Guillermo Fournier Ramos (*)
La desigualdad no es un mero concepto económico, sino que lastima a la sociedad de maneras reales y tangibles. Más allá de un término en boga, la desigualdad socioeconómica es la raíz de muchos de los males que afectan a los países.
Pensemos en la época en que las mujeres tenían restringido el acceso a la educación, al empleo y a ocupar posiciones de liderazgo. Esta discriminación no solo era injusta en sí misma y, por tanto, inaceptable; también implicaba excluir de la participación productiva a la mitad de la población.
En muchas de las naciones latinoamericanas —aunque igualmente en otras latitudes— el porcentaje de los habitantes en pobreza es altamente elevado, llegando a representar la mitad de la gente, o incluso más.
Si buena parte de las personas viven en situación precaria, con ingresos miserables y prácticamente nulas oportunidades, la economía en su conjunto lo resiente y, a la par, el desarrollo se limita considerablemente.
La pobreza no solo perjudica a quien la padece; en cambio, el potencial del talento se reduce, lo cual impacta a la sociedad en colectivo.
¿Cómo puede un niño que crece en condiciones paupérrimas convertirse en el médico que descubra la cura contra alguna enfermedad terrible, si ni siquiera hay escuela en su pueblo, ni es capaz de alimentarse tres veces al día?
En el mismo orden de ideas, ninguna economía consigue crecer a niveles óptimos si no saca a la población vulnerable de la pobreza. Dentro de la lógica de los mercados de consumo, es necesario que haya tanto oferta como demanda.
Una población con mejores ingresos generalizados, naturalmente, genera mayor actividad comercial, detonando el crecimiento; lo anterior se traduce en más empleos y más derrama económica.
En otras palabras, todos ganan cuando hay menos personas en situación de pobreza, aun bajo una óptica exclusiva de economía de mercado.
Por tanto, ya sea que analicemos la desigualdad como un problema moral o un problema pragmático, a todas luces podemos concluir que se trata de una asignatura pendiente que debemos resolver con urgencia.
Entonces, es absurdo continuar justificando la desigualdad económica y social con argumentos como la ley del más fuerte darwiniana, o la premisa de que, si a los ricos les va bien, a todos les irá bien eventualmente.
Hay que hallar soluciones para poner fin a la pobreza y a la desigualdad. Un primer paso es brindarles apoyo a los sectores de la población más vulnerables, como las comunidades indígenas, los adultos mayores, y las personas con discapacidad.
Sin embargo, claro está que el subsidio no es suficiente para lograr que la totalidad de la gente en una sociedad viva de forma plena y próspera. Hace falta apostar más por la educación, por servicios públicos de calidad, y derechos humanos como la salud y la educación.
No es una tarea imposible: hay ejemplos de economías que lograron salir adelante con buenas prácticas, cuyos modelos de desarrollo pueden servir de inspiración en algunos aspectos; veamos a Suecia, Corea del Sur y Singapur.
Pero combatir la desigualdad solo será factible si advertimos que este es un fenómeno que tiene efecto —directo o indirecto— en las vidas de todas las personas, y no únicamente de la gente marginada.
Debemos aspirar a ser una sociedad mucho más incluyente, justa y próspera. Ello pasa por la empatía, la generosidad y la solidaridad. No podemos resignarnos a que las cosas se mantengan como están ahora, presos de la inercia y la indiferencia.
Es deseable compartir una visión de futuro donde cada persona tenga el derecho y la posibilidad real de llevar una vida digna, independientemente de su origen, religión, género o raza.
El humanismo del siglo XXI exige poner como prioridad el tema de la desigualdad económica y social, para ser efectivo.— Mérida, Yucatán.
fournier1993@hotmail.com
Licenciado en Derecho, maestro en Administración