Nuevamente la importancia del Espíritu de las Leyes de Montesquieu. Hay que leer ese clásico de la división de poderes.— Espita, Yucatán.
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Maestro de Políticas Educativas y cronista